En cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, declaramos que en la redacción o edición de este artículo pueden haberse utilizado sistemas de inteligencia artificial generativa.
Cuatro fines de semana después de que más de 70.000 personas entraran a nado desde Marruecos, la crisis abierta en Ceuta el 30 de julio sigue sin resolverse. Miles de migrantes continúan deambulando por las calles de la ciudad, durmiendo donde encuentran hueco y esperando una plaza, una respuesta judicial o un expediente que ordene su situación. La colaboración con Rabat se ha convertido en un pulso diplomático que incluye la negativa marroquí a recoger los cadáveres de sus nacionales y la reivindicación de soberanía sobre las dos ciudades españolas del norte de África.
El día a día de una ciudad desbordada
La imagen que mejor resume estas semanas es la de largas colas frente a dispositivos que no admiten a nadie más. Este sábado, más de 300 migrantes se concentraban en los alrededores de la zona de embolsamiento de Loma Colmenar, donde se ha habilitado uno de los centros temporales de acogida. El recinto está completo y quienes esperan en el exterior quieren acceder a una plaza y, en muchos casos, iniciar los trámites de solicitud de asilo. Mientras tanto, miles de personas pasan el día en la calle y buscan al anochecer un lugar donde dormir.
La playa de El Trampolín se ha convertido en un escenario de ida y vuelta. La Policía la desalojó, pero los migrantes han vuelto a ocuparla tras ser trasladados a otros puntos. El Mundo describe un juego del gato y el ratón que se repite. Según balances internos de la Policía a los que ha tenido acceso ese diario, de los cerca de 8.000 adultos y menores que permanecen en la ciudad, unos 6.500 deambulan sin control por ella. Son estimaciones no oficiales y conviene tratarlas como tales: la cifra real de personas pendientes de regularizar varía según la fuente.
Lo que sí es verificable es el cambio de estrategia del Ejecutivo. La semana pasada se interrumpieron las devoluciones masivas de los primeros días que, según esos mismos balances, llevaron de vuelta a Marruecos a decenas de miles de personas incluso fuera del plazo legal de 72 horas. Desde entonces el Gobierno ha tenido que improvisar plazas de acogida: unas 1.800 en carpas, sumadas a las 800 del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (Ceti), y ha sustituido las devoluciones por expedientes de expulsión, un procedimiento más lento que no afecta a los solicitantes de asilo ni a los menores. El viernes se conoció, además, que el Gobierno nombrará al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinador de la crisis, tres semanas después del estallido.
Enterramientos y un pulso diplomático
La dimensión más sombría de la crisis se vio el viernes en el cementerio musulmán de Ceuta, donde recibieron sepultura 18 migrantes. Las tumbas se señalizaron con números para facilitar su localización si algún día las reclaman sus familias. Esos 18 fallecidos forman parte de las 82 víctimas que España ha hallado tras la entrada masiva, según las autoridades.
El problema es qué hacer con esos cuerpos. Marruecos ha condicionado la aceptación de los cadáveres de sus nacionales a dos requisitos: que España le entregue los informes forenses y que repatríe a los menores marroquíes que quedan en la ciudad. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado además que España no le ha comunicado el número de migrantes fallecidos y ha justificado su postura con que «no separamos entre vivos y muertos»: pide que el país vecino devuelva tanto a los supervivientes como a los difuntos, en el marco de un acuerdo bilateral que aún no existe. Rabat insiste en que no hay un marco fijado para la repatriación y reclama que la parte española «pruebe» la nacionalidad de los fallecidos.
Sobre esta disputa planea otra más política. El mismo Ouahbi ha reivindicado los «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. El Gobierno español respondió por los canales diplomáticos con un «rechazo tajante», recordando que ambas ciudades forman parte de la integridad territorial española y de la UE. Es una escalada retórica que esta crisis no había visto hasta ahora y un recordatorio de que la gestión de la frontera y los flujos migratorios depende, en buena medida, de la voluntad de Rabat.
Sanidad, bajo presión
La presión asistencial es otro de los frentes abiertos. El Ministerio de Sanidad ha convocado de urgencia a las comunidades a la Comisión de Salud Pública del lunes 24 de agosto. El objetivo es activar el mecanismo de solidaridad y coordinar el envío de vacunas a Ceuta, con prioridad para la triple vírica, la varicela, la polio, el tétanos y la difteria. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, viajará a la ciudad para evaluar la situación del hospital y de Atención Primaria, apenas una semana después de la visita de la ministra Mónica García.
Los registros de Ingesa dibujan la magnitud: entre el 31 de julio y el 14 de agosto se contabilizaron 5.801 asistencias médicas vinculadas a la crisis, a las que se suman más de 2.500 atenciones del dispositivo de Cruz Roja en El Trampolín. El pico se alcanzó el 31 de julio, con 1.149 asistencias en un solo día, y se ha estabilizado en torno a 330 diarias.
Las condiciones de hacinamiento han disparado las patologías infecciosas —sarna, gastroenteritis o impétigo—. El Ejército ha confirmado 24 casos de sarna entre los militares desplegados, y Sanidad ha notificado dos casos activos de tuberculosis y 18 menores con resultado positivo en la prueba de Mantoux. Mientras la ministra descarta un «colapso sanitario» y habla de «tensiones», sindicatos, enfermeras y el Colegio de Médicos sostienen que las plantillas están al límite.
El pulso político llega al Parlamento
La crisis ha disparado también la confrontación entre el Gobierno y la oposición. El próximo lunes arranca en el Congreso una semana intensa: siete ministros comparecerán para explicar su gestión, entre ellos Mónica García, Elma Saiz y Sira Rego, además de Marlaska, Albares, Robles y Bolaños. El PP, que tiene mayoría en el Senado, ha citado a varios miembros del Ejecutivo y estudia reprobar a cinco ministros.
Este sábado el Tribunal Supremo desestimó la medida cautelarísima que tres senadores «populares» habían pedido para forzar en agosto esas comparecencias, al no apreciar «especial urgencia». El tribunal dejó abierta la vía cautelar ordinaria. El Gobierno celebró el fallo; el PP aseguró que el debate jurídico sigue abierto.
A esa batalla se suma la retórica. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que todavía no se sabe «por qué se ha producido y consentido» la entrada y que Marruecos «consintió o alentó» la avalancha. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tachado esas palabras de «bulos» y de estrategia de «extrema derecha». Son acusaciones cruzadas, no hechos verificados, y conviene leerlas como declaraciones políticas.
Mientras tanto, los vecinos se reunían este sábado con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, que les ha pedido «unidad, templanza, firmeza y serenidad» y les ha trasladado que siempre contarán con su opinión en los emplazamientos elegidos para la acogida. El Gobierno local y el central no han dejado de reprocharse la gestión: García habló de falta de agilidad y vio «xenofobia» en las advertencias de Ceuta sobre la saturación, y Vivas calificó sus declaraciones de «absolutamente incorrectas».
En una ciudad donde la crisis ya se salda con el comercio y el turismo heridos, el Ejecutivo prepara un plan de reactivación que podría movilizar al menos 15 millones para el tejido comercial, según estimaciones que maneja Moncloa y que aún no están cerradas. Ceuta, mientras, afronta su cuarto fin de semana de excepción.