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El Gobierno mantiene los dos decretos ley de vivienda para la votación prevista en el Congreso, después de que Junts pidiera retirarlos y preparar otro texto. RTVE y Europa Press informan de que el partido anunció su voto en contra de ambos. El resultado de cada votación determinará si se convalida o deroga el decreto correspondiente; el Congreso no vota por separado cada una de sus medidas.
Los textos regulan materias distintas. El Real Decreto-ley 26/2026 reúne medidas sobre vivienda y alquiler. El Real Decreto-ley 27/2026 modifica las reglas de continuidad y renovación de los contratos de vivienda habitual. La votación estaba prevista para el viernes 2 de octubre, según RTVE y Europa Press.
Un decreto sobre alquileres, desahucios e impuestos
El Real Decreto-ley 26/2026 establece la suspensión temporal de determinados procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030. Se refiere a personas vulnerables que carecen de alternativa habitacional; los requisitos varían según quién presente la demanda. El texto contempla que la Administración competente informe de los recursos disponibles y los ofrezca. También prevé compensar a las comunidades autónomas por el coste de cumplir esa obligación.
Para algunos contratos de vivienda habitual vigentes, el decreto permite pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años, por anualidades. Entre sus requisitos figura haber pagado puntualmente el alquiler durante los ocho meses anteriores. Se mantienen las condiciones del contrato, con excepciones, como la necesidad acreditada del propietario de ocupar la vivienda.
La norma fija además reglas para ciertas actualizaciones anuales de la renta hasta finales de 2027. Si no hay acuerdo, la subida no puede superar el 2 %; si la renta excede el límite del sistema estatal de referencia, no procede incremento. La aplicación depende de las condiciones previstas en el propio decreto.
En los alquileres de temporada, el texto exige justificar la causa temporal. También limita la suma de las rentas por habitaciones para que no supere la del alquiler de la vivienda completa. Otra medida restringe temporalmente determinadas adquisiciones de vivienda por entidades inmobiliarias; se dirige a ciertos supuestos, no a toda compraventa.
El decreto incluye cambios tributarios con destinatarios y requisitos distintos. Establece una deducción estatal por alquiler para contribuyentes que no superen el umbral de renta fijado y reducciones del rendimiento del alquiler sujetas a condiciones, entre ellas algunos casos de rebaja de la renta. También fija un IVA del 4 % para determinadas viviendas protegidas permanentes, modifica el tratamiento tributario de alojamientos turísticos y crea financiación complementaria para la primera compra de vivienda habitual.
El Congreso se pronuncia sobre cada decreto como un conjunto: no vota cada medida por separado. Por eso, una eventual derogación se referiría al texto sometido a votación, que contiene cambios en varias áreas.
El segundo texto cambia la duración y el preaviso
El Real Decreto-ley 27/2026 modifica la renovación tácita de los contratos de vivienda habitual. Tras cinco años de contrato, o siete si el arrendador es una persona jurídica, si ninguna parte comunica a tiempo que quiere ponerle fin, se activan renovaciones sucesivas por periodos de cinco o siete años, respectivamente. El arrendador debe avisar con seis meses de antelación; el inquilino, con dos.
El texto contempla una indemnización mínima equivalente a doce mensualidades de una vivienda comparable en ciertos casos en que el propietario comunica que no prorrogará el contrato. La regla tiene excepciones, entre ellas la necesidad de destinar el inmueble a vivienda permanente propia o de determinados familiares.
Los dos decretos no incluyen una estimación conjunta del coste ni cuantifican cuánto variarían los precios o cuántas viviendas podrían salir del mercado. Esas consecuencias forman parte del debate político, pero no son resultados calculados en los textos legales.
Posiciones y apoyos antes del pleno
Junts sostiene que algunas medidas reducirían la oferta de alquiler, elevarían los precios y dificultarían el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos. RTVE informa de que el partido pidió retirar los decretos y presentar otro texto, y de que dijo que lo apoyaría si se cumplían sus condiciones. Son previsiones y una posición política, no efectos acreditados por las normas.
El Gobierno defiende, según RTVE, que las medidas facilitarían el acceso a la primera vivienda y frenarían desahucios sin perjudicar a los pequeños propietarios. Europa Press y RTVE informan de que el Ejecutivo rechazó retirar los decretos y decidió mantenerlos para la votación.
El PP también había anunciado que votaría en contra, según Europa Press y RTVE. Para el PNV y Coalición Canaria, RTVE informó de posiciones distintas ante los dos textos: disposición a apoyar el primero y rechazo anunciado al segundo. Son apoyos declarados antes del pleno, no el resultado de la votación. Con Junts en contra de ambos, la diferencia entre los apoyos anunciados a cada decreto quedaba pendiente de resolverse por separado en el Congreso.
