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Una mujer de 87 años fue desahuciada en Madrid el 23 de septiembre. Permaneció ingresada en el hospital desde ese día y murió el miércoles 7 de octubre. Al día siguiente, su caso enfrentó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control de la Asamblea de Madrid. La discusión giró en torno a quién ejecutó el lanzamiento y qué medidas de vivienda corresponden a cada Administración.
El homenaje y los reproches
Más Madrid y el PSOE pidieron un minuto de silencio institucional por la mujer. El PP y Vox rechazaron la propuesta, por lo que el homenaje no se celebró como acto de la Cámara. Representantes de los dos grupos que lo habían solicitado guardaron el minuto de silencio en el patio de la Asamblea antes del pleno.
En la sesión, Bergerot habló del desahucio. Según la crónica de EL PAÍS, dijo que aquel día «algo empezó a romperse» y que ahora estaba «roto del todo». Advirtió a Ayuso de que «en las calles de Madrid no va a haber paz». La presidenta respondió: «¿Nos están amenazando? ¿Físicamente?». Ayuso reaccionaba a las palabras de la portavoz; su pregunta no acredita que hubiera existido una amenaza física.
Bergerot sostuvo que cada desahucio en Madrid lleva la «firma» del PP y reprochó a los populares su posición frente a los propietarios y los fondos de inversión, según recogió EFE. Ayuso negó haberse reído de la mujer y afirmó que se había reído de sus adversarios y de sus propuestas. También llamó «políticos buitres» a los representantes de Más Madrid y del PSOE, a los que acusó de utilizar políticamente el caso.
La presidenta atribuyó el desahucio a una ley estatal y al Gobierno central, y recordó que intervino la Policía Nacional. Esa fue su explicación política. Para precisar la intervención de cada institución hay que examinar quién ejecutó el lanzamiento y cuáles son las competencias sobre vivienda.
Una comisión judicial ejecutó el lanzamiento
La comisión judicial encargada del procedimiento ejecutó el lanzamiento del 23 de septiembre. EFE informó de que la Policía Nacional despejó el acceso durante el operativo. La policía participó en la ejecución, pero la resolución del litigio correspondía al ámbito judicial. La Comunidad de Madrid tampoco dictó la orden de lanzamiento.
EFE recogió la versión de la abogada de la mujer sobre el conflicto previo: afirmó que su clienta no había dejado de pagar y que la propiedad no aceptó propuestas de acuerdo. RTVE informó de que la sociedad inmobiliaria había multiplicado por cinco el alquiler. Ninguno de esos datos precisa el fundamento jurídico concreto de la resolución que dio lugar al lanzamiento.
El ingreso hospitalario comenzó el día del desahucio y la mujer falleció el 7 de octubre. RTVE informó de su muerte sin precisar una causa médica. La sucesión de esas fechas no establece por sí sola que el lanzamiento causara el fallecimiento. La discusión política en la Asamblea partió de ambos hechos, pero las acusaciones entre los grupos no sustituyen la información médica ni los términos de la resolución judicial.
Las medidas de vivienda y sus plazos
El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid competencia legislativa en vivienda. La Ley 12/2023 permite a la Administración competente declarar zonas de mercado residencial tensionado mediante un procedimiento que exige datos y una resolución motivada. Esa facultad corresponde a la política de vivienda y es distinta de la ejecución de una resolución judicial.
Más Madrid ha reclamado que se declaren zonas tensionadas. El PP se ha opuesto y sostiene que esa medida reduciría la oferta y encarecería la vivienda. Ambas posiciones quedaron documentadas en un debate anterior al pleno del 8 de octubre. Plantean efectos distintos para el mercado residencial; ninguna señala una decisión adoptada en el procedimiento judicial de esta mujer.
La Comunidad anunció en septiembre que preveía construir 2.500 viviendas mediante el Plan Vive Solución Joven y otras 600 promovidas por la Agencia de Vivienda Social. Son proyectos anunciados, no viviendas entregadas. Sus plazos y su objeto difieren de los de la suspensión de un lanzamiento ya señalado. El aumento previsto de la oferta no detiene un procedimiento judicial en curso.
El Congreso rechazó el 2 de octubre dos decretos del Gobierno sobre vivienda. Votaron en contra PP, Vox y Junts, entre otros grupos. Después, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día 8. La norma contempla la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, conforme a sus requisitos y procedimiento. Entró en vigor después del lanzamiento del 23 de septiembre.
Vox propone en su programa dar prioridad al arraigo y a los años acumulados por la familia en España para acceder a vivienda social y protegida. La propuesta de Vox, las posiciones sobre zonas tensionadas y las viviendas anunciadas por la Comunidad tienen carácter general. En el caso debatido en la Asamblea, la comisión judicial ya había ejecutado el lanzamiento cuando entró en vigor el nuevo decreto estatal y cuando los diputados discutieron las medidas para futuros hogares.
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