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El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado como testigo a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para el 23 de noviembre de 2026. Así lo recogen EL PAÍS y Cadena SER, que afirman haber consultado la resolución. Air Europa ya devolvió los 475 millones de euros que recibió en préstamos públicos durante la pandemia, junto con los intereses, pero la concesión de la ayuda sigue bajo investigación judicial. Hay otras declaraciones de testigos previstas para los días 23 y 24.
Entre los citados figuran Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes cuando se aprobó la operación, y Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina Económica de la Presidencia. El juzgado investiga la concesión de la ayuda a raíz de las querellas del PP y Vox por presunta prevaricación administrativa. Su citación como testigos no supone que se les atribuya ese presunto delito.
Las decisiones que examina el juzgado
La investigación abarca la tramitación y la autorización de la ayuda. Según EL PAÍS y Cadena SER, el juez ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que identifique a los participantes e invitados en las reuniones relacionadas con la operación y remita las actas y la documentación del expediente. Las diligencias incluyen reuniones y documentos anteriores a la autorización del Consejo de Ministros, además de la concesión de la ayuda.
Aagesen era secretaria de Estado de Energía en 2020. Quien ocupaba ese cargo formaba parte del Consejo Gestor del fondo que financió la operación. Su declaración como testigo puede aportar su versión sobre la información que recibió ese órgano y las decisiones que tomó. Su condición de testigo es distinta de la de investigado, con la que declaró en julio de 2026 Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI.
Según informó RTVE a partir de fuentes jurídicas, Lora negó irregularidades y reconoció reuniones previas con representantes de Globalia, matriz de Air Europa. El juzgado ha acordado nuevas declaraciones después de aquella comparecencia. Ninguna de esas diligencias establece por sí misma que se cometiera la presunta prevaricación denunciada en las querellas.
La ayuda y las reglas del fondo
El Consejo de Ministros autorizó la operación el 3 de noviembre de 2020 por 475 millones de euros: 240 millones en un préstamo participativo y 235 millones en otro ordinario. Los préstamos procedían del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado para prestar apoyo temporal a compañías afectadas por la pandemia. El Gobierno justificó entonces la ayuda por la conectividad nacional e internacional que atribuía a Air Europa.
La Orden PCM/679/2020 fijaba las condiciones de acceso al fondo y los criterios para evaluar la situación financiera de las empresas solicitantes. También repartía las funciones: la SEPI analizaba las solicitudes, el Consejo Gestor las resolvía y elevaba las operaciones al Consejo de Ministros para su autorización. La ayuda a Air Europa se aprobó con cargo a ese fondo. El juzgado examina cómo se tramitó y autorizó esta operación concreta.
En una fiscalización de las solicitudes al fondo entre 2020 y 2022, el Tribunal de Cuentas concluyó que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa sobre elegibilidad y condiciones de financiación. Esa conclusión se refiere al fondo en su conjunto. La causa del juzgado de Madrid examina la concesión a Air Europa a raíz de las querellas de dos partidos.
Las posiciones sobre la concesión
El PP sostiene que Air Europa no reunía requisitos esenciales para recibir la ayuda. Vox también presentó una querella por presunta prevaricación administrativa. Son alegaciones de los querellantes, no una conclusión judicial sobre la elegibilidad de la compañía. No consta un pronunciamiento público de Air Europa sobre esa objeción.
Aagesen explicó su posición el 8 de julio de 2026 ante una comisión del Congreso de los Diputados. Según el diario de sesiones, dijo que la información recibida por el Consejo Gestor indicaba que todo estaba en orden y que el análisis correspondía a las unidades de la SEPI. Su declaración expone qué información afirma haber recibido el órgano del que formaba parte. Las nuevas testificales se han acordado en la causa que examina la concesión.
La SEPI comunicó que el fondo recibió el 6 de noviembre de 2025 la devolución anticipada de los 475 millones de euros y los intereses correspondientes. Los préstamos quedaron saldados. El juzgado mantiene abiertas las diligencias sobre las decisiones que precedieron a su aprobación.
