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El 12 de octubre de 2026, la Policía separó en la Puerta del Sol de Madrid a los acampados por la vivienda de un grupo de personas que llegó tras el desfile militar. Hubo gritos desde ambos lados y los agentes establecieron un cordón entre ellos. Muchos de los recién llegados se dispersaron después; algunos acampados siguieron junto a las tiendas, según RTVE. La acampada continuó en la plaza. La Comunidad de Madrid ya había pedido su desalojo y la Delegación del Gobierno se había opuesto.
El cordón entre los dos grupos
Según RTVE y 20minutos, varios de los jóvenes que entraron en Sol habían asistido al desfile y se desplazaron después a la plaza. Llevaban banderas españolas y se acercaron a las tiendas. Esa descripción corresponde a quienes acudieron a Sol, no al conjunto de asistentes al desfile. 20minutos informó de que entre las personas llegadas a la plaza también había quienes portaban cruces de Borgoña y banderas franquistas. RTVE informó asimismo de la presencia de banderas franquistas.
Los acampados formaron una cadena humana alrededor de las tiendas para protegerlas. La Policía desplegó agentes para mantener separados a los grupos. Según 20minutos, se pidieron refuerzos y se desplazaron furgones hacia las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo. La Cadena SER situó parte del despliegue en las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo. Los acampados rodearon las tiendas y el cordón policial los separó de los recién llegados.
Desde el grupo que llegó tras el desfile se corearon consignas contra Pedro Sánchez y «rojo el que no bote». Desde la acampada se respondió con «aquí están los antifascistas». RTVE informó de que algunos jóvenes lanzaron huevos y objetos como mecheros hacia los acampados. Los lanzamientos se atribuyen a algunas personas presentes en la plaza, sin extenderlos al conjunto de ninguno de los grupos.
RTVE informó además de la detención de una persona por un presunto delito de atentado contra la autoridad. La noticia no permite vincular esa detención con el conjunto de los acampados ni con el grupo que llegó tras el desfile. Tras la intervención policial, muchos de los recién llegados se dispersaron, mientras algunos integrantes de la acampada siguieron junto a las tiendas, según el relato de RTVE.
Las reivindicaciones y el uso de Sol
Cuando se produjo el incidente, la acampada llevaba 17 días en la plaza, según RTVE. Había comenzado después de una movilización por la vivienda a finales de septiembre. El Sindicato de Inquilinas de Madrid figuró entre sus impulsores; después se sumaron otros grupos sociales. La discusión sobre la permanencia de las tiendas precedía al cruce de gritos del 12 de octubre: la Comunidad de Madrid ya había acudido a los tribunales para solicitar el desalojo.
RTVE recogió entre las reivindicaciones de los acampados los contratos de alquiler indefinidos y el fin de los desahucios sin alternativa. La cadena pública también incluyó la bajada de los alquileres y la ampliación del parque público de vivienda entre las demandas del Sindicato de Inquilinas. Son peticiones de quienes participan en la protesta, mientras la continuidad de la acampada ha abierto una controversia sobre el uso de la plaza.
La Comunidad sostiene que las tiendas afectan al acceso a Sol, a los comercios y al patrimonio. Esos perjuicios forman parte de los argumentos con los que el Gobierno regional pidió la intervención judicial; el tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto. Las administraciones discrepan sobre cómo responder a la permanencia del campamento y en qué condiciones podría ordenarse su retirada.
Qué resolvió el tribunal
La Comunidad de Madrid solicitó el 1 de octubre medidas cautelares para desalojar la acampada. Alegó que excedía los límites del derecho de reunión y perjudicaba el acceso a la plaza, a los comercios y al patrimonio. Al defender su petición, el Gobierno regional calificó la ocupación de ilegal. Esa es su posición jurídica: la resolución judicial posterior no declaró ilegal la acampada.
La Delegación del Gobierno se opuso al desalojo solicitado por la Comunidad. Ante el tribunal defendió una actuación gradual y sostuvo que levantar la acampada por la fuerza podía crear riesgos para las personas. La Comunidad pidió la retirada cautelar de las tiendas; la Delegación sostuvo que, por sus posibles efectos sobre la seguridad, la disolución debía ser el último recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 7 de octubre la medida cautelar pedida por la Comunidad. En esa fase no apreció la inactividad administrativa que el Gobierno regional alegaba para pedir la intervención judicial. La decisión no resolvió el fondo del recurso. Cinco días después, la Policía intervino ante el cruce de gritos en Sol y mantuvo separados a los grupos. La acampada continuó en la plaza.
