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El martes 6 de octubre se suspendieron clases total o parcialmente en 891 institutos franceses, según el Ministerio de Educación. La cifra incluye interrupciones por cualquier causa: no permite saber cuántos centros estaban bloqueados ni cuántas suspensiones se debieron a las protestas. Fue la tercera jornada de movilización de estudiantes de instituto y universidad. Los convocantes reclaman más profesorado, mejores instalaciones y cambios en el acceso a la enseñanza superior. El Gobierno ha anunciado un espacio de diálogo en los centros y primeras decisiones antes de que acabe octubre.
Recuentos de manifestantes y centros
Hubo marchas en París, Marsella, Lyon, Lille y Rennes, entre otras ciudades. El Ministerio del Interior contó más de 250.000 manifestantes en todo el país. La Unión Estudiantil estimó 450.000. Ambas cifras miden la asistencia a las marchas, no el número de centros en los que se interrumpieron las clases.
La CGT participó en la movilización y publicó su propia estimación nacional: más de 450.000 asistentes. La Unión Estudiantil y la CGT difundieron sus balances de participación; Interior comunicó el suyo. Las diferencias entre ellos no permiten deducir cuántos alumnos se quedaron sin clase.
Por la mañana, la Unión Sindical de Secundaria habló de unos 1.800 institutos bloqueados. Educación contó 891 centros con clases suspendidas total o parcialmente, fuera cual fuera el motivo. Un bloqueo comunicado por el sindicato y una suspensión registrada por el Ministerio son categorías distintas. El balance ministerial no permite afirmar que los 891 centros estuvieran bloqueados; la estimación sindical tampoco precisa cuántos de esos centros suspendieron clases.
Las demandas y el calendario del Gobierno
Las reivindicaciones afectan a la vida diaria en los centros y al paso a la enseñanza superior. Los estudiantes piden que se sustituya al profesorado ausente, más personal, mejores edificios y horarios menos cargados. También reclaman cambios en Parcoursup, la plataforma de acceso a la enseñanza superior. La CGT respalda las demandas sobre personal y condiciones de enseñanza.
El Gobierno ha anunciado cinco ámbitos de trabajo: sustituciones, estado de las instalaciones, organización de la jornada, Parcoursup y seguimiento de las peticiones del alumnado. El primer ministro, Sébastien Lecornu, situó las primeras decisiones antes de acabar octubre y pidió que se presentaran con su coste, financiación y calendario. El anuncio aún no especifica qué medidas se adoptarán sobre contratación, obras o admisión universitaria, ni cuándo se aplicarían.
Antes de esas decisiones, Educación abrirá un espacio de diálogo en los institutos. Desde el miércoles 7 de octubre, todos reservarán media jornada para que el alumnado exponga sus dificultades y expectativas a los equipos directivos. Según el Ministerio, las demás clases se mantendrán. La medida afecta al horario de los centros, pero no concreta las respuestas sobre personal, edificios o Parcoursup que piden los convocantes.
El Ministerio ha abierto además una consulta en la plataforma pública Agora hasta el 23 de octubre. La presenta como otra vía para recoger dificultades, expectativas e ideas del alumnado. Las conversaciones en cada instituto y la consulta permiten trasladar peticiones al Gobierno. El alcance de las medidas y su financiación dependerá de las decisiones que Lecornu ha situado antes de fin de mes.
Daños y actuación policial
En relación con los daños que el Gobierno sitúa al margen de las manifestaciones, el Ministerio de Justicia ha instruido a los fiscales para actuar con firmeza y procurar, cuando sea posible, exigir la responsabilidad civil de los padres de menores detenidos. La instrucción se refiere a esa posibilidad en los casos en que proceda; no establece una obligación general para las familias de quienes protestan. Esta respuesta a los daños es distinta de las demandas educativas.
La actuación policial también es objeto de controversia. La Francia Insumisa acusa al Gobierno de una respuesta desproporcionada. La CGT denuncia el uso de la fuerza, pide investigaciones y reclama respeto al derecho a manifestarse. Son acusaciones de esas organizaciones sobre la intervención policial, no hechos establecidos sobre cada actuación.
Lecornu niega haber dado instrucciones políticas de represión policial. Esa declaración se refiere a las órdenes del Ejecutivo y no responde a la crítica concreta sobre la proporcionalidad de las intervenciones. El primer ministro ha expresado respeto por las manifestaciones dentro del marco democrático y ha condenado la violencia. El Ministerio de Justicia ha centrado sus instrucciones en los daños que atribuye a episodios al margen de las marchas.
La consulta al alumnado termina el 23 de octubre. Lecornu ha situado las primeras decisiones del Gobierno antes de que acabe el mes, acompañadas de su coste, financiación y calendario.
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