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La huelga general por la vivienda convocada para el miércoles 11 de noviembre tendrá lugar dos días antes del inicio de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones generales. CCOO y UGT relacionan el coste de la vivienda con los salarios y las condiciones laborales. Las organizaciones de inquilinos reclaman cambios en el mercado residencial. El PP cuestiona la fecha y la patronal sostiene que las medidas de vivienda corresponden principalmente a las administraciones.
Qué piden los convocantes
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CCOO y UGT, junto con otras centrales, acordaron un paro de 24 horas en una reunión celebrada el miércoles 7 de octubre. Entre las organizaciones participantes figuran CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas. La fecha del 11 de noviembre la propusieron las organizaciones de inquilinos.
CCOO y UGT sostienen que los salarios no bastan para afrontar el coste de la vivienda y otros gastos. En su llamamiento piden subidas salariales, reducción de jornada, mejoras de salud laboral, medidas contra la precariedad y el desbloqueo de la negociación colectiva. También reclaman a las administraciones medidas contra la especulación y el aumento de los precios de la vivienda.
Las organizaciones de inquilinos proponen contratos de alquiler indefinidos, bajadas de precios, un parque público de vivienda y límites a la compra especulativa. Son propuestas sobre el mercado residencial. Las centrales sindicales añaden demandas laborales dirigidas a las relaciones entre trabajadores y empresas. La convocatoria reúne estas reivindicaciones distintas en un mismo llamamiento.
La CEOE cuestiona que las demandas sobre vivienda sean esencialmente laborales. La patronal sostiene que las medidas corresponden principalmente a las administraciones y que la protesta traslada costes a empresas y trabajadores. CCOO y UGT presentan el acceso a la vivienda como una cuestión que afecta a las rentas del trabajo y justifican así su participación sindical.
Una fecha próxima a la campaña
El decreto electoral publicado en el BOE fija el comienzo de la campaña a las cero horas del 13 de noviembre y las elecciones para el domingo 29. El paro será dos días antes del inicio oficial de la campaña, no en su víspera.
La portavoz del PP Ester Muñoz ha cuestionado el momento y acusado a la izquierda de impulsar la convocatoria para influir en las elecciones. Esa es la interpretación del PP. La cercanía entre la huelga y la campaña no establece por sí sola la intención de las organizaciones convocantes.
La CEOE también ha criticado la convocatoria. La patronal sostiene que la huelga señala al Gobierno y a su gestión, y cuestiona que las demandas sean esencialmente laborales. En el comunicado citado por las informaciones sobre el paro no la califica de «electoral»: centra su objeción en las competencias de las administraciones y en los costes para empresas y trabajadores. Los sindicatos explican la movilización por el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales.
El Gobierno ha dicho que respeta el derecho constitucional de los sindicatos a convocar una huelga por los motivos que consideren. Pedro Sánchez defendió las medidas de vivienda del Ejecutivo y criticó a los grupos que rechazaron decretos anteriores en el Congreso. Los convocantes han reclamado actuaciones a las administraciones con competencias en vivienda, aunque esa referencia no aclara por sí sola a quién dirigen cada una de sus demandas. La CEOE sostiene que la protesta también señala al Gobierno.
CSIF no se suma
CSIF ha anunciado que no secundará el paro. El sindicato considera que la vivienda es un problema transversal y sostiene que las elecciones son un cauce para presentar propuestas políticas. Varias organizaciones sindicales han acordado la huelga; CSIF se desmarca.
La convocatoria será de 24 horas, pero las informaciones sobre el acuerdo no precisan qué sectores o ámbitos concretos se verán afectados ni ofrecen una previsión de participación. Los convocantes vinculan vivienda y condiciones laborales. La patronal atribuye a las administraciones la responsabilidad principal sobre las medidas de vivienda, y el PP cuestiona el calendario elegido.
