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Un plan que aún no cambia los trámites
La Comisión Europea ha presentado un paquete de movilidad laboral justa con tres líneas de actuación: digitalizar documentos de Seguridad Social, facilitar la comparación y el reconocimiento de cualificaciones y reforzar la cooperación frente a abusos laborales transfronterizos.
Para quienes trabajan entre países de la Unión, el posible efecto sería principalmente administrativo. Algunos documentos podrían solicitarse, recibirse, guardarse y presentarse por medios digitales. Pero el plan sigue siendo una propuesta: el Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar las medidas y estas han de entrar en vigor antes de que produzcan sus efectos.
La propuesta deja así abiertas dos cuestiones: qué trámites cambiarían si el paquete sale adelante y qué seguiría bajo responsabilidad de cada Estado.
El A1 y la tarjeta sanitaria, en una cartera digital
Una de las propuestas prevé crear el pasaporte europeo de Seguridad Social, conocido como ESSPASS. El texto plantea que determinados documentos puedan solicitarse y recibirse por internet, entre ellos la tarjeta sanitaria europea y el formulario A1.
El A1 certifica qué legislación de Seguridad Social se aplica a un trabajador en una situación laboral transfronteriza. La propuesta prevé que estos documentos puedan incorporarse a la cartera europea de identidad digital, desde la que se guardarían y presentarían. También permitiría a las administraciones comprobar su autenticidad.
El texto propone además que la tarjeta sanitaria europea se emita en un plazo máximo de 24 horas cuando la solicitud esté completa. Ese plazo se refiere a la emisión de la tarjeta, no a la validación de la solicitud.
La aplicación se plantea por fases y queda condicionada a la entrada en vigor del reglamento. Según el calendario difundido por la Comisión, el documento A1 digital llegaría un año después de esa entrada en vigor. La tarjeta sanitaria europea y otros documentos se incorporarían dentro de los tres años siguientes. Son plazos previstos para una reforma aún pendiente, no servicios disponibles.
ESSPASS no crearía un régimen único europeo de Seguridad Social. La propuesta se presenta como un complemento de los sistemas nacionales y no alteraría los derechos y obligaciones sustantivos existentes. La digitalización afectaría a la forma de tramitar y comprobar documentos; las prestaciones seguirían vinculadas a las reglas nacionales.
Reconocer títulos con menos pasos
El segundo eje se centra en las cualificaciones profesionales. La Comisión plantea credenciales digitales interoperables y verificables que puedan incorporarse a la cartera europea de identidad. También propone una herramienta de comparación basada en información de las bases de datos nacionales.
En las profesiones reguladas, el procedimiento digital de reconocimiento podría reducir, según la estimación de la Comisión, la duración del trámite de unos tres meses a cinco semanas. Es una previsión de la propuesta, no el resultado de una reforma ya aplicada.
La iniciativa también plantea ampliar el reconocimiento automático a nuevas profesiones reguladas. El material de la Comisión sitúa en diez el número preliminar de profesiones adicionales. La lista y su aplicación forman parte de la propuesta; por ello, el texto no las presenta como derechos ya vigentes.
Las autoridades del país de destino seguirían interviniendo en los procedimientos de reconocimiento. Estas continuarían comparando la duración y el contenido de la formación y podrían exigir medidas compensatorias, como una prueba de aptitud o un periodo de adaptación, cuando correspondiera. La cartera puede organizar el expediente, pero no convierte por sí sola una cualificación en una autorización para ejercer.
Cualificaciones obtenidas fuera de la Unión
Otra propuesta fija reglas comunes para cualificaciones obtenidas fuera de la Unión. El ámbito descrito incluye a ciudadanos europeos y a profesionales de terceros países que quieran acceder a una profesión en el mercado único.
La Comisión calcula que esos expedientes podrían pasar de una duración media de 14,2 meses a unos cuatro meses. También estima una reducción de los costes administrativos de entre el 35% y el 50%. Ambas cifras proceden de la evaluación de impacto y son proyecciones, no mediciones de un sistema ya operativo.
Agilizar el reconocimiento de profesiones reguladas dentro del marco europeo y establecer reglas comunes para cualificaciones obtenidas fuera de la Unión son procedimientos distintos. En los dos casos, la propuesta mantiene funciones para las autoridades nacionales y no equivale a una licencia automática general.
Más coordinación frente a los abusos laborales
El tercer eje afecta a la Autoridad Laboral Europea (ELA). La Comisión propone ampliar su capacidad para ayudar a los Estados a orientar inspecciones mediante análisis de riesgo, reforzar la cooperación transfronteriza y contar con enlaces nacionales especializados.
La reforma también ampliaría el campo de actuación de la autoridad a cuestiones relacionadas con los derechos de trabajadores de terceros países, el trabajo no declarado y la explotación laboral. Además, plantea mejorar la mediación entre Estados miembros cuando haya conflictos sobre la aplicación de las normas laborales.
Con este bloque, la Comisión completa el objetivo del paquete: facilitar los desplazamientos y el reconocimiento de cualificaciones sin que la actividad transfronteriza dificulte la actuación de las administraciones. La propuesta reforzaría la coordinación, pero no convierte las medidas en competencias ya ejercidas con arreglo a las nuevas reglas.
El siguiente paso: negociar cinco propuestas
El paquete consta de una comunicación y cinco propuestas legislativas. Incluye el reglamento de ESSPASS, la iniciativa sobre portabilidad digital de cualificaciones, el refuerzo de la Autoridad Laboral Europea y dos cambios en las normas de reconocimiento profesional, uno de ellos dedicado a las cualificaciones de nacionales de terceros países.
Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo negociar y adoptar los textos. Después, cada medida tendría su propio calendario de aplicación. Hasta entonces, los plazos de cinco semanas, cuatro meses o 24 horas describen objetivos y previsiones de una reforma propuesta, no trámites que los trabajadores puedan exigir ya.
El anuncio inicia una negociación sobre cómo compartir documentos, comparar títulos y coordinar controles laborales entre países; por ahora, no crea un nuevo derecho. El alcance final dependerá del contenido que aprueben ambas instituciones y de la entrada en vigor de las normas.
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