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El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidirá qué hacer con la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol cuando conozca el decreto que negocia el Gobierno. La organización ha dicho que leerá el texto antes de tomar una decisión sobre las tiendas. Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo trabajaba para llevar la norma al Consejo de Ministros este martes, aunque todavía no se había aprobado.
La acampada comenzó tras la manifestación del sábado. El lunes fue su primera jornada laborable, según Telemadrid. RTVE informó de que el campamento seguía instalado en Sol. El sindicato no había fijado una fecha para levantarlo y explicó que decidiría sus próximos pasos según el contenido del decreto.
La vida en las tiendas
Algunas personas acampadas atendían sus obligaciones laborales desde la plaza. Telemadrid describió a participantes que teletrabajaban desde las tiendas; RTVE también informó de personas que trabajaban allí. La cadena pública recogió testimonios de participantes que se organizaban por turnos para que las tiendas no quedaran solas cuando tenían que ausentarse.
Las cifras publicadas se refieren al número de tiendas. Telemadrid atribuyó a un portavoz del sindicato un recuento superior a 350; RTVE informó también de más de 350 tiendas. EL PAÍS estimó entre 350 y 360 en otro recuento, que calificó de aproximado y variable. Esas cifras no equivalen al total de personas participantes.
Los medios informaron de preparativos ante la lluvia. Telemadrid contó que los acampados se preparaban para las precipitaciones y RTVE dijo que colocaban lonas para proteger las tiendas. La organización mantiene la protesta mientras espera el texto que se negocia en Madrid.
El sindicato reclama contratos de alquiler indefinidos, congelar las rentas y proteger frente a los desahucios a quienes no tengan una alternativa habitacional. RTVE lo identificó como organizador de la movilización y recogió esas demandas. La organización ha vinculado la protesta al caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda donde residía desde 1956, según EL PAÍS. El sindicato presentó una propuesta para limitar los desahucios asociada a su caso.
Un borrador pendiente de acuerdo
Sánchez dijo que el Gobierno trabajaba para llevar el real decreto ley al Consejo de Ministros el martes y pidió a sus socios un último esfuerzo. EFE informó de que el Ejecutivo negociaba con grupos parlamentarios para intentar aprobarlo ese día. RTVE describió conversaciones aún abiertas. Las declaraciones y los contactos anunciados expresaban un objetivo, no una aprobación consumada.
Según RTVE, un borrador incluía medidas de protección frente a los desahucios, estabilización de contratos, regulación de los alquileres de temporada y cambios fiscales para los alquileres turísticos. La cadena también mencionó ayudas para la compra de primera vivienda y beneficios fiscales para inquilinos y propietarios. RTVE señaló que los puntos seguían negociándose; esa relación de medidas no definía el contenido final del decreto.
Entre las posiciones recogidas por RTVE, Sumar reclamaba protección frente a los desahucios y garantías para las prórrogas y renovaciones de contratos. La formación también pedía regular los alquileres por habitaciones. Según la cadena, esa medida no figuraba en el borrador de julio. RTVE informó de que un intento de aprobación previsto para ese mes se aplazó por falta de consenso con otras fuerzas políticas.
La aprobación del texto también marcaría el inicio de la etapa parlamentaria. Si el Consejo de Ministros aprueba el real decreto ley, el Congreso tendrá que votar si lo convalida o lo deroga dentro de los 30 días siguientes a su promulgación. Así lo establece el artículo 151 del Reglamento del Congreso. Para que la norma continúe en vigor, necesita ser convalidada.
La disputa por la gestión de la acampada
Los partidos mantienen posiciones distintas sobre el decreto y la protesta. RTVE informó de que el PP lo criticó por tardío e intervencionista. EL PAÍS recogió que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estudiaba opciones para intervenir si la acampada se prolongaba. El delegado del Gobierno sostuvo que la Policía Nacional no debía actuar mientras no hubiera disturbios.
Por ahora, el sindicato dice que decidirá qué hacer con la acampada cuando conozca la redacción del decreto. El Gobierno trabajaba para presentar la norma el martes; si llega a aprobarse en Consejo de Ministros, el Congreso tendrá que pronunciarse después.
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