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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para el 28 de octubre de 2026 a un hombre como investigado por presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma. La Guardia Civil examina si hubo contactos dirigidos a influir en el procedimiento que ella instruía. El citado niega haber hablado con la mujer cuyo testimonio lo vincula a los hechos.
Pedraz le atribuye provisionalmente posibles delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. También ha citado como testigo al abogado de la mujer. La citación es una nueva diligencia en una investigación en la que la testigo y el investigado mantienen versiones opuestas. Los hechos examinados afectan a la actividad de una magistrada. El artículo 117 de la Constitución establece que jueces y magistrados son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley.
Una declaración y dos versiones sobre una palabra
La mujer declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el investigado habló de «eliminar» a Biedma. La Cadena SER informó de que ella interpretó esa expresión como una referencia a causarle daño físico. La Vanguardia publicó que la mujer aclaró ante la UCO que no se refería a daño físico. Las dos informaciones discrepan sobre lo que quiso decir la testigo; ninguna acredita que se encargara una agresión.
Según la Cadena SER, la UCO relaciona el testimonio con una anotación manuscrita en una agenda. Los agentes examinan esos elementos bajo la hipótesis de un posible intento de incidir en el procedimiento que dirigía Biedma. La anotación y la declaración forman parte de esa hipótesis; no establecen por sí solas qué contactos se produjeron ni con qué propósito. Según EL PAÍS, el informe policial no incluye pruebas de que se encargase causar daño físico a la magistrada.
La discrepancia no se limita al significado de «eliminar». En un escrito dirigido a Pedraz, el investigado negó haber contactado o hablado con la testigo y rechazó las actuaciones contra Biedma que se le atribuyen. La mujer situó al hombre en el relato que dio a la Guardia Civil. Determinar si hubo contacto y qué relación pudo tener con el trabajo judicial de Biedma sigue siendo una cuestión de la investigación.
Lo que declaró Biedma y lo que pidió investigar
Biedma declaró ante Pedraz que se había sentido perseguida y angustiada. Dijo que desconocía si otra mujer vinculada a las pesquisas estaba detrás de los episodios que relató. También afirmó que el temor no modificó sus resoluciones en el procedimiento que instruía. Su declaración recoge lo que vivió y cómo afectó ese temor a su trabajo, según ella; no identifica por sí sola a quienes pudieron intervenir en los hechos denunciados.
La magistrada pidió nuevas declaraciones, incluida la de la mujer que habló con la UCO. Solicitó asimismo que se incorporaran las quejas presentadas contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial y actuaciones de juzgados de Badajoz. Son diligencias solicitadas por Biedma. Las citaciones de las que se ha informado como acordadas por Pedraz son la del investigado y la del abogado de la testigo, llamado a declarar en esa condición.
El investigado sostuvo en su escrito que el informe de la UCO le atribuía hechos falsos y pidió que se investigara a quienes, a su juicio, lo habían incriminado indebidamente. Según la Cadena SER, Pedraz respondió que esa denuncia no correspondía a su juzgado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a la persona investigada el derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, a contar con abogado, a examinar las actuaciones en los términos legales y a guardar silencio. La comparecencia prevista para el 28 de octubre se produce en esa fase procesal.
La petición del PP sobre el PSOE
La causa también ha suscitado una disputa sobre la posible vinculación del PSOE. El PP pidió que se investigara al partido y sostuvo que las actuaciones examinadas buscaban proteger sus intereses. El 9 de octubre de 2026, Pedraz rechazó atribuir entonces al PSOE la condición de investigado porque consideró que faltaban diligencias y elementos para tomar esa decisión. La resolución se refería a ese momento de la causa.
Tras la decisión, el PSOE afirmó, según Europa Press, que colaboraba con la justicia y que no tenía nada que ocultar. El PP y el PSOE mantienen posiciones enfrentadas sobre esa petición. La decisión de Pedraz deja pendiente la cuestión planteada por el PP mientras prosiguen las diligencias. Sigue sin determinarse si los contactos denunciados constituyeron un intento de influir en Biedma.
