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Un objetivo aún por financiar
El Gobierno Vasco ha presentado el Fondo Social por la Vivienda, un instrumento de colaboración público-privada que aspira a movilizar hasta 2.000 millones de euros para promover 10.000 viviendas de alquiler asequible. Ese es el objetivo anunciado: la documentación difundida no acredita que esa cantidad esté ya captada ni que exista un parque de viviendas disponible.
La primera cartera reúne 2.065 viviendas sobre suelos identificados, con una inversión estimada de 452 millones de euros. Las actuaciones se localizan, según la relación difundida por el Gobierno, en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Sestao, Oiartzun, Azkoitia, Bermeo, Errenteria, Portugalete y Santurtzi. Son proyectos previstos, no viviendas terminadas.
El Gobierno presenta las 10.000 viviendas como adicionales a la promoción pública directa del Departamento de Vivienda y Visesa. Esa separación distingue el objetivo global del fondo de la cartera inicial y de las promociones que ya impulse directamente la Administración.
Un alquiler dirigido a hogares inscritos en Etxebide
Según el diseño presentado por el Gobierno, el fondo se dirige especialmente a hogares con dificultades para acceder tanto a la vivienda protegida como al mercado libre. El planteamiento contempla personas inscritas en Etxebide cuyos hogares ingresen entre 25.000 y 65.000 euros anuales.
Las rentas protegidas se sitúan orientativamente entre 8 y 10 euros por metro cuadrado. El cálculo parte del coste de las promociones y no incluye subvenciones directas a la renta. La documentación ofrece además un ejemplo para una vivienda de 70 metros cuadrados útiles: un alquiler mensual de entre 634 y 680 euros, sin anejos.
Ambos rangos proceden de los materiales difundidos, pero estos no aportan un desglose que permita reconstruir exactamente su relación. Por eso se presentan como referencias separadas y orientativas, no como una tarifa única aplicable a todas las promociones. Las condiciones concretas deberán fijarse en cada proyecto.
El acceso queda vinculado, en el diseño anunciado, a la inscripción en Etxebide y al carácter protegido de las viviendas. El Gobierno calcula que, en los escenarios analizados, el esfuerzo del alquiler se mantiene por debajo del 30% de los ingresos del hogar. Ese resultado se atribuye a esos supuestos, no es una garantía general para cualquier vivienda o familia.
Una arquitectura financiera todavía prevista
El modelo contempla una mayoría de capital privado y una participación pública minoritaria. La estructura financiera anunciada prevé un 30% de capital y un 70% de deuda. Son proporciones previstas para el instrumento, no una fotografía de recursos ya comprometidos para toda la cartera.
El suelo público se cedería mediante un derecho de superficie durante 75 años y revertiría a la Administración al finalizar ese plazo. Las condiciones de la cesión regularían las rentas y los requisitos de acceso, mientras que la promoción se adjudicaría mediante una licitación competitiva, según el esquema presentado.
La propuesta fija como referencia los estándares de gestión de Alokabide y los criterios constructivos de Visesa. Esa formulación describe el marco operativo previsto, no necesariamente una gestión o una construcción directa por parte de ambas entidades. El diseño también permite la participación de operadores públicos, privados y del tercer sector.
El fondo prevé reinvertir sus excedentes en nuevos proyectos y funcionar como complemento de la promoción pública directa. Entre las fuentes previstas de financiación a largo plazo figuran el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial. La mención a ambas instituciones forma parte de la arquitectura anunciada y no acredita por sí sola el cierre de la financiación de cada promoción.
La licitación pondrá a prueba el diseño
El siguiente paso anunciado es una licitación pública, prevista para diciembre de 2026, para incorporar socios al fondo. Hasta que ese proceso se celebre, la selección de operadores y la captación de capital privado siguen siendo fases pendientes del despliegue descrito.
El calendario comunicado no es único. Euskadi.eus vincula la reunión de los 2.000 millones a un horizonte de diez años; Irekia habla de dos años para la alianza financiera; Cadena SER sitúa en ocho años la construcción de las 10.000 viviendas, y las comunicaciones oficiales relacionan ese objetivo con dos legislaturas. El material aceptado no explica cómo se relacionan esos plazos ni permite convertirlos en una cronología única.
La cartera inicial aporta una relación concreta de proyectos y una inversión estimada, mientras que las 10.000 viviendas y los 2.000 millones corresponden al alcance que el Gobierno pretende alcanzar. El anuncio fija un modelo de alquiler, una estructura financiera y un próximo procedimiento de incorporación de socios; su ejecución completa queda condicionada a que esas fases se materialicen.