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Diez días después de que unas 72.000 personas entraran de forma irregular en Ceuta desde Marruecos, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad. El Gobierno admite el "desborde" del sistema de acogida de menores, la Fiscalía ha fijado por escrito cómo actuará si las comunidades rechazan el reparto y la Guardia Civil investiga llamamientos en redes a repetir la avalancha el próximo sábado. El balance provisional de la tragedia: 82 cuerpos recuperados del mar en el lado español, de los que solo seis tienen nombre.
El espigón del Tarajal: 82 cuerpos y seis identidades
La entrada masiva se produjo la mañana del 30 de julio, el Día del Trono de Marruecos. El jefe de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta, Julián Domínguez, describe picos de entre 60 y 100 personas por minuto en el espigón del Tarajal. El Instituto de Medicina Legal ha concluido las autopsias de los 82 fallecidos, cuya causa principal fue, según su director, Manuel Aparcero, la "asfixia mecánica por sumersión". Pese a que la Guardia Civil ha enviado las huellas a Marruecos para su cotejo, solo seis cuerpos han sido identificados: todos varones, mayores de edad y marroquíes.
Las cifras de víctimas no son unánimes. Las autoridades marroquíes elevan a 14 sus fallecidos y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) sitúa el total en 141 entre Ceuta y Melilla. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH) contabiliza 236 heridos (87 de ellos agentes de seguridad) y cerca de un centenar de detenidos, entre ellos 11 menores.
Tampoco hay acuerdo sobre cuántas personas permanecen en la ciudad. Interior mantiene que de las 72.000 entradas han regresado 70.000 y que quedan unas 2.000, una cifra que las entidades sobre el terreno discuten: solo en la playa del Trampolín, Cruz Roja repartió un día más de 2.500 raciones sin dar abasto. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, eleva el cálculo a entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular.
1.342 menores registrados para un sistema dimensionado para decenas
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró el viernes en 1.342 los menores registrados en el sistema de acogida y admitió que la situación ha pasado por "cierto desborde". Según las estimaciones del Gobierno ceutí, la cifra supera en un 2.600% la capacidad ordinaria de acogida de la ciudad, mientras organizaciones como Save the Children hablan de unos 1.100 menores. La Asociación de Vecinos de El Príncipe, que elabora censos improvisados, asegura haber recogido datos de 2.672 menores migrantes en un solo día.
El hacinamiento es la denuncia más repetida por los trabajadores. Comisiones Obreras cifra en 230, 400 y 200 los menores alojados en los centros Nueva Esperanza, Aljarafe y Triana, muy por encima de su capacidad, y reclama refuerzos de vigilancia. En Melilla, el comité del centro La Purísima describe "colapso, masificación y desamparo institucional", con una "falta extrema de salubridad", riesgo de brotes como la sarna y un módulo de primera acogida que, según el comité, "roza condiciones inhumanas", donde conviven niños de 11 y 12 años con jóvenes de casi 18. Ante la falta de plazas, el Ministerio habilitó dos colegios, Reina Sofía y Príncipe Felipe, para acoger de forma prioritaria a las niñas; más de un centenar pasó allí su primera noche.
Las denuncias de agresiones sexuales a menores
La crisis ha puesto también de manifiesto la vulnerabilidad de las niñas. Fuentes sanitarias citadas por RTVE afirman que los servicios médicos han atendido al menos a cuatro menores por agresión sexual y que los juzgados han registrado seis denuncias de mujeres migrantes por presuntos delitos de agresión sexual, sin que se precise cuántas corresponden a menores. Euronews, por su parte, asegura que el Hospital Universitario de Ceuta ha atendido a cinco niñas menores de 14 años por presuntas violaciones y que se han registrado más de una decena de casos compatibles, mientras la Policía Nacional investiga la presunta violación de una menor. La médica de Urgencias Susana Ascaso relataba en una entrevista que llegan "niñas violadas" y que muchas duermen en la calle porque no hay plazas.
