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La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado este martes, 20 de octubre, el recurso de la Fiscalía contra el límite que el juez instructor había impuesto a unas diligencias de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) podrá cotejar información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social en una investigación vinculada a negocios con Quirón Prevención. La resolución establece qué datos pueden examinar los agentes para completar un informe pendiente. No resuelve si se cometió alguno de los presuntos delitos investigados.
Del límite inicial al recurso
La UCO solicitó al juzgado los tres tipos de información en diciembre de 2025, según publicó EL PAÍS. Los agentes querían reunir documentación económica para examinar una compraventa empresarial. El instructor autorizó primero la obtención de datos bancarios y aplazó el acceso a los registros tributarios y de la Seguridad Social.
El juez acordó ese límite en junio: quería conocer el resultado de la revisión de las cuentas antes de permitir el examen de los otros datos. La Fiscalía recurrió la restricción y la Audiencia ha estimado su recurso en ese punto. Según informó EL PAÍS, los magistrados consideran necesario contrastar la información bancaria con los registros tributarios y de la Seguridad Social para investigar la operación.
La resolución permite a la UCO cotejar esos datos y utilizar la documentación solicitada para su informe. El acceso a los registros fiscales y de la Seguridad Social deja así de depender del permiso que el instructor había aplazado. El análisis policial sigue pendiente: la autorización amplía las diligencias sin anticipar las conclusiones de los agentes.
Qué busca comprobar la UCO
Según RTVE, los investigadores pidieron la información para reconstruir movimientos de fondos y examinar la evolución patrimonial de los investigados. Con el cruce de registros buscan relacionar la documentación económica con la compraventa investigada. La Audiencia se ha pronunciado sobre los datos que pueden consultar; la UCO aún no ha terminado el informe en el que debe recoger su examen.
La decisión de este martes amplía el trabajo autorizado en junio. Entonces, los agentes podían requerir información a entidades bancarias, pero debían esperar para acceder a los otros registros. Tras el recurso de la Fiscalía, podrán examinar también los datos tributarios y de la Seguridad Social. La resolución no contiene una valoración judicial definitiva de la operación.
RTVE sitúa en el 1 de enero de 2014 el inicio de los movimientos comprendidos en los requerimientos bancarios autorizados. No consta un periodo equivalente para los nuevos requerimientos fiscales y de la Seguridad Social. La fecha referida a las cuentas no permite fijar por sí sola el intervalo de los otros registros. La decisión conocida autoriza su cotejo y el informe policial deberá recoger el resultado del examen.
La compraventa bajo investigación
Las diligencias se centran en la adquisición de una empresa por una sociedad vinculada a un hombre investigado. La Fiscalía sospecha que la operación pudo encubrir una comisión relacionada con negocios con Quirón Prevención. La Audiencia no ha establecido que existiera esa comisión. Según RTVE, la pieza se sigue por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
El hombre investigado defendió ante el juzgado la legalidad de sus ingresos. Según relató RTVE, sostuvo que el precio de la empresa respondía al valor de su red de distribución y negó haber ocultado ingresos obtenidos de Quirón mediante una sociedad instrumental. Su versión difiere de la sospecha de la Fiscalía sobre la finalidad de la operación. La documentación cuyo examen acaba de autorizarse forma parte de las diligencias para investigarla.
La defensa no se opuso a ampliar esas diligencias y pidió que se practicaran con rapidez, según EL PAÍS. La acusación popular también apoyó el acceso a más documentación, de acuerdo con Cadena SER. No consta un pronunciamiento público de Quirón Prevención sobre la sospecha que afecta a negocios vinculados con la entidad.
Las actuaciones pendientes
La UCO debe completar su informe con el examen de los datos que la Audiencia ha permitido cotejar. La resolución no fija el resultado de ese trabajo ni determina la responsabilidad de los investigados. Resuelve el recurso de la Fiscalía sobre las fuentes de información que pueden utilizar los agentes en esta pieza.
Otro hombre investigado está citado para declarar el 3 de diciembre. Esa comparecencia y el informe policial siguen pendientes en la investigación judicial. La decisión de este martes elimina el límite impuesto al acceso a los datos. Sigue sin resolverse si la compraventa tuvo la finalidad que sospecha la Fiscalía.
