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El PP ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investigue al PSOE como persona jurídica en la causa sobre presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales. Los populares, que encabezan la acusación popular, presentaron el escrito el martes 6 de octubre. Pedraz ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción antes de decidir. La petición, por sí sola, no convierte al PSOE en investigado.
El PP sostiene que se utilizaron recursos del partido para pagar gastos de una presunta red. También plantea que los hechos podrían ser constitutivos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal, y los relaciona con una presunta malversación. Son las calificaciones de la acusación popular, pendientes de valoración judicial.
La solicitud llegó un día después de que Pedro Sánchez anunciara elecciones generales para el 29 de noviembre. Esa secuencia de fechas no altera el trámite: al cierre de las informaciones del 6 de octubre, Pedraz aún no había decidido si el PSOE sería investigado como persona jurídica.
Qué atribuye el PP al PSOE
El escrito sostiene que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista, puso medios del PSOE a disposición de una presunta red para obstaculizar procedimientos que afectaban al partido y al Gobierno. Según el PP, las actuaciones buscaban proteger los intereses de la formación. Tanto esa finalidad como la intervención del PSOE son alegaciones de la acusación, no hechos establecidos por el juez.
Para apoyar su petición, el PP cita reuniones en la sede socialista de Ferraz, desplazamientos y pagos. También se remite a declaraciones de responsables y empleadas del partido para sostener que se pagaron gastos por indicación de Cerdán. La acusación considera que esos elementos apuntan al uso de medios de la formación. Aunque se acreditara su existencia, eso no demostraría por sí solo que se emplearon para obstaculizar una causa judicial.
El escrito plantea así qué actuación sobre un procedimiento judicial se atribuye a la presunta red y cómo habría contribuido a ella cada reunión, desplazamiento o pago. Los gastos citados por el PP no identifican por sí mismos el procedimiento que se habría intentado obstaculizar ni el modo en que se habría intervenido sobre él. La finalidad que les atribuye sigue siendo la tesis de la acusación popular.
El PP incluye entre sus alegaciones pagos a Crónica Libre. Sostiene que procedían de subvenciones electorales públicas y que beneficiaron a la presunta red. La petición al juzgado no establece el origen de esos fondos ni el uso que les atribuye la acusación. Esa alegación tampoco acredita, por sí sola, un perjuicio económico para las arcas públicas.
La acusación afirma además que el PSOE carecía de controles internos suficientes sobre la autorización de gastos, el uso de instalaciones y los contratos con proveedores. Con ese argumento pide examinar la posible responsabilidad del partido como entidad, además de las conductas atribuidas a personas concretas. La suficiencia de esos controles y su relación con los presuntos hechos forman parte de lo que el PP quiere que se investigue.
El artículo 31 bis del Código Penal contempla la responsabilidad penal de una persona jurídica en los supuestos previstos por la ley, cuando se cumplen las condiciones relativas a quién cometió los hechos, por cuenta de quién actuó y al beneficio directo o indirecto de la entidad. Que se investigue a personas vinculadas a un partido no determina por sí solo la responsabilidad penal de la formación. La petición del PP requiere, por tanto, una decisión específica de Pedraz.
Qué diligencias ha acordado el juez
Sobre la solicitud del PP, Pedraz ha pedido el criterio de Anticorrupción. Cuando se comunicó ese trámite, el 6 de octubre, la Fiscalía aún no se había pronunciado sobre la posibilidad de investigar al PSOE como persona jurídica. La consulta tampoco anticipa la decisión del juez: pide una posición sobre el escrito antes de resolverlo.
Anticorrupción había respaldado antes el examen de movimientos bancarios en esta causa, según informó EL PAÍS. Aquel apoyo se refería a otra diligencia y no permite atribuir a la Fiscalía una posición favorable a la petición que ahora plantea el PP. El análisis de cuentas y la decisión sobre la condición procesal del partido responden a cuestiones diferentes.
En otra providencia, Pedraz pidió al PSOE la relación de abogados, despachos y consultoras contratados por sus órganos centrales y territoriales entre 2021 y 2025. Requirió asimismo la documentación de autorización de los encargos y de justificación de los servicios. Esa providencia solicita información sobre las contrataciones. La petición de investigar penalmente al partido como persona jurídica sigue pendiente de resolución.
Qué ha dicho el PSOE
Las posiciones socialistas conocidas sobre la causa preceden, en su mayor parte, al escrito del PP. En junio, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, defendió que se dejara actuar a la Justicia, afirmó que el PSOE colaboraba y dijo que no veía motivos para investigarlo como persona jurídica. Esa era su posición entonces, antes de que los populares presentaran la solicitud.
En septiembre, el PSOE pidió al juzgado cautelas para proteger los datos de sus cuentas ajenos a la causa. Solicitó limitar a la Fiscalía el acceso al análisis de seis cuentas y excluir la información sin relación con la investigación. Esa petición se refería al tratamiento de los datos bancarios, no a las acusaciones concretas formuladas por el PP el 6 de octubre.
Tras conocerse la iniciativa de los populares, el ministro Óscar Puente la criticó y la vinculó con la campaña electoral en un mensaje del que informó EL PAÍS. Su comentario no abordó los señalamientos sobre pagos, recursos y controles internos. Al cierre de las informaciones del 6 de octubre no constaba una respuesta pública del PSOE a esas alegaciones concretas. Pedraz seguía pendiente del criterio de Anticorrupción para decidir sobre la solicitud.
