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El Congreso votará por separado el viernes 2 de octubre los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. La Junta de Portavoces convocó un pleno extraordinario a las once. La Cámara podrá convalidar uno de los textos y rechazar el otro. El primero reúne medidas sobre desahucios y alquileres; el segundo se centra en la renovación automática de contratos.
El resultado seguía abierto antes de la sesión. EL PAÍS informó el 30 de septiembre de que Junts y Podemos aún no habían comunicado el sentido de su voto. Cada partido tendrá que decidir sobre cada decreto por separado.
Las posiciones de los partidos
Podemos pidió reunir todas las medidas en un solo decreto. Su secretaria general, Ione Belarra, calificó de «trampa» la división, según informó EL PAÍS. El diario también atribuyó a Belarra la defensa de la expropiación de viviendas de fondos de inversión. Belarra no había anunciado el voto de su formación.
Junts tampoco había fijado públicamente su posición. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, mantuvo abierta la posibilidad de pactar y reclamó protección para los pequeños propietarios, según EFE y EL PAÍS. Esa es la demanda del partido; las informaciones citadas no detallan quién asumiría el coste de esa protección.
ERC había expresado predisposición a apoyar el decreto, aunque cuestionó la premura y dijo que aún desconocía la letra pequeña, según Europa Press. El PP rechazó el modelo del Gobierno. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostuvo que las medidas perjudicarían al mercado de la vivienda, según EL PAÍS. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que el Ejecutivo había cumplido su parte e instó al Congreso a convalidar los textos, según Europa Press.
El resultado seguía abierto: Junts y Podemos no habían aclarado su voto y las formaciones podían decidir de manera distinta sobre cada decreto. El pleno decidirá qué medidas siguen vigentes. Para conocer las consecuencias de cada votación, hay que distinguir los dos textos.
Dos decretos con medidas distintas
El decreto principal amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios para hogares vulnerables sin alternativa residencial. Europa Press y EL PAÍS describieron la medida con ese alcance. La protección no abarca todos los casos de desahucio.
Ese mismo texto incluye medidas sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, límites a determinadas compras de vivienda hasta finales de 2028 y una prórroga extraordinaria de dos años para contratos vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Según Europa Press y EL PAÍS, la restricción de compra se dirige a ciertas categorías de compradores.
El segundo decreto prevé una renovación automática de contratos de alquiler. Europa Press y RTVE lo describieron como un texto separado dedicado a esa medida. Las informaciones consultadas señalaban que había salvaguardas, pero no detallaban por completo el texto. La renovación automática y la prórroga extraordinaria de dos años del decreto principal son medidas distintas y se someten a votaciones distintas.
El Gobierno defendió separar los decretos para evitar que la renovación automática pusiera en riesgo el paquete principal, según Europa Press. Podemos pidió que todas las medidas se votaran juntas. La Cámara podrá pronunciarse sobre cada texto, pero las posiciones de los partidos no comprometen su voto.
Qué decide el Congreso
La convalidación requiere más votos a favor que en contra; las abstenciones no cuentan como votos afirmativos. Una abstención puede facilitar que los síes superen a los noes, pero no equivale a apoyar el decreto. El artículo 86 de la Constitución establece que el Congreso debe pronunciarse sobre la convalidación o derogación de un decreto ley dentro de los treinta días siguientes a su promulgación.
Cada votación determinará el destino del texto correspondiente. Si el Congreso no convalida uno de los decretos, ese resultado no deroga por sí mismo el otro. El decreto principal puede seguir adelante aunque se rechace la renovación automática, y su aprobación no supondría aprobar también el segundo texto. Antes del pleno, Junts y Podemos aún no habían aclarado su voto y seguían abiertas ambas decisiones.