Se trata de denuncias y testimonios de profesionales que hasta el momento no han derivado en detenciones ni condenas. El Ministerio de Igualdad ya había remitido una carta a la consejera ceutí de Sanidad, Nabila Benzina, advirtiendo del "riesgo extremo" de que las mujeres migrantes sufran violencia física o sexual o caigan en redes de trata. Save the Children reclama una identificación "activa y urgente" de las niñas ante el riesgo de "agresiones sexuales, trata y explotación".
El reparto autonómico: la ley, la Fiscalía y la rebelión de Vox
El plan del Gobierno pasa por trasladar a los menores a otras comunidades. Rego anunció que un equipo técnico del Ministerio se instalará en Ceuta a partir del 16 de agosto y que las derivaciones podrían comenzar "en pocas semanas"; la comisión sectorial de infancia se celebrará el 13 de agosto y la conferencia sectorial, a finales de mes. La ministra reconoció que "en esta ocasión será imposible cumplir los plazos" y que las ayudas económicas a Ceuta no se autorizarán hasta el 25 de agosto.
El mecanismo, obligatorio desde la reforma de la Ley de Extranjería de 2025, ha vuelto a abrir una brecha territorial. Los vicepresidentes de Vox en Extremadura, Castilla y León y Aragón (Óscar Fernández, Carlos Pollán y Alejandro Nolasco) comunicaron a Rego que no asistirán a la sectorial del día 13, rechazan el traslado de menores y anuncian que impugnarán judicialmente todo expediente que no concluya con el retorno a Marruecos. Vox sostiene que cumplir la ley es "devolverlos ya a Marruecos", mientras el PP asegura que sus gobiernos la aplicarán.
En ese contexto, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado una instrucción con pautas para los fiscales: si una comunidad rechaza o dilata la acogida, el fiscal del lugar de origen deberá informar al de destino con copia de la resolución de reubicación.
Vivas, mientras, insiste en que la solución pasa por el retorno: la situación es "absolutamente insostenible" y la "única salida" es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal, con el aviso de que "aquí no va a haber papeles". El presidente ceutí ha criticado al Gobierno: "la incompetencia el día de la avalancha fue clamorosa". Y reclama más efectivos y el mantenimiento del Ejército en las calles.
El 15 de agosto: una convocatoria "real" y una magnitud incierta
La última incógnita es si la avalancha se repetirá. La Guardia Civil ha analizado en un informe de fuentes abiertas los llamamientos que circulan en Facebook, WhatsApp e Instagram a una nueva entrada el 15 de agosto. Su conclusión: la convocatoria "es real" y "potencialmente movilizadora", pero el riesgo de materialización "es real, aunque su magnitud es incierta", y no está acreditado quién la lanzó ni que esté detrás el Gobierno marroquí. La investigación de VerificaRTVE, que ha analizado casi 6.000 mensajes en tres grupos de WhatsApp y cinco comunidades de Facebook, constata el lema "ese día todo cobrará sentido", ofertas de cruce a la península por 1.600 o 1.700 euros y un perfil mayoritariamente adolescente, de 14 a 17 años.
Mientras tanto, el dispositivo se ha blindado: barrera neumática flotante junto al espigón, dos fragatas de la Armada, 45 nuevos antidisturbios y drones de la Guardia Civil. Al otro lado, Marruecos ha reforzado Fnideq, y el CNDH atribuye la movilización del 30 de julio a la difusión en redes (23 grupos de Facebook con más de un millón de miembros) y a la interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en el mar. Rabat se ha mostrado dispuesto a acoger a los menores marroquíes si España elimina los "obstáculos judiciales y administrativos" que, según la fuente diplomática marroquí, lo impiden; Rego responde que "España no tiene ninguna traba".
Diez días después, Ceuta sigue con la mirada puesta en el mar y en las redes: 82 muertos sin nombre, centenares de menores sin filiar y una convocatoria cuya autoría, fecha y alcance nadie puede todavía garantizar.