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El Gobierno preveía llevar el martes 29 de septiembre al Consejo de Ministros un decreto de vivienda. El lunes seguía negociando el contenido con Sumar y no tenía asegurados los apoyos parlamentarios. El borrador planteaba prórrogas para algunos contratos de alquiler y protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables. Ninguna de esas medidas estaba aprobada: primero debía cerrarse el texto y, si el Consejo lo aprobaba, el Congreso tendría que convalidarlo.
Europa Press y RTVE informaron el lunes de que el Ejecutivo mantenía su propósito de aprobar la norma pese a las diferencias con sus socios. La negociación tenía un plazo inmediato, pero su desenlace seguía abierto: la decisión del Consejo y la votación parlamentaria eran pasos distintos.
Qué incluía el borrador
El borrador descrito por EL PAÍS y elDiario.es planteaba prórrogas anuales de hasta dos años para determinados contratos que vencieran antes de 2029. Según EL PAÍS, el plazo se aplicaría a contratos con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2028. La propuesta permitiría a algunos inquilinos solicitar más tiempo en la vivienda, aunque su aplicación dependería de las condiciones del texto definitivo. Aún no era un derecho aprobado.
El borrador también incluía una protección temporal frente a ciertos desahucios de personas vulnerables. EL PAÍS y elDiario.es describieron una suspensión hasta finales de 2028 para supuestos delimitados y con condiciones relacionadas con los propietarios. La medida no suponía una paralización general de los desahucios. Ambas coberturas señalaban que el alcance de la protección dependía de quién fuera el propietario y de las circunstancias del caso.
Ese alcance estaba en el centro de las diferencias con Junts. RTVE y elDiario.es recogieron que el partido defendía excluir a pequeños propietarios de la suspensión o establecer salvaguardas para ellos. El borrador contemplaba compensaciones públicas en determinados supuestos, según RTVE y elDiario.es, aunque sus condiciones también estaban sujetas a la negociación. La discusión se centraba en qué casos quedarían protegidos y qué respuesta recibirían los propietarios afectados.
EL PAÍS describió además una propuesta para limitar ciertas actualizaciones de renta al 2% si no había acuerdo entre arrendador e inquilino y la anualidad vencía dentro del periodo previsto en el borrador. El diario situó ese periodo entre la entrada en vigor de la norma y el 31 de diciembre de 2027. Esa cifra y sus condiciones aparecen en la información de EL PAÍS; elDiario.es no ofreció el mismo detalle. También en este caso se trataba de una propuesta, no de una regla vigente.
Las diferencias entre PSOE y Sumar
Sumar había planteado regular los alquileres de habitaciones, ampliar la protección frente a desahucios y establecer renovaciones automáticas, según RTVE y Europa Press. Las informaciones del lunes situaban esas cuestiones en la negociación. ElDiario.es señaló que el último borrador había dejado fuera la regulación de habitaciones y que Sumar intentaba recuperarla. Las posiciones y el texto podían cambiar durante las conversaciones.
La negociación incluía otras propuestas. Europa Press informó de que Sumar estaba dispuesto a negociar beneficios fiscales reclamados por Junts, aunque no detalló una fórmula cerrada. RTVE recogió que Podemos consideraba insuficientes las medidas y pedía cambios de mayor alcance. Eran posiciones expresadas por partidos durante la negociación; por sí solas no determinaban qué contenido llegaría al Consejo ni qué apoyos obtendría después.
Junts sostenía que el Gobierno se alejaba de lo pactado, según elDiario.es. El Ejecutivo pidió a los grupos que facilitaran la convalidación, informó RTVE. El PP criticó la política de vivienda del Gobierno y pidió aplicar sus propias propuestas, también según RTVE. Esa crítica no equivalía a un compromiso de respaldar el decreto.
El trámite pendiente en el Congreso
La aprobación por el Consejo de Ministros no bastaría para que el decreto-ley siguiera en vigor. El Congreso debe votar su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, según el Reglamento de la Cámara. RTVE también explicó ese trámite. Si el Congreso lo convalida, la norma continúa vigente; si la deroga, deja de estarlo.
Al cierre de las informaciones del lunes, el texto definitivo aún no estaba cerrado y varios socios seguían sin comprometer su apoyo, según Europa Press y RTVE. El Gobierno intentaría aprobar el decreto en el Consejo y después tendría que reunir una mayoría en el Congreso. Hasta conocer la redacción aprobada y el resultado de esa votación, las prórrogas y las medidas sobre rentas y desahucios seguían siendo propuestas. Las informaciones citadas describían sus condiciones, pero no daban un total de contratos o procedimientos afectados ni un cálculo agregado de costes.
