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ASAJA, COAG y UPA han anunciado movilizaciones en toda España ante el vencimiento, el 30 de septiembre, de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola. Las organizaciones reclaman una respuesta antes de esa fecha. El ministro de Agricultura, Luis Planas, las recibirá el 22 de septiembre, mientras el Gobierno trabaja en una nueva compensación todavía no aprobada ni concretada.
El sector tiene dos fechas inmediatas: la reunión con el Gobierno y el final de la ayuda vigente. Entre ambas tendrá que aclararse si habrá un nuevo apoyo y bajo qué condiciones.
Una ayuda con fecha límite
El Real Decreto-ley 18/2026 prorrogó la ayuda extraordinaria hasta el 30 de septiembre de 2026. Para el periodo comprendido entre julio y septiembre, el artículo 16 permite compensar hasta el 70% de la diferencia entre el precio semanal del gasóleo agrario y el precio de referencia fijado por la norma, con un límite máximo de 20 céntimos por litro.
El mecanismo no establece una cantidad igual para todas las compras. El importe depende de la diferencia registrada en cada periodo y queda sometido al tope legal. El límite no equivale necesariamente a cubrir todo el encarecimiento del combustible.
El comunicado conjunto difundido por UPA vincula el aumento del precio del gasóleo y de los fertilizantes con un incremento de los costes y una pérdida de rentabilidad. Esa es la posición de las organizaciones convocantes. La ayuda vigente ofrece un alivio calculado con una fórmula variable, pero su continuidad después del 30 de septiembre sigue pendiente.
A partir del 1 de octubre, el mecanismo actual dejará de aplicarse salvo que se adopte otra medida. El Gobierno no había comunicado el 18 de septiembre una cuantía concreta ni una alternativa aprobada.
El precio medio no equivale a la factura de cada explotación
El informe semanal del Ministerio de Agricultura correspondiente al 7 de septiembre registra una media nacional de 1,405 euros por litro, con impuestos. La tabla distingue entre la venta al público y la venta restringida de las cooperativas agrarias, y ofrece medias ponderadas para esos canales. La cifra sirve como referencia nacional, pero no describe necesariamente el precio pagado por cada agricultor.
Aplicada de forma orientativa a un depósito de 300 litros, esa media equivaldría a 421,50 euros. El informe del 23 de febrero de 2026 registraba 0,965 euros por litro; con ese valor, el mismo volumen habría supuesto 289,50 euros. La diferencia matemática entre ambas referencias es de 132 euros.
El cálculo muestra la variación entre dos medias oficiales, no el sobrecoste anual de una explotación concreta. El consumo de combustible está ligado a las labores que cada organización menciona —como la preparación de tierras, la siembra, la cosecha o el transporte—, pero las cifras disponibles en este informe no permiten trasladar esa media a una factura individual.
Una movilización nacional aún sin calendario
Las tres organizaciones anunciaron las movilizaciones el 18 de septiembre y dijeron que tendrían alcance nacional. En ese momento todavía no habían comunicado las fechas ni los lugares concretos. El anuncio expresa la presión del sector ante la proximidad del vencimiento, pero no permite conocer aún cómo se desarrollarán las protestas.
La respuesta institucional tiene, por ahora, una fecha fijada. Planas ha convocado para el martes 22 de septiembre a ASAJA, COAG, UPA, Unión de Uniones y las cooperativas agroalimentarias. La reunión abordará el impacto de la energía y de los mercados internacionales sobre el sector, según la información difundida sobre la convocatoria.
Planas también afirmó que el Gobierno trabaja con Economía y Hacienda en una nueva compensación. La medida está en preparación y no es una ayuda aprobada. Su cuantía, su fórmula y su límite quedan pendientes de las conversaciones con las organizaciones agrarias.
Las próximas campañas
El anuncio llega mientras las organizaciones sitúan el problema en varias campañas próximas: las siembras de otoño, la vendimia, la cosecha de maíz y la recogida de la aceituna. No todas las explotaciones afrontan las mismas tareas ni compran el combustible en las mismas condiciones, de modo que el calendario agrario no se traduce en una factura común.
La cuestión que llega a la reunión del día 22 es, por tanto, concreta: qué apoyo sustituirá, si se aprueba alguno, al mecanismo que termina ocho días después. ASAJA, COAG y UPA han convertido esa incertidumbre en el motivo de sus movilizaciones. El Gobierno ha anunciado que estudia una respuesta, pero al 18 de septiembre aún no había comunicado sus detalles.
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