En cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, declaramos que en la redacción o edición de este artículo pueden haberse utilizado sistemas de inteligencia artificial generativa.
Quién decidirá sobre el dinero
A Coruña y Santiago reclaman a la Xunta que les transfiera los fondos estatales vinculados a sus zonas de mercado residencial tensionado. Los recursos todavía no han sido transferidos y el proyecto de real decreto que regula la ayuda continúa en tramitación. La discusión inmediata abarca cuánto dinero llegará y qué Administración podrá decidir cómo se emplea.
La petición la formularon las alcaldesas Inés Rey y Goretti Sanmartín tras reunirse el 18 de septiembre de 2026 en el Pazo de Raxoi. Ambas ciudades anunciaron también la creación de un grupo de trabajo conjunto sobre vivienda.
La cifra disponible no resuelve el reparto. El borrador contempla para Galicia 5.112.304 euros, pero la tabla ministerial ofrece un importe agregado para la comunidad y no desglosa cuánto correspondería a A Coruña y cuánto a Santiago. Por tanto, esa cantidad debe describirse como el volumen previsto para Galicia, no como una asignación ya fijada para cada ayuntamiento.
Dos propuestas para gestionar la ayuda
Los ayuntamientos sostienen que los fondos deben servir para ejecutar y evaluar los planes específicos asociados a sus declaraciones. El comunicado municipal cita entre las actuaciones posibles la promoción de vivienda pública, la rehabilitación, la movilización de suelo y la protección del uso residencial frente a otros usos, incluidos los pisos turísticos.
Las alcaldesas defienden que los consistorios participaron en la elaboración de la documentación y de los planes de medidas. Por eso reclaman intervenir directamente en la definición de prioridades y en la evaluación de los resultados. Según su posición, la gestión local permitiría ajustar las actuaciones a las necesidades de cada mercado.
La Xunta mantiene otro criterio. El presidente Alfonso Rueda ha defendido que, si la Administración autonómica recibe los fondos, los utilice para promover vivienda pública o protegida en A Coruña y Santiago. La propuesta deja la ejecución en manos de la Xunta, frente a la petición municipal de recibir y gestionar directamente las cantidades que correspondan.
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, también ha cuestionado que los recursos tengan que limitarse a las ciudades declaradas zonas tensionadas. La posición de la Xunta no coincide con la reclamación de las alcaldesas, que piden que el dinero permanezca vinculado a los dos municipios.
Lo fijado y lo pendiente
El proyecto normativo prevé que las comunidades autónomas sean las beneficiarias iniciales de las subvenciones. Las alcaldesas piden que, una vez recibidos los fondos, la Xunta transfiera a los ayuntamientos las cuantías que establezca el real decreto y les permita decidir los proyectos.
El Ministerio de Vivienda también se ha pronunciado sobre la disputa. Según informó Cadena SER tras acceder a una carta remitida a la Xunta, el Gobierno central defendió que los fondos no eran una transferencia genérica para la política autonómica, sino recursos destinados a actuaciones en A Coruña y Santiago y ajustados a los planes específicos de sus zonas tensionadas.
El contenido de esa carta no se ha incorporado aquí como una resolución normativa definitiva. La documentación oficial sí recoge que las subvenciones están vinculadas al desarrollo de planes específicos de las zonas declaradas y que el real decreto seguía pendiente de aprobación.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, exige para una zona tensionada una memoria justificativa y un plan específico de medidas correctoras. En este caso, el desacuerdo afecta a la llegada de los recursos, al reparto entre las dos ciudades y a quién tendrá capacidad efectiva para decidir sobre los proyectos.
El grupo de trabajo empieza por los datos
Mientras continúa la discusión financiera, A Coruña y Santiago han acordado coordinar sus políticas de vivienda. El grupo de trabajo anunciado por ambas ciudades abordará, según el comunicado municipal, la evolución de las zonas tensionadas, el intercambio de información y cuestiones relacionadas con las viviendas de uso turístico. Los responsables de Urbanismo de los dos ayuntamientos participarán también en las mesas sectoriales de vivienda.
Las alcaldesas sostienen que la información disponible se concentra sobre todo en los contratos nuevos y ofrece menos detalle sobre prórrogas, extinciones y otras modalidades del alquiler. Según el mismo comunicado, piden más datos para evaluar la evolución del mercado y los resultados de las medidas adoptadas.
Ese trabajo conjunto no altera el procedimiento de financiación ni determina quién gestionará los fondos. Su alcance inmediato es compartir información y mantener una posición municipal coordinada mientras la Xunta y el Gobierno central mantienen interpretaciones distintas sobre el destino y la gestión de la ayuda.
Dos decisiones por concretar
El primer paso pendiente es la aprobación definitiva del real decreto. El segundo es la concreción del reparto entre A Coruña y Santiago. La tabla ministerial conocida hasta ahora solo recoge el total de Galicia, de modo que no permite reconstruir una cantidad exacta para cada municipio.
Hasta que se produzcan esas dos decisiones, los 5.112.304 euros no pueden presentarse como dinero ya asignado ni disponible para su ejecución municipal. Las alcaldesas reclaman la transferencia y la gestión local; la Xunta defiende ejecutar actuaciones de vivienda pública o protegida desde la Administración autonómica. La diferencia entre ambas posiciones sigue abierta.