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Pedro Sánchez defendió en un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) que su política de vivienda continúe y se refuerce. Según las crónicas del acto, vinculó su expectativa de lograr una mayoría progresista al apoyo a esa política. La Diputación Permanente tiene pendiente la convalidación de dos decretos: uno está en vigor desde el 8 de octubre; el otro, sobre la duración de los contratos de vivienda habitual, entraría en vigor el 15 de noviembre si es convalidado.
Sánchez recordó a una mujer de 87 años que murió días después de ser desalojada. También defendió que las medidas protegen a inquilinos y pequeños propietarios, y acusó al PP de enfrentar a ambos grupos. La decisión parlamentaria determinará si las normas continúan; su aplicación depende de las condiciones que fija cada decreto.
Las medidas que ya están en vigor
El decreto que entró en vigor el 8 de octubre reúne medidas sobre desahucios, contratos de temporada y por habitaciones, alquiler asequible e incentivos fiscales. También restringe hasta finales de 2030 determinadas compras de viviendas por algunas entidades y por grandes tenedores que sean personas jurídicas. La limitación afecta a adquisiciones por debajo del 70 % del valor de mercado e incluye excepciones, entre ellas ciertos destinos sociales. No establece una prohibición general de comprar viviendas.
En algunos procedimientos de desahucio, el juzgado puede suspender el proceso si el hogar acredita vulnerabilidad y carece de alternativa habitacional. Para determinados propietarios, la norma también exige que la Administración no haya ofrecido una vivienda adecuada. La suspensión no es automática: el tribunal debe comprobar si se cumplen los requisitos previstos.
Si acuerda la suspensión en los supuestos regulados, el tribunal puede fijar una compensación para el demandante por determinados gastos. La norma contempla excepciones para algunos propietarios vulnerables con dos viviendas o menos, aunque no detalla el alcance concreto de esa excepción.
El decreto también establece un plazo para que la Administración actúe en ciertos procedimientos por impago. Si el inquilino acredita vulnerabilidad y no recibe una alternativa habitacional, la Administración dispone de dos meses para ofrecerla o pagar o consignar las cantidades reclamadas. Si no lo hace, puede quedar subrogada en la posición deudora del arrendatario, conforme a los requisitos legales. El mecanismo se limita a esos procedimientos y no se aplica a cualquier lanzamiento.
El cambio de contrato depende de la votación
El segundo decreto modifica las prórrogas de los contratos de vivienda habitual una vez cumplida su duración mínima. Si ninguna de las partes comunica a tiempo su voluntad de terminarlo, prevé prórrogas sucesivas de cinco años cuando el arrendador sea una persona física y de siete cuando sea una persona jurídica. El arrendador puede comunicar que no quiere prorrogar el contrato.
En esos casos, el texto prevé una indemnización para el inquilino, sujeta a criterios y excepciones legales. Entre estas figuran los supuestos en que el arrendador o determinados familiares necesitan la vivienda. El decreto fija el 15 de noviembre como fecha de entrada en vigor, condicionada a su convalidación por la Diputación Permanente.
La votación llega después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre versiones anteriores de ambos decretos. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno aprobó dos nuevos textos. El 6 de octubre, Europa Press informó de que no había una fecha concreta para votar los decretos de vivienda. El PNV había rechazado la versión anterior sobre las prórrogas de los contratos.
El PP y Vox también se opusieron a las versiones anteriores. EFE recogió que Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de Vox, dijo en el debate que las medidas servirían para encarecer los precios. Las crónicas consultadas no confirmaron otras críticas atribuidas a dirigentes concretos.
La convalidación decidirá si se mantiene el decreto que ya está en vigor y si entra en vigor el cambio sobre la duración de los contratos. Sánchez ha defendido que su política de vivienda continúe; la decisión sobre ambos textos sigue pendiente.
