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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sostiene que las autoridades marroquíes conocían antes del 30 de julio de 2026 las convocatorias para entrar en Ceuta y sabían que aumentaba la presencia de personas cerca de la frontera. En un informe remitido a la jueza María Tardón, considera insuficiente el despliegue marroquí y califica de pasiva la actuación de sus unidades al comienzo de la entrada. Son valoraciones del servicio español, no conclusiones judiciales.
El Gobierno anunció recursos para la seguridad, la acogida, los servicios públicos y la actividad económica de Ceuta tras la entrada. También surgió una controversia sobre qué avisos recibieron las autoridades y cómo respondieron. La jueza ha pedido informes para esclarecer si la entrada fue una acción concertada. La cuestión sigue abierta.
El aviso del 29 de julio
Según el CNI, los servicios policiales y de inteligencia marroquíes conocían los llamamientos difundidos en redes sociales para cruzar hacia Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono. El servicio español sostiene asimismo que esas autoridades sabían que aumentaba la presencia de personas en las inmediaciones de la ciudad.
La relación de comunicaciones publicada por La Moncloa registra una nota urgente enviada por el CNI a las 18.26 del 29 de julio a dos servicios de inteligencia marroquíes, DGST y DGED. Las comunicaciones del CNI de ese día recogían avisos sobre intentos de entrada al día siguiente y sobre grupos de Facebook y WhatsApp que los alentaban. El registro sitúa el aviso antes de los hechos; no establece qué medidas adoptaron los servicios marroquíes tras recibirlo.
La documentación oficial recoge también comunicaciones previas del CNI con el gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. Esos contactos muestran que hubo avisos a ambos lados de la frontera. Sobre su alcance, Pedro Sánchez sostuvo después ante el Congreso que los informes recibidos por el Gobierno no permitían prever una entrada de aquella magnitud. Para valorar la respuesta de cada administración, hay que distinguir entre la existencia de avisos y la capacidad de anticipar la escala de lo ocurrido.
La actuación en la frontera
El CNI describe el dispositivo marroquí como limitado en medios para contener a las personas concentradas cerca de la frontera. Atribuye una actitud pasiva a las unidades desplegadas al comienzo de las entradas por tierra y mar el 30 de julio. La descripción procede del informe del servicio español.
El CNI relaciona parte de la insuficiencia del despliegue con la prioridad dada a la seguridad de los actos de la Fiesta del Trono en Rincón, donde se encontraba Mohamed VI. Esa es la explicación que ofrece sobre las prioridades marroquíes. El informe no atribuye a las autoridades de Marruecos la organización o promoción de la movilización. La investigación examina una posible acción concertada; conocer de antemano las convocatorias y organizar la entrada son hechos diferentes.
La hipótesis bajo investigación
La jueza Tardón pidió un informe policial para esclarecer si la entrada fue una acción concertada. Un documento elaborado por una unidad de la Policía Nacional describe la movilización como planificada y plantea una posible implicación de agentes marroquíes. Es una hipótesis policial sometida al examen judicial, no una responsabilidad establecida por la jueza.
El informe del CNI expone los avisos y valora la respuesta marroquí en la frontera. El policial plantea una hipótesis sobre la planificación. Ambos forman parte de una investigación cuyas diligencias se abrieron tras una denuncia. Ni su apertura ni la recepción de los informes acreditan por sí solas que se produjera la acción concertada que se investiga.
Las posiciones de España y Marruecos
En su comparecencia ante el Congreso del 3 de septiembre, Sánchez afirmó que el Gobierno no había recibido pruebas para concluir que las autoridades marroquíes diseñaran o ejecutaran la entrada. Reconoció un periodo de falta de control por parte de la gendarmería marroquí y dijo que debía aclararse si respondió a incapacidad o a inacción. Sus declaraciones precedieron a la publicación de las conclusiones del CNI el 16 de octubre.
El Ministerio de Exteriores marroquí rechazó en septiembre las acusaciones sobre una posible implicación de sus autoridades. Sostuvo que no había pruebas contra ellas y pidió una investigación exhaustiva. EFE precisó que aquel comunicado no mencionaba específicamente el cruce masivo hacia Ceuta, una precisión que limita el alcance de la respuesta marroquí en esta controversia.
Alberto Núñez Feijóo anunció una comisión de investigación del PP en el Senado para esclarecer cómo ocurrió la entrada y cómo se respondió. La investigación judicial no ha establecido que el Gobierno español conociera de antemano la magnitud de lo que iba a ocurrir ni que dejara de actuar deliberadamente.
Los recursos anunciados para Ceuta
La respuesta a la entrada también afecta a las cuentas públicas. El Ministerio de Economía anunció un plan para movilizar 309 millones de euros durante lo que quedaba de 2026, con medidas dirigidas a la actividad económica, la seguridad, la acogida y los servicios públicos de Ceuta. Los 309 millones son recursos anunciados por el Gobierno, no una cifra de gasto ejecutado ni una estimación del coste total de la crisis.
El anuncio presupuestario recoge una consecuencia de la entrada para la ciudad. La investigación judicial sigue examinando quién organizó la movilización y cómo respondieron las autoridades a los avisos previos, cuestiones sobre las que el CNI, la Policía y los gobiernos han ofrecido distintas valoraciones.
