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El Ministerio de Defensa ha anunciado este miércoles, 30 de septiembre, que ha acordado remitir a la Fiscalía y al juzgado de guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional sobre presuntos malos tratos atribuidos a militares contra personas migrantes. También ha instado al Mando de Operaciones a investigar posibles responsabilidades individuales. La decisión lleva las denuncias de la organización al mando militar y a las autoridades encargadas de examinar su posible alcance penal.
Un portavoz de Defensa, citado por El País, ha vinculado el encargo de investigar con la protección del buen hacer y el nombre de las Fuerzas Armadas. Según la respuesta del ministerio, uno de los objetivos de la investigación encomendada al Mando de Operaciones es esclarecer las posibles responsabilidades individuales.
Los testimonios y las lesiones que describe Amnistía
Amnistía afirma haber recogido 22 testimonios directos sobre presuntos malos tratos durante una visita a Ceuta del 10 al 15 de septiembre. Esas fechas corresponden a la visita de la organización y a la recogida de los relatos. La denuncia se refiere al trato que, según las personas entrevistadas por la ONG, habrían recibido de militares.
Según Amnistía, los testimonios atribuyen a militares presuntas palizas, humillaciones, acoso, sustracción de dinero y retirada o rotura de teléfonos. Al describir esas presuntas conductas, la organización señala en particular a miembros de unidades de Regulares y de la Legión. Tanto el relato de los hechos denunciados como el señalamiento de esas unidades proceden de la ONG.
Amnistía también dice haber observado lesiones que considera compatibles con golpes de porra y marcas de sujeción en las muñecas. Es la organización la que atribuye ese posible origen a las lesiones y lo recoge en su denuncia sobre el trato a las personas migrantes.
La ONG sostiene que algunas de las conductas denunciadas podrían constituir tortura y que los relatos parecen responder a un patrón. Ambas valoraciones sobre los presuntos abusos son de Amnistía. La organización basa su denuncia en los testimonios recogidos y en las lesiones que sus enviados afirman haber observado durante la misión.
Durante la visita, la delegación también se reunió con la Fiscalía y con representantes del Gobierno de Ceuta, según El País. Amnistía reconoce las dificultades del trabajo de los militares y de las fuerzas de seguridad en la ciudad y recuerda su obligación de actuar conforme a la ley y respetar los derechos de todas las personas.
El traslado anunciado y las facultades de la Fiscalía
Defensa ha anunciado el traslado del informe a la Fiscalía y al juzgado de guardia, además del encargo al Mando de Operaciones. El anuncio se refiere a esas actuaciones. Las decisiones que pueda adoptar cada autoridad deberán ajustarse a sus competencias y al procedimiento correspondiente.
El artículo 5 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía regula la recepción de denuncias. Permite a la Fiscalía remitirlas a la autoridad judicial o archivarlas cuando no encuentre fundamento para ejercitar acciones. También la faculta para practicar las diligencias que tenga legalmente habilitadas para comprobar los hechos. La ley prevé, por tanto, tanto el traslado como el archivo, y su aplicación depende del examen de la denuncia.
En el ámbito judicial, el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal define el sumario como las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y averiguar los delitos, sus circunstancias y la culpabilidad de sus autores. Ese marco permite realizar comprobaciones para esclarecer los presuntos hechos e identificar a sus posibles participantes.
Las garantías para las personas implicadas
La investigación de posibles responsabilidades también debe respetar los derechos de defensa. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a la persona a quien se atribuya un hecho punible el derecho de defensa desde que se le comunica la existencia del procedimiento. Este derecho incluye conocer los hechos atribuidos, disponer de abogado y examinar las actuaciones en los términos legales.
La nacionalidad y la situación administrativa de las víctimas no las excluyen de la protección legal. El Estatuto de la Víctima del Delito se aplica a las víctimas de delitos cometidos o perseguibles en España con independencia de su nacionalidad y de que tengan residencia legal.
Esa norma contempla la protección de su seguridad, intimidad y dignidad. También prevé una evaluación individual de las necesidades de protección y garantías específicas para menores, conforme a los supuestos y procedimientos establecidos por la ley.
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