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El acuerdo marco publicado en el BOE fija una subida consolidable del 4,5% para 2027, con efectos desde el 1 de enero, para el personal de las administraciones públicas y de su sector público institucional. Tras reunirse con el Ministerio de Función Pública, CCOO, UGT y CSIF afirmaron que el Ejecutivo se había comprometido a aplicarla. A 20 de octubre, el Gobierno no había comunicado cuándo aprobaría la norma necesaria para hacerla efectiva.
La fecha de efectos que recoge el acuerdo y la aprobación de esa norma son dos pasos distintos. El pacto establece el porcentaje y desde cuándo debe aplicarse, pero no concreta cuándo se aprobará la disposición necesaria. Ese trámite sigue pendiente.
Cuatro ejercicios, con una condición para 2026
El acuerdo establece incrementos del 2,5% en 2025, del 2% en 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. La subida de 2027 es fija, consolidable y no está condicionada a la evolución de los precios. Según el texto del pacto, se calcula sobre las retribuciones ya incrementadas en 2026.
El aumento de 2026 tiene dos componentes: uno fijo del 1,5% y otro adicional de medio punto, también consolidable, sujeto a una condición. Ese 0,5% se abonará en el primer trimestre de 2027 si la variación interanual del IPC de 2026 alcanza o supera el 1,5%. El acuerdo no prevé ese pago si no se alcanza el umbral.
En el primer trimestre de 2027 podrían coincidir el abono de ese medio punto pendiente de 2026 y los efectos de la subida fija del 4,5% acordada para 2027. Son conceptos distintos: la condición del IPC corresponde al componente de 2026, no al incremento del ejercicio siguiente. El dato del índice determinará si se activa el pago adicional de medio punto.
Los porcentajes se aplican sobre las retribuciones de cada ejercicio. En 2027, la base es la retribución ya incrementada en 2026. El acuerdo fija las subidas por año, pero no ofrece una cifra única de aumento acumulado aplicable por igual a todos los empleados públicos.
El compromiso comunicado por los sindicatos
El acuerdo publicado fija el porcentaje y sus efectos, pero todavía hace falta una norma para aplicarlo. Según CCOO, UGT y CSIF, el Ministerio les trasladó que el Gobierno aplicará la subida desde enero. Esa comunicación sindical no significa que la norma correspondiente a 2027 ya esté aprobada.
El precedente citado para los dos ejercicios anteriores es el real decreto-ley aprobado en diciembre de 2025, que reguló los incrementos de 2025 y 2026. Esa norma no establece el procedimiento para aplicar el tramo de 2027. A 20 de octubre, el Gobierno tampoco había anunciado cuándo aprobaría la norma para ese ejercicio.
Los sindicatos han pedido que la aprobación llegue antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Esa fecha forma parte de su petición al Ejecutivo. El acuerdo fija los efectos desde el 1 de enero, pero no exige que la aprobación se produzca antes de los comicios. El Gobierno no había comunicado un calendario formal para el trámite.
El acuerdo no calcula el coste total
El pacto se aplica al personal de las administraciones públicas y de su sector público institucional. No desglosa el coste entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ni estima el gasto agregado. Por tanto, el texto no permite saber cuánto supondrán en conjunto las subidas ni qué parte corresponderá a cada nivel de gobierno.
El acuerdo determina los porcentajes y la base sobre la que se calcula el aumento de 2027. No detalla una cantidad en euros para el conjunto de empleados ni distribuye el gasto por administración. El coste concreto depende de aplicar esos porcentajes a las retribuciones contempladas en el pacto, pero el documento no aporta el cálculo agregado.
El acuerdo fija una subida del 4,5% para 2027 desde enero. Los sindicatos atribuyen al Ministerio el compromiso de aplicarla, pero a 20 de octubre no se había anunciado cuándo se aprobaría la norma. Por separado, el IPC de 2026 determinará si se paga el medio punto adicional correspondiente a ese ejercicio.
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