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El Sindicato de Inquilinas propuso el 11 de noviembre para la huelga general por la vivienda. Anunció que llevaría la fecha a una reunión con los sindicatos, prevista para este miércoles a las 19.00 en Madrid, y que comunicaría la decisión después. Cadena SER informó de que la fecha se haría oficial tras el encuentro. El País publicó que las organizaciones ya habían acordado el día. Así, parte de la cobertura daba la fecha por acordada, aunque el anuncio formal estaba previsto para después de la reunión.
CCOO y UGT habían anunciado un acuerdo para convocar un paro de 24 horas en otoño. Según EFE, el pacto aún debía ser ratificado por los máximos órganos de dirección de ambas centrales. La fecha definitiva se trataría con el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales. El respaldo a la convocatoria, la ratificación interna y la comunicación formal son pasos distintos. El anuncio de un paro no sustituye los trámites previstos para convocarlo.
Apoyos y rechazos entre los sindicatos
ELA, LAB y CIG han expresado su apoyo a la convocatoria, según publicó El País. CGT también figura entre las organizaciones que la respaldan. Intersindical Asturiana manifestó su apoyo y su disposición a sumarse, pero su decisión estaba pendiente de ratificación. La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales declaró que respaldaba la iniciativa.
CSIF anunció que no secundaría el paro. El sindicato defendió que las elecciones eran un cauce adecuado para plantear propuestas sobre vivienda. USO también rechazó apoyar la convocatoria y objetó que se celebrara el mismo día que las elecciones generales. Los sindicatos que reclaman medidas sobre vivienda mantienen posiciones distintas sobre la convocatoria.
Vivienda, salarios y negociación colectiva
CCOO y UGT relacionan el acceso a la vivienda con los salarios y el poder adquisitivo. Entre sus reivindicaciones figuran medidas públicas de vivienda, la ampliación del parque protegido y límites a los alquileres. También reclaman cambios en la negociación colectiva, como desbloquear convenios. Las centrales presentan estas demandas como razones para convocar la protesta. La convocatoria no resuelve el desacuerdo sobre qué medidas corresponden a las administraciones ni qué papel deben tener empresas y sindicatos.
Las organizaciones empresariales critican ese planteamiento. CEOE y Cepyme sostienen que las políticas de vivienda son responsabilidad de las administraciones y rechazan que empresas, trabajadores y actividad económica asuman el coste de un paro que, a su juicio, se dirige contra el Gobierno. Las patronales también cuestionan que las reivindicaciones sean esencialmente laborales. Son objeciones que expresan su posición; no resuelven la legalidad de la huelga.
El marco legal y el salario durante el paro
El Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo exige comunicar la huelga por escrito con al menos cinco días naturales de antelación. Para ciertos servicios públicos, el plazo es de diez días. La norma considera ilegal una huelga motivada por fines políticos o ajenos al interés profesional. CEOE ha expresado reservas sobre el encaje jurídico de la convocatoria. La organización empresarial señaló que aún no se había formalizado y que valoraría su contenido cuando se completara ese trámite. No consta una decisión judicial sobre esta convocatoria.
Los trabajadores que secunden una huelga suspenden su contrato y pierden el salario correspondiente al tiempo de paro. La regulación protege la libertad de quienes no se sumen y limita la sustitución de huelguistas por personas que no estuvieran vinculadas previamente a la empresa, con las salvedades legales. El paro de 24 horas anunciado por CCOO y UGT tendría consecuencias directas para quienes participen, aunque la fecha propuesta aún debía comunicarse formalmente.
El Gobierno defendió el derecho constitucional de huelga. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, criticó el momento elegido y calificó la convocatoria de maniobra política ligada a las elecciones. Las demandas sindicales sobre vivienda y salarios coinciden con las objeciones empresariales sobre el carácter laboral del paro y con las críticas políticas a su calendario. El 11 de noviembre sigue siendo la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinas; CCOO y UGT mantienen el acuerdo de convocatoria, pendiente de ratificación interna.
