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Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente sobre presuntos abusos de militares contra personas migrantes en Ceuta. La organización afirma haber reunido 22 testimonios directos y sostiene que algunos de los episodios denunciados podrían constituir tortura. Reclama una investigación «pronta, imparcial, independiente y exhaustiva».
La solicitud, difundida por Cadena SER el 29 de septiembre, llega después de que el Gobierno anunciara una investigación interna por denuncias anteriores. Defensa aseguró a la emisora que llevaba días investigando las denuncias generales y que no tenía constancia de agresiones ilegales.
La petición afecta a las actuaciones de militares que patrullan Ceuta y plantea la obligación de investigar posibles casos de tortura. La Convención contra la Tortura, ratificada por España, exige una investigación pronta e imparcial cuando existan motivos razonables para creer que se ha cometido.
Los testimonios reunidos por Amnistía
La organización afirma que visitó Ceuta del 10 al 15 de septiembre y entrevistó a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo. Durante ese trabajo, según explica, reunió los 22 testimonios directos sobre presuntos abusos atribuidos a militares. La cifra corresponde a los testimonios que la ONG dice haber recopilado.
Según Amnistía, los entrevistados denunciaron presuntas palizas, acoso, humillaciones y robos, además de la confiscación o rotura de teléfonos. También relataron presuntas amenazas para que abandonaran la ciudad e impedimentos para dormir por la noche o desplazarse durante el día. La organización recoge, además, denuncias de presuntos actos vejatorios contra mujeres.
La ONG asegura que fotografió lesiones que considera compatibles con golpes de defensas rígidas y que observó marcas de bridas en dos entrevistados. También afirma haber tenido acceso a vídeos que, a su juicio, respaldan algunos relatos de presuntas agresiones nocturnas y del uso de espray irritante.
Amnistía basa su petición de investigación en esos testimonios y en la documentación que dice haber reunido. La advertencia de que algunos episodios podrían constituir tortura es una valoración de la organización, expresada de forma condicional.
Una investigación interna anunciada antes de la petición
Las denuncias sobre presuntas agresiones de militares habían llegado a la prensa antes de que se difundieran las conclusiones de Amnistía. En septiembre, elDiario.es publicó testimonios de una veintena de migrantes que atribuían a militares presuntas palizas y vejaciones. El reportaje describía lesiones, visitas a urgencias y teléfonos dañados.
El Gobierno anunció el 17 de septiembre una investigación interna para esclarecer esas denuncias, según informaron RTVE y elDiario.es. El anuncio se produjo dos días después de que terminara la visita de Amnistía a Ceuta y antes de que la SER difundiera la petición de la ONG el día 29.
Después de su primer reportaje, elDiario.es publicó vídeos que afirmó haber verificado. Según el análisis del medio, las imágenes mostraban a militares golpeando a migrantes en episodios de presuntas agresiones. La verificación anunciada por el diario se refería a las imágenes examinadas por sus periodistas.
La protección de los efectivos
Amnistía también reconoce la dificultad de la labor de las fuerzas armadas y policiales en Ceuta. Según la organización, más de 30 migrantes habían sido detenidos por presuntas agresiones a militares.
Las condiciones de los efectivos ya habían motivado una propuesta del PP en agosto. En una nota fechada el día 27, el partido defendió que los militares desplegados en Ceuta recibieran medios, órdenes claras y la condición de agentes de la autoridad. La propuesta se centraba en sus facultades y su protección jurídica.
El PP expresó esa posición antes de la visita de Amnistía, realizada en septiembre, y de la difusión de sus conclusiones. La respuesta de Defensa publicada por la SER el 29 de septiembre se refería a las denuncias generales: el Ministerio afirmó que las investigaba desde hacía días y que no tenía constancia de agresiones ilegales.
Qué exige la Convención contra la Tortura
El artículo 12 de la Convención, publicado en el BOE, obliga a las autoridades competentes a investigar de forma pronta e imparcial cuando haya motivos razonables para creer que se ha cometido tortura. Ese es el supuesto que activa la obligación prevista en el tratado.
Amnistía pide, además, que la investigación sea independiente y exhaustiva. Esos dos requisitos forman parte de su solicitud; el artículo 12 emplea los términos «pronta» e «imparcial». El Gobierno había anunciado una investigación interna sobre las denuncias anteriores. La ONG reclama una investigación independiente de los presuntos abusos que, según sostiene, ha documentado.
