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Juan Jesús Vivas ha declarado este miércoles, 30 de septiembre, como testigo ante la Audiencia Nacional que intentó contactar hasta diez veces con Pedro Sánchez antes de las llegadas de migrantes a Ceuta de los días 30 y 31 de julio. El presidente ceutí, del PP, sostiene que quería trasladar al Gobierno la urgencia de la situación y pedir una respuesta.
La jueza María Tardón investiga qué información tenían las autoridades y qué medidas adoptaron. Las diligencias buscan reconstruir los avisos previos y la respuesta de las administraciones ante las llegadas. No constan precisiones sobre el origen de la causa ni sobre los posibles delitos que se investigan. Vivas ha comparecido como testigo.
Los contactos con Presidencia
Según la cronología del relato de Vivas publicada por El País, los intentos de comunicación se produjeron los días 27, 28 y 29 de julio, mediante llamadas y mensajes. El presidente ceutí sostuvo que no logró hablar con Sánchez durante esos tres días.
Tras declarar, Vivas explicó a los periodistas que recibió tres respuestas del gabinete de Presidencia. En las declaraciones recogidas por EFE, las atribuyó a su director, Diego Rubio. Según su versión, las dos primeras indicaban que se estaba trabajando con los ministerios; la tercera remitía las comunicaciones a la Delegación del Gobierno.
No consta una posición específica de Presidencia sobre los intentos de contacto relatados por Vivas ni sobre las contestaciones que atribuye al gabinete. La versión de fuentes del Ejecutivo y de Interior publicada por El País se refiere a las solicitudes de refuerzos y a su atención antes de las llegadas.
Vivas también explicó qué información manejaba su Gobierno. Según EFE, afirmó que no tenía contacto con los servicios de inteligencia y que disponía de menos información que el Ejecutivo central. A su juicio, el aumento de llegadas aconsejaba adoptar medidas preventivas, aunque dijo que no preveía la magnitud que alcanzaría el episodio.
Las peticiones de refuerzos
Las comunicaciones previas también incluyeron solicitudes de medios policiales. Según El País, la Delegación del Gobierno remitió el 24 de julio al Ministerio de Política Territorial una petición de medidas de refuerzo.
Fuentes del Ejecutivo y de Interior citadas por ese periódico sostienen que atendieron los requerimientos y aumentaron los efectivos policiales antes del 30 de julio. Vivas afirmó que no se habían adoptado medidas relevantes y que el refuerzo no había sido significativo, según la crónica de su declaración publicada por El País.
Miguel Ángel Pérez Triano defendió su gestión al anunciar su dimisión como delegado del Gobierno el 28 de septiembre. Según Europa Press, sostuvo que había avisado al Ejecutivo central semanas antes. También reivindicó las comunicaciones enviadas y las solicitudes de refuerzos anteriores a la crisis.
Las versiones sobre la comunicación del CNI
Además de las solicitudes de medios, la investigación aborda cómo se transmitió la información dentro de la Delegación. Pérez Triano negó haber conocido los mensajes de WhatsApp y la conversación entre su entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, y el CNI del 29 de julio.
En su comparecencia del 9 de septiembre, recogida por Radio Televisión Ceuta, Pérez Triano describió el contacto como un intercambio de información. Sostuvo que el mensaje de WhatsApp no era un informe ni una alerta formal.
Sanz mantuvo una versión distinta. Al dimitir, afirmó que había trasladado a Pérez Triano la información del CNI aquel mismo 29 de julio, según RTVE y EFE. La discrepancia sigue pendiente de esclarecimiento judicial. Sanz está citado como testigo para el 1 de octubre.
Los documentos y testimonios solicitados
Para reconstruir esas comunicaciones y las respuestas administrativas, Tardón ha pedido documentación a organismos policiales y militares. Según Servimedia, el requerimiento incluye alertas, análisis de riesgos, informes, órdenes de servicio y correos electrónicos emitidos entre el 20 de julio y el 7 de agosto. El periodo abarca días anteriores y posteriores a las llegadas.
Para cada aviso, la jueza pide identificar a los destinatarios, el canal utilizado y la fecha y hora de transmisión, además de las medidas adoptadas en respuesta. Tardón considera prioritarios los testimonios para conocer directamente la información y las previsiones anteriores a los hechos. El jefe de la Policía Local también está citado como testigo para el 1 de octubre.
El debate político sobre los retornos
En el Senado, la controversia ha incluido el retorno de los migrantes. Según Europa Press, la portavoz del PP, Alicia García, reclamó al Gobierno una fecha para esos retornos. El vicepresidente Carlos Cuerpo respondió que las propuestas eran inviables o podían vulnerar la ley y pidió colaboración institucional.
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