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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a la magistrada Beatriz Biedma como perjudicada y acusación particular en una causa por, al menos, un presunto delito de calumnia. La decisión le permite intervenir en el procedimiento tras denunciar actuaciones que, según ella, buscaban desacreditarla y perturbar una investigación que instruía en Badajoz. Pedraz ha rechazado por ahora una de las diligencias que solicitó: investigar el significado de una anotación de agenda que vinculó con esas actuaciones.
EL PAÍS, RTVE y EFE informaron de ambas decisiones el 28 de septiembre de 2026. Según sus noticias, el reconocimiento de Biedma como posible perjudicada queda sujeto al resultado de las indagaciones. Su admisión en la causa no acredita las conductas denunciadas ni determina quién sería responsable de ellas.
Las decisiones responden a dos peticiones distintas de la magistrada: participar como acusación particular y abrir una línea específica de investigación sobre el apunte. Pedraz ha aceptado la primera, pero considera que los informes de la causa no aportan datos que justifiquen la segunda.
La relación que Biedma alega con su trabajo judicial
Biedma había instruido en Badajoz un procedimiento en el que investigó a un hombre, D. S. En su solicitud ante Pedraz, relacionó presuntas actuaciones contra ella con su labor como instructora. Alegó esa conexión para fundamentar su petición de personarse en la causa de la Audiencia Nacional.
Según el contenido del escrito reproducido por RTVE y EL PAÍS, la jueza sostuvo que se habría buscado información sobre ella y su entorno para desacreditarla en los ámbitos público y profesional. También alegó que se habrían promovido denuncias y quejas contra ella y que se habría intentado apartarla de procedimientos judiciales.
La magistrada sostuvo que esas presuntas actuaciones buscaban interferir en la investigación que instruía. Al solicitar su personación, expuso perjuicios tanto para su reputación como para el ejercicio de su función judicial. La relación entre ambos forma parte de los motivos por los que se considera perjudicada.
RTVE informó además de que Biedma invocó un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Según la interpretación que la magistrada expuso en su escrito, ese documento la señalaba como objetivo de una línea de actuación investigada. Con esa referencia apoyó también su solicitud.
Las noticias de EL PAÍS y RTVE del 28 de septiembre no incluyen la respuesta de las personas investigadas a esas alegaciones concretas. La resolución descrita por ambos medios tampoco establece como probadas las conductas que la magistrada les atribuye.
Por qué se rechaza la diligencia sobre la agenda
La petición que Pedraz ha rechazado se centraba en una anotación fechada el 25 de marzo de 2025, en una agenda atribuida a una mujer investigada. EL PAÍS, RTVE y EFE coinciden en que el apunte contenía una referencia a una «jueza de Badajoz».
Biedma pidió aclarar su significado y alcance, así como su posible relación con las actuaciones que denunciaba. En su solicitud planteó también una conexión con posibles contactos con otras personas. Esa relación era una hipótesis de la magistrada al pedir la diligencia. Según el razonamiento judicial publicado, los informes de la causa no aportaban datos que la estableciesen.
Pedraz rechazó por el momento abrir esa investigación específica. Según la explicación de la resolución recogida por los tres medios, los informes no contenían información sobre el apunte ni otros datos que le diesen relevancia dentro de la causa. EFE señala que el juez asumió en este punto la posición de la Fiscalía.
El rechazo se basa en la falta de datos en esos informes para acordar la diligencia solicitada. La resolución no se pronuncia sobre el sentido de la anotación. Tampoco resuelve el conjunto de las alegaciones de Biedma: la petición sobre la agenda era una actuación concreta dentro de su solicitud de personación.
La comparecencia como perjudicada
Biedma está citada para declarar ante Pedraz como perjudicada el 8 de octubre de 2026. En la comparecencia podrá exponer los hechos en los que basa su solicitud, mientras continúan las indagaciones. Su condición de acusación particular le permite intervenir en el procedimiento y sostener sus alegaciones. El alcance de los presuntos hechos denunciados sigue pendiente de la investigación.
