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El Ministerio del Interior plantea prolongar el espigón de El Tarajal, en Ceuta, y sustituir la barrera flotante provisional por un sistema de balizamiento. La actuación sigue en fase de tramitación y todavía necesita informes y autorizaciones. Mientras tanto, el 23 de septiembre de 2026 la frontera mantuvo un refuerzo preventivo activado por mensajes que anunciaban una posible entrada masiva, sin que se confirmara un cruce inminente.
La obra y el dispositivo responden a problemas distintos. El proyecto pretende modificar la infraestructura marítima; la respuesta inmediata continúa dependiendo del despliegue policial y de la coordinación con Marruecos.
Una obra todavía pendiente
Cadena SER, EL PAÍS y laSexta informaron del inicio de los trámites para ampliar el espigón y sustituir la barrera instalada tras las entradas de los días 30 y 31 de julio. La actuación tendría dos fases.
La primera prolongaría 15 metros el espigón mediante tres tramos cimentados sobre pilotes. También incluiría una malla antitrepa y peines curvos invertidos en la parte superior, elementos destinados a dificultar el acceso por la estructura. La segunda fase añadiría otros 100 metros mediante un dique vertical, según la descripción difundida por esos medios.
Interior calcula en siete millones de euros el coste de la obra constructiva. A esa cantidad se sumarían otros dos millones para un sistema de balizamiento flotante con una red de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino. Interior atribuye al sistema el objetivo de dificultar el paso por debajo del agua y retirar la barrera provisional.
La Moncloa indicó que una solicitud de ayuda europea incluía actuaciones en los espigones de Benzú y El Tarajal. Esa referencia acredita la inclusión de las obras en la solicitud, pero no detalla un pago ejecutado específicamente para esta actuación.
La barrera actual comenzó a instalarse el 1 de agosto y tenía carácter provisional, según la nota publicada por Interior. Su sustitución forma parte del proyecto anunciado, que no puede operar mientras no concluya la tramitación.
El refuerzo del 23 de septiembre
Los avisos sobre una posible entrada masiva el 23 de septiembre circularon por redes sociales y aplicaciones de mensajería. El Pueblo de Ceuta y EL PAÍS situaron esos llamamientos en esos canales y señalaron su coincidencia temporal con las elecciones legislativas marroquíes.
Interior y los cuerpos de seguridad siguieron la evolución de los mensajes y valoraron su credibilidad, según las informaciones publicadas por El Pueblo de Ceuta y EL PAÍS. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció un refuerzo preventivo en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En Ceuta ampliaron su presencia la Policía Nacional y la Guardia Civil. El dispositivo incorporó medios aéreos, entre ellos drones y helicópteros, y el Gobierno mantuvo contactos con las autoridades marroquíes para prevenir una posible entrada, según las informaciones difundidas durante esos días.
También hubo despliegue al otro lado de la frontera. EL PAÍS informó el 23 de septiembre de la presencia de efectivos marroquíes, mientras EFE había documentado refuerzos y controles en los accesos próximos a Ceuta y Melilla.
La Cadena SER describió ese mismo día una situación de normalidad y señaló que no se apreciaban movimientos que apuntaran a un cruce inminente. Los mensajes desencadenaron medidas preventivas, pero no permitían presentar una nueva entrada masiva como un hecho confirmado.
Una barrera provisional cuestionada
La infraestructura existente ya había mostrado problemas antes de que se conociera el nuevo proyecto. El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, denunció que parte de las boyas había quedado sumergida y que la incidencia se repetía, según recogió la Cadena SER.
LaSexta informó además de daños que atribuyó al temporal y de huecos por los que se podría llegar a nado. Se trata de informaciones con atribuciones distintas: una procede de una denuncia del Gobierno ceutí y la otra de la descripción publicada por ese medio.
La nueva infraestructura aún no está ejecutada ni ha entrado en servicio. Las informaciones sobre la barrera provisional describen sus problemas, pero no ofrecen resultados operativos del sistema que Interior proyecta instalar. La valoración de su funcionamiento quedará vinculada a la finalización de la obra y a su uso efectivo.
Qué permite el marco jurídico
La discusión sobre la infraestructura está relacionada con la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo. La resolución concluyó que no cabe aplicar el rechazo en frontera a las personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado. También distingue ese supuesto del cruce después de superar un elemento físico de contención.
Interior explicó la primera barrera como una medida vinculada al cumplimiento de esa resolución y presenta la nueva actuación como un refuerzo de la delimitación fronteriza. Esa es la interpretación del ministerio. La sentencia, tal como la reproduce Iberley, mantiene la obligación de aplicar las garantías previstas en la legislación y en las normas internacionales de derechos humanos.
La presencia de una barrera no convierte cualquier interceptación en un rechazo automático. La resolución distingue entre el rechazo en frontera y otros procedimientos, como la devolución ordinaria, que deben tramitarse conforme a las reglas correspondientes.
El Real Decreto 681/2026 establece, según el texto publicado en el BOE, obligaciones de protección de la vida, respeto a la dignidad y atención diferenciada a las personas vulnerables. También contempla capacidades de identificación, atención humanitaria, acogida, protección de menores y gestión administrativa.
El decreto declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y reforzó la coordinación entre administraciones. No suspendió derechos ni sustituyó las competencias y procedimientos ordinarios. Interior ha descrito además dispositivos de triaje con identificación, reconocimiento médico y evaluación de vulnerabilidad antes de las actuaciones administrativas.
El propio decreto atribuye a la crisis de julio una presión que superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad. Ese contexto explica que El Tarajal no sea solo una cuestión de metros de espigón o de coste: también afecta a cómo se controla la frontera y a qué procedimiento se aplica a cada persona.
Interior plantea una actuación dividida entre la ampliación del espigón y el nuevo balizamiento, con siete millones de euros estimados para la obra y dos para el sistema marítimo. La decisión sigue pendiente de los trámites necesarios, mientras el refuerzo activado para el 23 de septiembre respondió a una alerta que no se convirtió en una entrada masiva confirmada.
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