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La protesta por la vivienda cortó la Diagonal de Barcelona el lunes 28 de septiembre, junto al Palau de Congressos, mientras el Gobierno negociaba un decreto que esperaba llevar al Consejo de Ministros al día siguiente. Las entidades convocantes reclamaron medidas sobre los contratos, los desahucios y los alquileres temporales. En una gala celebrada en el recinto, Pedro Sánchez pidió a las fuerzas parlamentarias un último esfuerzo para aprobar la norma. Al cierre de la jornada, el acuerdo seguía pendiente y el texto aún no se había aprobado.
La protesta llegó hasta la Diagonal
La movilización tuvo varios focos durante el día. Por la mañana, Cadena SER informó de cortes en la Meridiana, la calle Còrsega y la plaça de Sants. 3Cat relató que un grupo trató de avanzar desde Còrsega hacia la Diagonal y que los Mossos d'Esquadra le impidieron continuar. Por la tarde, los manifestantes ocuparon la calzada junto al Palau de Congressos, según EFE y Europa Press.
La concentración vespertina coincidió con la presencia de Sánchez en el recinto para la gala de los Premios Vanguardia. El Sindicat de Llogateres explicó que la convocatoria buscaba presionar al presidente durante la negociación del decreto. Las entidades reclamaban que la norma incluyera cambios más amplios que la protección frente a los desahucios. El corte de la Diagonal trasladó esa disputa a la calle pocas horas antes del Consejo de Ministros previsto para el martes.
Qué pedían las entidades
Las organizaciones reclamaron la renovación automática de los contratos de alquiler, con la posibilidad de que fueran indefinidos, medidas contra los desahucios, la congelación de las actualizaciones ligadas al IPC y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. También pidieron políticas estructurales de vivienda. Eran demandas de los convocantes, no medidas aprobadas por el Gobierno.
Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, sostuvo que el decreto no debía limitarse a los desahucios. Rechazó que se aprobara un texto que, en su valoración, fuera una «farsa». Las peticiones sobre la duración de los contratos y las modalidades de alquiler expresaban la posición de las entidades en la negociación. No describían el contenido definitivo de la norma.
Ese matiz estaba en el centro de la protesta: las organizaciones exponían sus exigencias mientras el Ejecutivo aún buscaba un acuerdo. Su lista incluía medidas sobre distintas formas de alquiler y sobre los desahucios. El Gobierno mantenía abiertas las conversaciones para presentar el decreto al Consejo de Ministros, pero aún no se había aprobado un texto que permitiera saber cuáles de esas demandas entrarían en la norma.
Un acuerdo todavía pendiente
El Ejecutivo esperaba llevar el real decreto-ley al Consejo de Ministros del martes 29. El lunes, sin embargo, seguían las conversaciones con sus socios. EFE y EL PAÍS informaron de esa previsión y de que la negociación continuaba. El anuncio de Sánchez en la gala fue, por tanto, una petición de apoyo parlamentario, no la confirmación de un acuerdo cerrado.
En su intervención, Sánchez pidió «sentido de Estado» y un último esfuerzo a los partidos para sacar adelante el decreto. Dijo que la norma debía contribuir a aliviar la emergencia habitacional. El presidente pidió respaldo parlamentario mientras las entidades reclamaban que el texto abordara más cuestiones que los desahucios; el contenido seguía pendiente de negociación.
Ese mismo día, en otra intervención en Barcelona, Sánchez defendió priorizar el uso residencial de la vivienda frente al turístico y aumentar la oferta asequible. Presentó esas medidas como parte de la respuesta del Gobierno a la situación de la vivienda. Sus declaraciones ampliaban el marco de su defensa pública, pero no aclaraban qué medidas concretas contendría el decreto pendiente.
Los partidos mantenían posiciones distintas sobre el paquete. Junts defendió buscar un acuerdo. Josep Rull expuso la apuesta de su partido por construir más, controlar los fondos de inversión y ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. Esa posición forma parte del debate parlamentario; no equivale a un pacto con el Ejecutivo ni permite concluir que las propuestas de Junts coincidan con las demandas sindicales.
La protesta y las negociaciones avanzaban en planos relacionados: las entidades fijaban sus condiciones y el Gobierno trataba de reunir apoyos para presentar el decreto. El lunes todavía no había un texto aprobado que permitiera valorar el alcance de las medidas reclamadas. El Ejecutivo esperaba llevar la norma al Consejo de Ministros del martes 29 si alcanzaba un acuerdo.
