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El PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que amplíe el plazo de 48 horas para responder a un requerimiento sobre sus contrataciones de abogados y consultoras entre 2021 y 2025. El juzgado reclama documentos de los encargos realizados por los órganos centrales y territoriales del partido. El PSOE alega que necesita reunir información de sus federaciones y aclarar si parte de lo reclamado está protegida por el secreto profesional.
Las diligencias tratan de esclarecer si determinados pagos a profesionales o sociedades pudieron servir para hacer llegar fondos a una mujer investigada en la causa. Onda Cero y EL PAÍS presentan ese posible destino de los pagos como una hipótesis bajo investigación, no como un hecho probado. El juzgado reclama contratos y justificantes para comprobar los servicios contratados y la documentación asociada.
Qué documentos reclama el juzgado
Según informó EFE, Pedraz pidió la información por primera vez el 6 de octubre. El requerimiento seguía sin respuesta cuando lo reiteró el día 20 y dio al servicio jurídico del PSOE 48 horas para contestar. El partido solicitó más plazo después de esa reiteración.
El juzgado pide una relación de los letrados, despachos de abogados y consultoras contratados por el PSOE entre 2021 y 2025. Reclama información tanto de los órganos centrales como de los del resto del partido, por lo que la respuesta debe incluir contrataciones ajenas a la dirección federal. El PSOE sostiene que los datos no están centralizados y que debe recabarlos de sus federaciones.
El requerimiento incluye contratos y documentación de los encargos y de los trabajos realizados. La relación de profesionales permitirá identificar las contrataciones; los documentos asociados aportarán información sobre los servicios y su tramitación. El PSOE pide más tiempo para responder al conjunto del requerimiento y plantea dudas sobre la confidencialidad de parte de esos documentos.
La consulta sobre el secreto profesional
El PSOE comunicó al juez que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española antes de entregar la relación de profesionales y los documentos pedidos. Según el partido, identificar a un abogado podría permitir deducir el objeto de una actuación. Las notas de encargo o los justificantes, añade, podrían revelar asesoramiento o estrategias de defensa. El PSOE refiere ese posible efecto a información relativa a abogados externos, cargos y militantes. Son los motivos que expone para pedir la ampliación; el juez no ha decidido qué contiene cada documento.
El partido sostiene, además, que su servicio jurídico no puede determinar por sí solo en todos los casos qué información está protegida ni dispensar a los abogados de su deber de secreto. Según el PSOE, la consulta al Consejo de la Abogacía busca aclarar cómo aplicar esas obligaciones a la documentación reclamada. Afirma que quiere cumplir el requerimiento y que pedir más plazo no supone una negativa a colaborar con la Justicia.
El Estatuto General de la Abogacía Española protege con carácter general los hechos, comunicaciones, datos y documentos conocidos, emitidos o recibidos por los abogados en el ejercicio profesional. También prevé que el cliente pueda autorizarlos expresamente a revelar aquello que solo le afecte a él. Esas reglas enmarcan la duda del PSOE, aunque por sí mismas no permiten determinar qué contiene cada expediente reclamado por el juzgado.
A las dudas sobre la confidencialidad, el PSOE añade dos razones para pedir más tiempo. Afirma que debe reunir documentación de sus federaciones porque no dispone de todos los datos de forma centralizada. También alega que su actividad electoral reduce su capacidad de respuesta inmediata. Son argumentos del partido y el juez aún no ha resuelto si justifican una ampliación.
La decisión sobre el plazo
Onda Cero informó el 22 de octubre de que Pedraz había dado traslado de la solicitud a las partes personadas antes de decidir. La prórroga seguía entonces pendiente. La decisión fijará el plazo de respuesta al requerimiento documental. La hipótesis de que las contrataciones sirvieran para canalizar pagos a la mujer investigada seguirá siendo objeto de las diligencias.
El PP había pedido anteriormente que se investigara penalmente al PSOE como persona jurídica. Pedraz rechazó esa petición en una resolución del 9 de octubre porque consideró que las diligencias practicadas aún no aportaban un principio de prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal al partido. Aquella resolución se refería a la situación procesal del PSOE; la solicitud posterior se refiere al tiempo que tendrá para entregar los documentos.
El juzgado debe decidir ahora si concede más plazo al PSOE para reunir y presentar la documentación. El examen de los contratos y justificantes forma parte de las diligencias con las que Pedraz busca esclarecer la hipótesis de los pagos. La resolución del 9 de octubre no acreditó esa hipótesis. Tampoco decidió sobre la solicitud de ampliación presentada después.
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