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Una familia pudo permanecer en su vivienda de Murcia después de que una comisión judicial suspendiera el lanzamiento previsto para el lunes 28 de septiembre de 2026. La suspensión dio margen para negociar la compra del piso, con una oferta inicial de 45.000 euros, según la abogada de los residentes. Al publicarse las crónicas de aquel día, la negociación seguía pendiente y no constaba una compraventa cerrada.
La comisión llegó a la vivienda para ejecutar el desalojo. Según la SER, se reunió con la familia y su abogada antes de detener la actuación. EL PAÍS situó en la calle el acuerdo para suspender el lanzamiento e intentar alcanzar una solución. La familia continuó en el piso ese día.
Las crónicas de la SER y EL PAÍS no precisan el alcance jurídico de la suspensión ni detallan el fundamento del procedimiento. La SER habló de una pausa de al menos un mes; The Objective y laSexta la describieron como indefinida. Esas descripciones no concretan las condiciones de la suspensión. Las noticias de la SER y EL PAÍS del 28 de septiembre no indican una nueva fecha de lanzamiento.
Una oferta pendiente de tasación
La negociación de la compra partía de los 45.000 euros ofrecidos por la familia. Su abogada explicó, según EL PAÍS y laSexta, que la propiedad pedía el doble, 90.000 euros. Ambas cantidades proceden del relato de la abogada sobre las posiciones de las partes, sin que se hubiera comunicado un precio pactado.
La oferta familiar podía cambiar. Según EL PAÍS, la abogada había solicitado una tasación de la vivienda y estaba dispuesta a elevar la propuesta en función del resultado. Planteaba usar esa valoración como referencia para revisar la cantidad inicial. No había anunciado qué importe ofrecería después de la tasación.
EL PAÍS señaló que, cuando llegó la comisión judicial, la propuesta todavía no había recibido respuesta. Esa descripción corresponde al momento previo a la suspensión. La SER informó de conversaciones ya iniciadas y de diferencias aún pendientes de resolver entre la familia y la propiedad.
Un miembro de la familia aseguró a la SER que contaban con financiación bancaria para afrontar la compra. La cadena no detalló las condiciones de ese préstamo. La afirmación sobre la financiación procede de los residentes y no concreta cómo se ajustaría la operación si la oferta aumentara tras la tasación.
Las crónicas de la SER y EL PAÍS del 28 de septiembre no incluyen declaraciones directas de la propiedad sobre el lanzamiento, los pagos del alquiler o la propuesta de compra. La cantidad que supuestamente reclamaba la empresa se conoce por la versión de la abogada, sin una confirmación de la propietaria en esas publicaciones.
Una prórroga anterior hasta septiembre
El lanzamiento del lunes tenía un antecedente publicado meses antes. El 30 de junio, la SER informó de una prórroga de tres meses que permitía a la familia permanecer en la vivienda hasta el 28 de septiembre. Esa era también la fecha prevista para el desalojo que finalmente se suspendió.
EL PAÍS situó en julio la primera notificación de desahucio y señaló que figuraba a nombre del arrendador anterior. LaSexta recogió esos mismos datos. La crónica de EL PAÍS no vincula esa notificación con la prórroga que la SER había anunciado en junio. Las dos publicaciones ofrecen antecedentes sin explicar su relación procesal.
El alquiler y los cambios de propietario
La familia sostiene que pagó el alquiler con regularidad y que siguió abonándolo al arrendador original sin saber que el piso había cambiado de propietario. Esa es la versión de los residentes recogida por la SER, EL PAÍS y laSexta.
Según EL PAÍS, el contrato inicial se había firmado con un particular. El diario identifica a Blossom Properties como propietaria actual y sitúa el cambio de titularidad aproximadamente dos años antes. La SER relata un paso intermedio por un banco, que después habría vendido el inmueble a un fondo. EL PAÍS no desarrolla esa etapa de la transmisión.
Tras la suspensión del 28 de septiembre, la familia permanecía en la vivienda mientras intentaba comprarla. La negociación descrita por la SER seguía abierta, y la abogada mantenía, según EL PAÍS, la posibilidad de revisar la oferta a partir de la tasación.
