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El rey Mohamed VI nombró el martes 29 de septiembre de 2026 a Fátima Ezzahra El Mansouri jefa del Gobierno de Marruecos y le encargó formar el Ejecutivo, según el comunicado del gabinete real citado por EFE. Es la primera mujer que ocupa el cargo. Su partido, el PAM, ganó las elecciones, pero deberá reunir apoyos parlamentarios para aprobar un programa con el que afrontar sus compromisos sobre poder adquisitivo, empleo y servicios públicos.
El Mansouri, coordinadora de la dirección colegiada del Partido de la Autenticidad y la Modernidad, anunció el inicio de las consultas y expresó su disposición a dialogar con todas las fuerzas políticas, según EL PAÍS. El nombramiento se produjo cuatro días después de la publicación de los resultados definitivos, el 25 de septiembre.
Los apoyos necesarios para la investidura
El PAM obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, según los resultados definitivos del Ministerio del Interior. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI) quedó segunda, con 66; Istiqlal consiguió 65 y el Partido de la Justicia y el Desarrollo, 54. Ninguna formación alcanzó la mayoría absoluta.
El artículo 88 de la Constitución establece que el programa gubernamental se presenta ante las dos cámaras para su debate. La confianza corresponde a la Cámara de Representantes y exige el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros: 198 diputados. Si cuenta con todos los votos del PAM, El Mansouri necesitará al menos 101 apoyos de otras formaciones.
Una alianza con RNI e Istiqlal sumaría 228 escaños, 30 por encima del umbral. Ambos partidos fueron socios del PAM en la legislatura anterior, según EL PAÍS, que plantea la posibilidad de reeditar esa coalición. Según la información publicada por el diario el 29 de septiembre, la formación del Gobierno sigue en la fase de consultas, sin un pacto anunciado.
Las competencias del Gobierno y del rey
Además del respaldo parlamentario, la formación del Ejecutivo sigue el procedimiento del artículo 47 de la Constitución. Este encomienda al rey elegir al jefe del Gobierno dentro del partido que queda primero en las elecciones a la Cámara de Representantes. El monarca nombra a los ministros a propuesta de quien encabeza el Ejecutivo.
El reparto de competencias también afecta a la aplicación del futuro programa económico. Los artículos 48 y 49 atribuyen al rey la presidencia del Consejo de Ministros, que trata las orientaciones estratégicas del Estado y las directrices generales del proyecto de ley de presupuestos. El artículo 89 dispone que el Gobierno ejerce el poder ejecutivo y aplica su programa.
El coste de las promesas electorales
El programa electoral del PAM para 2027-2031 incluye propuestas sobre poder adquisitivo, empleo juvenil y servicios públicos. El partido estima un coste adicional acumulado de unos 350.000 millones de dírhams durante esos cinco años. La cifra corresponde al conjunto del periodo y es una estimación electoral, no una dotación presupuestaria aprobada.
El PAM prometió crear al menos un millón de puestos de trabajo netos para 2031, según la cobertura de su programa publicada por Hespress. Esa cantidad es el objetivo electoral del partido.
Hespress también atribuye al PAM la previsión de financiar parte de sus compromisos con ingresos adicionales generados por el crecimiento económico. Son recursos que el partido espera obtener. Tanto el objetivo de empleo como esa financiación dependen de sus previsiones. El coste estimado no determina las partidas ni las cantidades que se consignarán en los presupuestos.
Su posición sobre España y los menores de Ceuta
Antes de recibir el encargo de formar Gobierno, El Mansouri había expuesto su posición sobre las relaciones con España y el retorno de los menores de Ceuta. En declaraciones recogidas por EFE el 24 de septiembre, describió la relación bilateral como histórica y necesaria y defendió mantenerla a un nivel alto. Según la información citada de Cadena SER sobre esas declaraciones, pidió trabajar con el Gobierno español para que los menores regresen a Marruecos con sus padres.
El debate se produce tras la llegada de migrantes a Ceuta que EL PAÍS sitúa los días 30 y 31 de julio de 2026. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sostuvo que la mayoría de los menores quiere quedarse en España y que la legislación española los protege, según las declaraciones publicadas el 21 de septiembre por EL PAÍS y Cadena SER.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defendió priorizar el reagrupamiento familiar. También aceptó los traslados a la Península cuando se agoten las vías para el retorno y este no sea posible, según recogió Cadena SER el 24 de septiembre.
El artículo 35.5 de la Ley de Extranjería exige un informe sobre las circunstancias familiares antes de iniciar el procedimiento de repatriación. Una vez iniciado, prevé escuchar al menor si tiene suficiente juicio y recabar informes de los servicios de protección y de la Fiscalía. La Administración debe resolver sobre el retorno o la permanencia atendiendo a su interés superior. Su voluntad forma parte de la valoración, pero no determina por sí sola el resultado: la decisión requiere una resolución individual.