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Los votos anunciados por Junts y el PP dejan en duda la convalidación de los dos decretos de vivienda que el Congreso vota este viernes. El PNV apoyará uno y rechazará el otro. Los textos regulan materias distintas: uno reúne medidas sobre desahucios, alquileres y compraventa; el otro modifica la renovación de los contratos de vivienda habitual. Cada votación decidirá si se convalida el decreto correspondiente.
Dos textos con efectos distintos
El Pleno, convocado para las 11.00, debe decidir si convalida o deroga los reales decretos leyes 26/2026 y 27/2026. El primero entró en vigor el 1 de octubre, según el BOE. La información previa a la sesión no adelanta el resultado de la votación del viernes.
El decreto 26/2026 permite suspender hasta el 31 de diciembre de 2030 determinados desahucios de personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional. La suspensión está sujeta a requisitos y depende, entre otros factores, de quién reclame. En ciertos casos, el tribunal debe suspender el procedimiento si se cumplen las condiciones previstas. No se aplica a todos los lanzamientos y la norma establece excepciones, también para algunos pequeños propietarios vulnerables.
El texto prevé que, en determinados impagos, la Administración competente pague las cantidades debidas si no ofrece otra vivienda. La Administración General del Estado compensaría a las comunidades autónomas por el coste, de acuerdo con las condiciones fijadas en el decreto.
También permite que ciertos inquilinos de vivienda habitual pidan una prórroga extraordinaria anual de hasta dos años cuando se agote el plazo del contrato. Para solicitarla deben haber pagado puntualmente durante los ocho meses anteriores y estar al corriente del alquiler. La prórroga es obligatoria salvo las excepciones previstas en la norma, entre ellas la ocupación de la vivienda para uso propio o familiar en los términos que establece el decreto.
El primer texto limita determinadas actualizaciones de rentas y regula los alquileres temporales y de habitaciones. También incluye incentivos fiscales para arrendadores y deducciones para algunos inquilinos, sujetos a requisitos concretos. Además, restringe hasta finales de 2028 ciertas adquisiciones de viviendas por entidades cuando el precio sea inferior al 70% del valor de tasación. La norma prevé excepciones, entre ellas algunos usos sociales o asequibles; no establece una prohibición general de compra para los fondos.
Renovación de contratos
El decreto 27/2026 modifica la prórroga de los alquileres de vivienda habitual una vez cumplido el plazo mínimo legal: cinco años, o siete si el arrendador es una persona jurídica. Si ninguna de las partes comunica válidamente que no quiere renovar, el contrato se prorrogaría por periodos sucesivos de cinco o siete años, según corresponda.
El propietario tendría que avisar con seis meses de antelación si no desea la renovación. Como regla general, el decreto establece una indemnización al inquilino de al menos doce mensualidades de la renta de una vivienda de características análogas. También contempla excepciones, como la necesidad acreditada de ocupar la vivienda para uso propio o familiar.
Si uno de los decretos no se convalida, queda por determinar qué ocurre con los efectos producidos mientras estuvo vigente. Un análisis doctrinal publicado en Revista de Derecho Público: Teoría y Método recoge interpretaciones distintas: que el rechazo produzca efectos desde ese momento o que alcance también a efectos anteriores. La situación de cada contrato puede depender de sus fechas y de las comunicaciones aplicables.
Los apoyos antes de la votación
El Gobierno defiende que los decretos protegen a los hogares y a los pequeños propietarios y buscan frenar la especulación. También sostiene que ha negociado durante meses y mantiene los textos para que los grupos parlamentarios fijen su posición en el Congreso.
Junts pidió retirar ambos decretos y redactar otro texto. La formación sostiene que algunas medidas podrían reducir la oferta de alquiler y elevar los precios; esa es una previsión del partido. Su dirección anunció el jueves por la noche que votaría contra los dos textos.
El PNV anunció un apoyo crítico al primer decreto. Considera que protege a personas vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios, aunque lo juzga insuficiente. Rechazará el segundo porque, a su juicio, la renovación perjudicaría a esos arrendadores y reduciría la oferta. Coalición Canaria anunció el mismo reparto. Podemos respaldará ambos decretos; PP y Vox han anunciado su rechazo.
El PP cuestiona la compatibilidad entre los textos y propone aumentar la oferta con más suelo, menos trabas urbanísticas, seguridad jurídica e incentivos fiscales para jóvenes. Esas son las posiciones comunicadas antes de la votación. Las medidas que lleguen a aplicarse dependerán de qué decretos convalide el Congreso y de cómo afecte la decisión a las situaciones surgidas durante su vigencia.
