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El Tribunal Constitucional admitió el recurso de amparo de Dolors Bassa contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la Ley de Amnistía por malversación. El recurso plantea, entre otras cuestiones, si la interpretación de la excepción sobre el beneficio personal patrimonial respetó sus derechos. EL PAÍS y elDiario.es informan de que una ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, propone estimarlo. Según ambos medios, el pleno estudiaría la propuesta el 6 de octubre. Es una propuesta atribuida a la ponencia, no una decisión del tribunal.
La controversia gira en torno al alcance de una excepción de la ley. El Supremo denegó la amnistía a Bassa. Las informaciones sobre el borrador describen un desacuerdo sobre si el uso de fondos públicos para financiar actuaciones del proceso independentista puede considerarse un beneficio personal de carácter patrimonial. El pleno aún debe resolver el amparo; su decisión sobre el recurso de Bassa no resuelve por sí misma otros procedimientos.
Qué se discute en el recurso
La nota del Constitucional sobre la admisión del amparo identifica los autos del Supremo que rechazaron aplicar la amnistía a la malversación de Bassa. También recoge los derechos cuya vulneración alegaron los recurrentes: la legalidad penal y el derecho a la representación y participación política. El Constitucional aún debe resolver el recurso. La nota oficial acredita su admisión y su objeto, pero no el contenido de la ponencia que los medios atribuyen a Conde-Pumpido.
La Ley de Amnistía establece condiciones para los actos de malversación comprendidos en su ámbito y excluye los realizados con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. La norma contempla otras condiciones y exclusiones. Según las decisiones judiciales y las informaciones sobre el borrador, el debate sobre Bassa se centra en cómo se aplica ese límite.
El Supremo entendió que destinar fondos públicos a financiar el referéndum y otras actuaciones produjo un beneficio patrimonial para los condenados, al evitar que pagaran esos gastos con dinero propio. Esa es la interpretación que recoge la resolución judicial, que no acredita por sí sola que hubiera un enriquecimiento personal. EL PAÍS y elDiario.es atribuyen a la ponencia la objeción de que esa lectura amplía el concepto de beneficio patrimonial al ahorro de gastos, aunque no exista apropiación o provecho personal.
La ley vincula la excepción al propósito de obtener un beneficio personal. Según los dos medios, la ponencia sostiene que el Supremo equiparó ese propósito con la financiación pública de gastos relacionados con el proceso. El borrador cuestionaría así la aplicación de la excepción en el caso de Bassa. El pleno aún no ha hecho suyo ese razonamiento y el documento no se ha publicado oficialmente en el material consultado.
Las informaciones periodísticas atribuyen además a la ponencia un reproche de incoherencia entre la sentencia del Supremo de 2019 y resoluciones posteriores sobre la amnistía. Ese argumento forma parte de la propuesta descrita por los medios, no de una conclusión adoptada por el Constitucional. La nota oficial confirma qué derechos se alegaron en el amparo, pero no respalda ese detalle del razonamiento de Conde-Pumpido.
Según las mismas informaciones, la ponencia propone estimar el amparo y que el Supremo aplique la amnistía a la malversación de Bassa. La nota oficial del Constitucional no precisa el alcance de la nueva resolución que tendría que dictar el Supremo. La ponencia mantiene el asunto en fase de deliberación: una propuesta individual no modifica la resolución recurrida ni sustituye la decisión del pleno.
Lo que está pendiente y los otros procedimientos
El Supremo denegó la amnistía a Bassa en autos de 2024. La resolución de julio mantuvo la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta de doce años. Las fuentes citadas no ofrecen una actualización posterior de la situación de esa pena, por lo que no cabe afirmar aquí cuál es su estado actual. El recurso admitido por el Constitucional se dirige contra la negativa a aplicar la ley, pero su admisión no equivale a conceder el amparo.
En septiembre de 2026, RTVE informó de que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, rechazó aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y mantuvo la orden nacional de detención. Según esa información, la resolución europea sobre la amnistía no resolvía por sí sola la aplicación de la ley a ese procedimiento. El asunto de Puigdemont se tramita ante el Supremo en una causa distinta: el recurso de Bassa no decide directamente su situación. No se incluyen aquí conclusiones sobre el efecto de la sentencia europea en otros aspectos, porque el comunicado del Tribunal de Justicia de la UE citado en el informe no respalda el detalle de la interpretación sobre la renta nacional.
Los medios sitúan también en el pleno de octubre una nueva propuesta sobre Jordi Turull. EL PAÍS y elDiario.es informaron de que el Constitucional había rechazado una ponencia contraria a amnistiarlo y encargado otra acorde con el criterio mayoritario; RTVE situó la decisión sobre Turull el 6 de octubre. Esa secuencia describe propuestas pendientes, no una sentencia definitiva sobre su caso.
La cuestión inmediata para Bassa es si el pleno acepta el criterio que los medios atribuyen a Conde-Pumpido sobre el beneficio patrimonial. Si concede el amparo en los términos descritos por esas informaciones, el Supremo tendría que resolver de nuevo aplicando la amnistía, según la propuesta. Hasta que el Constitucional decida, seguirá pendiente el recurso contra la negativa del Supremo. El pleno resolverá ese recurso, y su decisión no anticipa por sí misma el desenlace de las causas de Puigdemont, Comín u otros procesados.
