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El Consejo de Ministros aprobó el martes dos reales decretos ley de vivienda pactados por PSOE y Sumar. El Gobierno pidió al Congreso que convoque un pleno extraordinario el viernes para votar su convalidación. Los textos se votarán por separado. La aprobación del Consejo de Ministros no sustituye el trámite parlamentario. Junts y Podemos aún no habían aclarado su voto; el PP había anunciado que rechazaría las propuestas conocidas.
Las medidas sobre contratos, desahucios y alquileres van en un texto; la renovación automática, en otro. La ministra de Vivienda explicó que no habían tenido tiempo para trabajar esta última junto a los grupos. El Congreso tendrá que votar cada decreto por separado y el resultado de uno no resolverá la votación del otro.
Qué medidas incluye el primer texto
El decreto amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables que carezcan de alternativa habitacional. También prevé una prórroga obligatoria de dos años para los contratos de alquiler vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Una medida protege a hogares vulnerables sin otra vivienda; la otra se aplica a contratos que vencen dentro del plazo fijado.
El texto incluye medidas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones. La propuesta busca que esos contratos reciban, en determinados casos, protecciones propias del alquiler habitual. La información consultada sobre las medidas no detalla todas las condiciones para que un alquiler de temporada pase a considerarse residencia habitual. Su alcance dependerá de los supuestos previstos en la norma.
El límite anual del 2% para actualizar las rentas se aplicaría hasta el 31 de diciembre de 2027 a los contratos correspondientes. No cubriría todos los alquileres: los contratos con rentas superiores al índice citado no podrían subir. La fecha y esa distinción delimitan los arrendamientos afectados por el límite.
El paquete también restringe hasta 2028 determinadas compras de vivienda por grandes tenedores que sean personas jurídicas. Según la descripción de la medida, estos operadores no podrían ampliar su parque mediante nuevas adquisiciones. La restricción se refiere a esos operadores y esas compras; no prohíbe comprar a todos los compradores.
El Ejecutivo plantea bonificaciones fiscales para propietarios que mantengan o limiten las subidas del alquiler y ayudas para determinados inquilinos. Según la información sobre el diseño de las ayudas, estas se dirigen a inquilinos con ingresos de hasta 33.000 euros. El Gobierno también incluye una línea de crédito sin intereses para comprar una primera vivienda. Según la ministra, podría cubrir hasta el 20% del precio, con un máximo de 50.000 euros.
Vivienda calcula que las ayudas para reducir el esfuerzo del alquiler llegarían a 1,6 millones de hogares. Es una estimación del Ministerio sobre posibles beneficiarios, no una cifra de gasto público. La línea de crédito y las bonificaciones son medidas distintas, con otros posibles destinatarios y condiciones. El número de hogares, por sí solo, no indica su coste presupuestario.
La renovación automática, en otro decreto
El segundo texto plantea la renovación automática de los alquileres. La ministra dijo que incluiría salvaguardas, pero la explicación publicada no especificó cuáles ni en qué circunstancias podría oponerse el propietario. Sin esos detalles, queda por conocer el alcance práctico de la medida. Este decreto va separado del primero, que reúne las prórrogas de contratos y otras protecciones.
Los partidos aún no habían cerrado sus posiciones
Junts había reclamado más protección para los pequeños propietarios y que se frenaran los desahucios de viviendas en manos de fondos sin perjudicar a particulares. También había propuesto limitar las compras de grandes operadores. Esas demandas reflejan la posición del partido, pero no permiten afirmar que Junts hubiera formalizado en esos términos una condición de apoyo. Aún no había aclarado el sentido de su voto y había pedido tiempo para examinar los textos.
Podemos criticó la división de las medidas: su dirigente Ione Belarra calificó el reparto de «trampa» y pidió reunirlas en un solo texto. Irene Montero había reclamado impedir los desahucios sin alternativa habitacional y bajar los alquileres. El PP había anunciado que rechazaría las propuestas conocidas. Alberto Núñez Feijóo sostuvo que las medidas destruirían más el mercado. Esa es la posición del partido sobre el paquete, no un efecto demostrado de los decretos.
Sumar celebró el acuerdo, aunque reconoció que no había conseguido todas sus propuestas. Entre sus discrepancias estaban la división en dos textos y el modelo de bonificaciones. El Gobierno presentó el paquete como una respuesta para proteger frente a los desahucios y apoyar a los inquilinos. Esa defensa no despeja las objeciones de los partidos que aún no habían confirmado su voto.
El pleno extraordinario del viernes debía resolver dos votaciones independientes: la convalidación del decreto sobre contratos, desahucios y alquileres y la del decreto sobre renovación automática. Hasta entonces, Junts y Podemos no habían fijado públicamente su voto, mientras que el PP había anunciado que rechazaría las propuestas conocidas.
