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La manifestación por la vivienda celebrada el sábado 3 de octubre en Madrid pidió reducir los alquileres y avanzar hacia una huelga general. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, dijo que el paro sería «pronto» y que la fecha se fijaría junto con los sindicatos. UGT y CCOO aún no habían decidido cómo responder. La protesta tuvo lugar un día después de que el Congreso rechazara dos decretos del Gobierno sobre vivienda.
Una marcha y dos estimaciones
La marcha recorrió Madrid en cuatro columnas que confluyeron en Cibeles. La Delegación del Gobierno calculó que asistieron 70.000 personas y el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra a 500.000. Son estimaciones de cada entidad, no un recuento común. Las crónicas de EFE y Europa Press que difundieron las cifras no detallaron métodos comparables para calcular la asistencia.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocó movilizaciones en más de 50 ciudades, según EFE. En Madrid, la marcha llevaba el lema «Hacia la huelga general» y reclamó bajar el precio de los alquileres. EFE recogió también una proclama que pedía expropiar sin indemnización a fondos, bancos y grandes propietarios. Esa consigna no permite atribuir la propuesta a todos los asistentes.
Racu afirmó que su organización mantenía conversaciones con UGT y CCOO. En declaraciones recogidas por la Cadena SER, Gonzalo Álvarez, portavoz del sindicato madrileño, reclamó que cualquier Gobierno atendiera las demandas expresadas en la calle. La protesta reunió peticiones sobre el coste de la vivienda y una propuesta de movilización laboral que seguía pendiente de las decisiones sindicales.
Qué incluían los decretos rechazados
El viernes 2 de octubre, el Congreso rechazó dos decretos del Gobierno. Uno incluía la prórroga de contratos de alquiler. Los textos también contemplaban límites a las rentas, restricciones temporales a las compras de vivienda por grandes fondos y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos. El rechazo dejó ambos decretos sin convalidar; esas medidas no siguieron adelante mediante esos textos.
La votación no aprobó una medida nueva que los sustituyera. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo seguiría defendiendo sus propuestas y dijo que aún no había decidido los pasos siguientes. Antes de la votación, el presidente Pedro Sánchez había defendido las medidas como necesarias y destinadas a ofrecer soluciones. Son valoraciones del Gobierno; el rechazo parlamentario dejó los decretos sin convalidar.
El PP y Junts votaron en contra. Junts había pedido retirar los textos para negociar otro y sostuvo que no frenaban la especulación ni los desahucios. El PP criticó las medidas, aunque las declaraciones recogidas sobre la votación no precisaron un motivo concreto para su voto. Los partidos mantuvieron posiciones distintas sobre las propuestas, pero la votación resolvió el destino de esos dos decretos.
La decisión sindical sigue pendiente
El llamamiento de los colectivos de inquilinos plantea ahora una decisión para las centrales mayoritarias. UGT y CCOO mantenían abierta la posibilidad de una respuesta compartida y habían dejado la decisión en manos de sus órganos. Las organizaciones aún valoraban cómo movilizarse y no habían anunciado una fecha de huelga conjunta.
Racu dijo que esperaba una huelga próxima y que la fecha se fijaría junto con los sindicatos. Esa expectativa no equivale a un calendario anunciado: al terminar la jornada de la manifestación, UGT y CCOO seguían deliberando. La protesta expuso las demandas de los convocantes. El rechazo de los decretos y la falta de una decisión sindical mantuvieron abiertos el debate parlamentario y el laboral, cada uno por una vía distinta.
