En cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, declaramos que en la redacción o edición de este artículo pueden haberse utilizado sistemas de inteligencia artificial generativa.
El respaldo varía según la medida de vivienda que se plantee. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 76,3% apoya que el Estado intervenga en el mercado para garantizar el acceso. Entre las propuestas concretas, el 95,4% respalda reducir los impuestos al comprar una primera vivienda y el 91,4%, que las administraciones construyan más vivienda pública. Expropiar viviendas vacías divide las respuestas: un 40% está a favor y un 54,3%, en contra.
Del apoyo general a las medidas concretas
La pregunta general contrapone la intervención estatal para garantizar el acceso a la vivienda con la opción de mantener la ley de oferta y demanda. El 76,3% favorable a la intervención no resume el respaldo a cada política concreta: el barómetro también pregunta por medidas específicas y los resultados varían.
La rebaja fiscal para comprar la primera vivienda es la propuesta con más respaldo entre las recogidas: un 95,4%. También reciben porcentajes altos las garantías para los propietarios frente a impagos, con un 85,7%; sacar suelo urbanizable al mercado, con un 84,3%; y recuperar viviendas públicas vendidas a empresas, con un 83,1%.
Otras medidas superan el 70% de respuestas favorables: crear una empresa pública estatal de vivienda, un 76,3%; limitar los pisos turísticos, un 75,6%; subir los impuestos a los grandes tenedores, un 72%; y congelar los alquileres durante dos años, un 70,6%. El barómetro recoge apoyos a propuestas fiscales, de suelo, de garantías a propietarios, de oferta pública y de regulación de los alquileres. Los porcentajes corresponden a medidas distintas: no indican que las mismas personas apoyen todas ni que respalden un paquete completo.
Las propuestas de expropiación reciben menos respaldo que varias de las anteriores. Expropiar suelo para construir vivienda pública cuenta con un 49,9% de apoyo y un 43,6% de rechazo. En el caso de expropiar viviendas vacías, el apoyo baja al 40% y el rechazo llega al 54,3%. Son respuestas a dos medidas distintas, por lo que no deben agruparse como si midieran una sola propuesta. La diferencia entre el apoyo a la intervención estatal en la pregunta general y el rechazo mayoritario a expropiar viviendas vacías muestra que las respuestas varían según la opción planteada.
Una fotografía tomada en junio
El trabajo de campo se realizó entre el 22 y el 30 de junio y sumó 6.019 entrevistas. La convocatoria electoral se produjo después de ese periodo, así que las respuestas reflejan la opinión recogida antes de la convocatoria. Los resultados describen las contestaciones dadas durante esos días, no una reacción a acontecimientos posteriores.
La diferencia entre la pregunta general y las medidas particulares importa al valorar las lecturas políticas del barómetro. Un 76,3% favorable a que el Estado intervenga no equivale a un respaldo uniforme a cada herramienta. La rebaja fiscal recibe más apoyo que la intervención general, mientras que las dos propuestas de expropiación citadas generan respuestas más divididas o mayoritariamente contrarias. El estudio registra preferencias declaradas sobre distintas opciones; no establece que una política haya causado un resultado ni que los encuestados avalen una combinación concreta de medidas.
Gobierno y PP defienden enfoques distintos
El Gobierno presenta sus iniciativas como una combinación de medidas para ampliar la oferta, facilitar ayudas fiscales y financiación, regular los alquileres y proteger a los inquilinos. Entre las iniciativas anunciadas figuran la entidad pública Casa 47, préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda y una prórroga extraordinaria de contratos de alquiler. El Ejecutivo vincula los resultados del barómetro con su orientación política. Esa lectura es una valoración del Gobierno y no demuestra que los encuestados apoyen todas sus medidas.
El PP rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y propone priorizar la construcción, movilizar suelo, reducir impuestos y agilizar trámites. El partido atribuye las dificultades de acceso a la falta de oferta y critica la intervención pública. Son argumentos de la oposición sobre la política de vivienda; las cifras del barómetro miden respuestas a propuestas concretas y no resuelven el debate sobre sus efectos.
Los porcentajes muestran un apoyo amplio a algunas medidas fiscales y de aumento de la oferta, junto con un rechazo mayoritario a expropiar viviendas vacías. La cifra general sobre la intervención estatal refleja una preferencia amplia, pero las respuestas a las medidas concretas dibujan un panorama más diverso.
