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La autorización española del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia sigue pendiente tras el rechazo del Senado. EFE, Euronews y EL PAÍS informaron de que la votación se celebró el 29 de septiembre, durante la visita de Estado de Emmanuel Macron, y terminó con 142 votos en contra, 106 a favor y una abstención. El Congreso había autorizado el acuerdo en junio. La discrepancia entre las dos Cámaras sigue sin resolverse.
El tratado se firmó en Barcelona el 19 de enero de 2023. El Congreso lo autorizó el 18 de junio de 2026, según el registro parlamentario. En junio de ese año, el portavoz del Ministerio francés de Exteriores afirmó que Francia ya lo había ratificado. El acuerdo aún no ha entrado en vigor: su artículo 36 exige que los dos países comuniquen que han completado sus procedimientos internos.
El Senado lo rechazó después de que el Tribunal Constitucional concluyera que el artículo 2.4 no contradice la Constitución. Esa cláusula prevé invitar periódicamente a un miembro de cada Gobierno a reuniones del Ejecutivo del otro país. El pronunciamiento constitucional resolvió la cuestión de constitucionalidad planteada, pero no sustituyó la autorización parlamentaria del tratado.
La discrepancia entre las Cámaras
El artículo 74.2 de la Constitución establece cómo resolver las discrepancias entre el Congreso y el Senado sobre la autorización de tratados. Prevé una comisión mixta, con el mismo número de diputados y senadores, que propone un texto para que lo voten ambas Cámaras. Si no lo aprueban, decide el Congreso por mayoría absoluta.
El Congreso autorizó el tratado en junio, pero el rechazo del Senado mantiene abierto el trámite. La discrepancia parlamentaria aún debe resolverse y el procedimiento español debe completarse antes de que España pueda notificar que ha cumplido sus requisitos internos. El tratado establece que entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la recepción de la última notificación. La fecha dependerá de cuándo se complete ese proceso en ambos países.
En el Senado, el debate también se centró en el alcance político del acuerdo y en el significado de la cláusula sobre las reuniones de los Gobiernos. La senadora del PP Pilar Rojo defendió que el tratado debía contar con garantías jurídicas e institucionales y cuestionó la necesidad de aclarar la cláusula mediante cartas entre los dos Gobiernos, según la cobertura de Cadena SER y EL PAÍS. El Constitucional concluyó que la disposición era compatible con la Constitución. El PP mantuvo su voto en contra.
Vox también votó en contra. Según EL PAÍS, su senador Ángel Pelayo Gordillo relacionó la oposición de su grupo con las referencias del acuerdo a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París. La socialista Concha Andreu sostuvo que el pronunciamiento constitucional había despejado las dudas sobre la cláusula. El PNV defendió las disposiciones de cooperación transfronteriza, mientras que Junts consideró insuficiente la ambición del acuerdo sobre conexiones ferroviarias y por carretera, según el mismo diario. UPN se abstuvo, según EFE, Euronews y EL PAÍS.
Qué prevé el acuerdo
El tratado establece una cumbre bilateral anual y consultas periódicas entre los ministerios de Exteriores. También contempla cooperación en seguridad, migración, educación, ciencia, energía, transporte, sanidad y asuntos sociales. Estos mecanismos permiten coordinar la relación entre ambos países; el acuerdo no fija por sí mismo el resultado de las decisiones que se adopten en cada materia.
Para las zonas fronterizas, prevé un comité consultivo que seguirá la estrategia de cooperación, propondrá proyectos y sugerirá soluciones cuando las diferencias normativas dificulten iniciativas conjuntas. El texto contempla también una hoja de ruta plurianual y un calendario acordado para desarrollar proyectos de interconexión. No enumera obras concretas ni establece una lista cerrada de inversiones.
Estos mecanismos fijan un marco de coordinación y propuesta. El tratado no concede por sí mismo nuevas prestaciones a los residentes de las zonas fronterizas ni garantiza la construcción de una conexión determinada. La ejecución de proyectos dependerá de decisiones posteriores de las administraciones competentes. La autorización pendiente afecta a la entrada en vigor de ese marco bilateral, cuyas previsiones no se convierten automáticamente en servicios o infraestructuras concretas.
