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Pedro Sánchez pidió el voto para las elecciones generales del 29 de noviembre durante un mitin del PSOE celebrado el 17 de octubre en Fuenlabrada. El Comité Federal del partido lo había proclamado candidato ese mismo día. El presidente habló de vivienda y pensiones, llamó a sus votantes a movilizarse y dirigió unas palabras personales a su esposa, B. G., presente en el acto.
«Nos han intentado quebrar de todas las maneras», dijo Sánchez. Aseguró que ambos están «más unidos y somos más fuertes que nunca» y terminó con un «te quiero». Ella subió después al escenario y se abrazó con él. Según Europa Press, no participaba en un acto del PSOE desde el congreso del partido celebrado en diciembre de 2024.
Sánchez alternó el llamamiento electoral con el mensaje a su esposa. En su discurso político, presentó la vivienda como una prioridad del Gobierno al que aspira después de los comicios. Lo hizo mientras dos decretos ley de vivienda aprobados por el actual Ejecutivo siguen pendientes de convalidación.
La vivienda, entre los decretos y la campaña
Sánchez afirmó que la vivienda será «la causa» del PSOE y del Gobierno progresista al que aspira. Con esa frase señaló una prioridad electoral. Los dos decretos ley ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros, y el presidente ha pedido apoyo parlamentario para convalidarlos. La votación de esas normas y la política que plantea para un posible nuevo mandato corresponden a momentos distintos.
Según La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó los dos decretos el 6 de octubre, después de que otros dos textos decayeran en el Congreso. Sánchez sostuvo entonces que los nuevos mantenían la esencia de los anteriores. También pidió respaldo para convalidarlos en la Diputación Permanente. En Fuenlabrada, en cambio, habló de la vivienda en relación con el Gobierno que espera formar tras las elecciones.
La votación pendiente afecta a esos dos decretos concretos. El compromiso del mitin tiene un alcance político más amplio, aunque Sánchez no precisó medidas para ese eventual Gobierno. Lo ya aprobado por el Ejecutivo y lo que ofrece a los electores para la próxima legislatura son asuntos distintos. Tampoco se han detallado los efectos de los decretos.
Pensiones y servicios públicos en campaña
Sánchez también defendió las pensiones. Dijo que no son «un cheque regalado», sino un derecho conquistado, y pidió respeto y compromiso con las personas mayores. Solicitó el voto para el 29 de noviembre y pronosticó que el PSOE ganaría con una mayoría más amplia. Es una previsión del candidato, no un resultado electoral.
Sánchez presentó los comicios como una elección entre mantener los avances sociales que reivindica y retroceder. También criticó a PP y Vox. Vinculó así la defensa de las pensiones a su petición de movilización, después de haber señalado la vivienda como prioridad para el Gobierno al que aspira.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervino ese mismo sábado en un congreso de la ONCE en Pozuelo de Alarcón. Prometió fortalecer el Estado del bienestar y los servicios públicos. En materia de vivienda, criticó las políticas que generan expectativas sin ofrecer después una respuesta. Esa fue la posición que defendió en el acto sobre vivienda y servicios públicos. No consta una respuesta suya al mensaje personal de Sánchez a su esposa.
Un procedimiento judicial pendiente
La esposa de Sánchez tiene pendiente un juicio con jurado. El juez instructor abrió juicio oral contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra una exasesora por presunta malversación. La Audiencia Provincial de Madrid debe fijar la fecha de la vista y constituir el jurado. La apertura de juicio no establece la culpabilidad de ninguna de las dos.
RTVE sitúa entre los asuntos investigados la gestión de una cátedra de la Universidad Complutense, un programa informático vinculado a ese ámbito y el nombramiento de la asesora. Esas líneas forman parte del procedimiento judicial; los presuntos delitos deberán examinarse en el juicio. El mensaje que Sánchez dirigió a su esposa en Fuenlabrada no atribuyó responsabilidades penales ni modificó la situación procesal de la causa.
Según RTVE, fuentes del Gobierno calificaron la instrucción de «arbitraria e injusta» y sostuvieron que existe una persecución judicial. Esa es la posición atribuida al Ejecutivo. La causa sigue pendiente de juicio, sin sentencia condenatoria, mientras continúa la campaña para las generales del 29 de noviembre.
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