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La acampada por la vivienda seguía el lunes en la Puerta del Sol, en su tercer día. El Gobierno mantenía el martes como fecha prevista para llevar el decreto al Consejo de Ministros. La negociación seguía abierta: Mónica García y Ernest Urtasun hablaron de cuestiones pendientes, y fuentes de Sumar dijeron a EL PAÍS que el acuerdo aún estaba lejos. Para quienes convocaron la protesta, el siguiente paso dependerá del contenido de la norma. El Sindicato de Inquilinas ha dicho que lo leerá antes de decidir qué hacer con la acampada.
La plaza durante el día laborable
El lunes fue el primer día laborable desde que comenzó la movilización, durante el fin de semana. Las rutinas de trabajo condicionaron la organización en la plaza. Telemadrid describió a participantes que teletrabajaban desde Sol y a otros que recogieron sus tiendas para ir a trabajar. RTVE también contó que algunas personas salían de la acampada y que otras podían trabajar desde allí. Son escenas de participantes concretos, no un recuento de cuántas personas estuvieron en la plaza durante toda la jornada.
Las crónicas describieron tiendas, turnos y salidas, pero no un número constante de asistentes. RTVE informó de más de 350 tiendas; esa cifra no permite saber cuántas personas permanecían en Sol en cada momento. La actividad diurna muestra cómo algunos acampados compaginaban la protesta con el trabajo, pero no permite determinar cuánto duraría la movilización ni cuántas personas volverían a la plaza.
La lluvia añadió una dificultad práctica. Telemadrid informó de que los participantes extendieron lonas y montaron carpas para cubrir tiendas y espacios comunes ante las precipitaciones previstas. RTVE también describió la colocación de lonas. Según esas coberturas, algunas personas dijeron que estaban dispuestas a permanecer allí pese al agua. Sus declaraciones dan cuenta de su intención, pero no fijan cuánto tiempo seguirá la acampada.
El sindicato vinculó la continuidad de la protesta a la respuesta que encuentre en el decreto. Euronews informó de que llamaba a seguir en la calle si el texto no atendía sus demandas. RTVE recogió que su portavoz leería la letra pequeña antes de decidir qué hacer con las tiendas. También contó que la acampada no tenía una fecha de finalización. EFE señaló que la portavoz no concretó si seguirían después del martes. La decisión estaba pendiente de la valoración sindical del texto.
Las demandas y la negociación
Entre las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas y otros actores figuran prórrogas o renovaciones de contratos más estables y protección ante desahucios cuando no haya una alternativa habitacional. También han pedido regular los alquileres de temporada y por habitaciones, según RTVE y Euronews. Son propuestas planteadas en la negociación, no medidas aprobadas ni una descripción cerrada del decreto.
La negociación del Gobierno abarca otros asuntos. EL PAÍS describió medidas en discusión como ayudas a la compra, cuestiones fiscales y protección del parque público, además de asuntos relacionados con contratos y desahucios. Sus convocantes han condicionado los siguientes pasos de la acampada a su lectura del texto final. Sus reivindicaciones no equivalen a todo el paquete que el Ejecutivo estaba negociando.
Sobre el estado de las conversaciones, RTVE recogió declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. García dijo que aún estaban lejos de un acuerdo; Urtasun señaló que había tres asuntos sin cerrar del todo. Las declaraciones recogidas no detallaban cuáles eran esos tres asuntos. EL PAÍS informó de que fuentes de Sumar también situaban lejos el acuerdo. Estas valoraciones describían la posición de los interlocutores citados el lunes; no establecían cuál sería la redacción definitiva.
El calendario que queda por delante
El Gobierno mantenía el Consejo de Ministros del martes como fecha prevista para abordar el decreto. La fecha marcaba el siguiente paso político, pero el contenido seguía en discusión. Tampoco cerraba el trámite parlamentario: si el Ejecutivo aprueba un real decreto-ley, el Congreso debe votar su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación.
El texto del Gobierno y la respuesta del sindicato eran dos decisiones próximas y distintas. La reunión del Consejo permitiría conocer qué norma sale de la negociación. Después, si se trata de un real decreto-ley, el Congreso tendría que pronunciarse. En Sol, el sindicato había ligado la continuidad de la acampada a la lectura del texto, sin anunciar una fecha para levantarla.
