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El Congreso rechazó el viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno. El primero obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra; el segundo, 166 a favor y 184 en contra. La derrota no obliga por sí sola a convocar elecciones ni a cesar al Gobierno. Según informó EFE el domingo, Pedro Sánchez mantenía contactos con ministros y dirigentes del PSOE para decidir si adelantaba los comicios o agotaba la legislatura.
Los recuentos muestran el resultado de cada votación, pero no indican qué mayoría respaldaría otra iniciativa. PP, Vox y Junts votaron contra ambos decretos. En la segunda votación también se opusieron el PNV y Coalición Canaria. Según EFE, apoyaron el primer texto PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y Coalición Canaria. El voto distinto de esta última formación en la segunda votación muestra que los apoyos no fueron iguales en ambos casos.
La decisión electoral y sus límites
La Constitución permite al presidente del Gobierno proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, previa deliberación del Consejo de Ministros. El decreto de disolución fija la fecha electoral. La propuesta no puede presentarse mientras se tramita una moción de censura. Dentro de esos límites, la iniciativa corresponde al presidente.
La ley electoral establece que, en una disolución anticipada, el decreto se publica al día siguiente de su expedición y las elecciones se celebran el día 54 posterior a la convocatoria. Si Sánchez decidiera disolver las Cortes el lunes y el decreto se publicara el martes, las elecciones podrían celebrarse el 29 de noviembre. El cálculo depende de esas fechas; no se ha anunciado una convocatoria.
El rechazo de los decretos tampoco obliga al presidente a dimitir ni al Gobierno a cesar. La Constitución prevé el cese, entre otros supuestos, cuando prospera una moción de censura, el presidente pierde una cuestión de confianza o dimite. Una derrota en una votación ordinaria no está entre esas causas. El Ejecutivo puede continuar la legislatura, aunque necesitará reunir los votos necesarios en el Congreso para aprobar futuras iniciativas.
La decisión sobre las elecciones y la negociación de nuevas medidas están relacionadas políticamente, pero siguen procedimientos distintos. La votación no activa el calendario electoral: una eventual disolución dependería de la iniciativa presidencial y de los requisitos constitucionales y legales.
Junts propone otro texto; el PSOE dice que ya incorporó medidas
Tras el rechazo, Junts pidió retirar los decretos y negociar una nueva propuesta con el PSOE. El partido entregó al Gobierno un borrador alternativo y sostuvo que las medidas rechazadas podían reducir la oferta de vivienda y perjudicar a propietarios e inquilinos. Esa es la postura de Junts sobre los posibles efectos de los textos.
La portavoz socialista Montse Mínguez afirmó que el PSOE estaba dispuesto a negociar y sostuvo que la mayoría de las propuestas de Junts ya figuraba en uno de los decretos. Su respuesta se refiere a la presencia de esas propuestas en el texto; por sí sola, no acredita los efectos sobre la oferta de vivienda que Junts pronostica. Las declaraciones de ambos partidos dejan abierta la negociación sobre el contenido de una posible nueva iniciativa.
Junts votó contra los dos decretos, junto con otros grupos. El recuento tampoco permite saber qué apoyos obtendría otro texto: los resultados corresponden a esas dos votaciones y a esas propuestas. El Gobierno tendría que negociar cualquier nueva iniciativa y reunir los votos suficientes para aprobarla.
Los partidos fijan posiciones ante las urnas
El PP reclama elecciones. Su secretario general, Miguel Tellado, pidió el domingo a Sánchez que convocara los comicios. Alberto Núñez Feijóo también había defendido, tras el rechazo de los decretos, que el presidente fijara una fecha electoral. Esas peticiones expresan la posición del PP, pero no cambian el procedimiento de disolución.
Yolanda Díaz dijo que la decisión corresponde a Sánchez y que la izquierda estaba preparada para acudir a las urnas. EFE informó además de que algunos miembros socialistas del Gobierno y del PSOE animaban al presidente a adelantar las elecciones. Son posiciones dentro de los partidos; según la información publicada por EFE el domingo, el presidente aún debía decidir.
La líder de Podemos, Ione Belarra, pidió al Ejecutivo otro decreto de vivienda y sostuvo que la ciudadanía quería soluciones antes que elecciones. Esa frase es una valoración política, no un dato de opinión pública. El rechazo de los dos textos deja al Gobierno ante dos opciones: mantener la legislatura y buscar apoyos parlamentarios para nuevas iniciativas, o proponer la disolución de las Cortes y activar el procedimiento previsto en la Constitución y la ley electoral.
