En cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, declaramos que en la redacción o edición de este artículo pueden haberse utilizado sistemas de inteligencia artificial generativa.
Un proyecto de real decreto del Gobierno plantea nuevas condiciones para que los centros de datos accedan a la red eléctrica. El texto, todavía no aprobado, afecta también a instalaciones que ya tienen permisos de acceso y conexión, pero aún no se han conectado: esos proyectos dispondrían de seis meses para acreditar que cumplen los requisitos o renunciar a sus derechos de acceso sin ejecutar las garantías asociadas.
La propuesta vincula el crecimiento de estas instalaciones con la capacidad disponible de la red y con sus necesidades de energía y agua. Spain DC y los Gobiernos de Andalucía, Extremadura y Aragón han reclamado cambios porque consideran que algunas obligaciones pueden comprometer inversiones en marcha o previstas. La patronal cifra ese riesgo en miles de millones, mientras el Ejecutivo defiende que debe reservarse la capacidad para proyectos firmes y viables.
El proyecto fija un umbral y nuevas obligaciones
El borrador se aplica a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio. Incluye tanto instalaciones nuevas como proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión, pero todavía no se han conectado. Para estos últimos contempla un régimen transitorio específico.
El proyecto plantea requisitos de eficiencia energética y de consumo de agua. También establece que, como mínimo, el 80% del consumo eléctrico de los centros quede respaldado cada hora por nueva generación renovable. El MITECO explica que esa generación debe haberse instalado en los 18 meses anteriores y que puede acreditarse mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo.
El Ministerio publicó el proyecto el 27 de agosto de 2026. La fecha inicial para presentar alegaciones era el 4 de septiembre, pero el plazo quedó ampliado hasta el 10 de septiembre a las 17:00. El real decreto sigue en fase de borrador y no tiene una redacción definitiva.
La acreditación horaria es uno de los puntos centrales del debate. El sector cuestiona tanto la exigencia energética como su aplicación a proyectos que comenzaron a desarrollarse bajo reglas anteriores.
Spain DC alerta del efecto sobre las inversiones
Spain DC sostiene que resulta imposible cumplir conjuntamente las condiciones de adicionalidad y correlación horaria en los términos planteados. La asociación también reclama diálogo, seguridad jurídica y más tiempo para adaptar los proyectos avanzados.
La patronal cifra en unos 9.000 millones de euros el volumen de tres inversiones que, según su escenario, podrían frenarse si se aprueba el texto actual. Esa cantidad es una estimación de Spain DC sobre un posible efecto futuro: no describe inversiones que ya hayan salido de España ni proyectos cancelados.
La asociación considera que las nuevas obligaciones pueden dificultar la viabilidad de iniciativas que llevan años tramitándose. Su objeción se dirige especialmente a que el borrador someta a las mismas condiciones a proyectos impulsados bajo el marco regulatorio anterior y a desarrollos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión.
Los Gobiernos autonómicos que han hecho públicas sus críticas plantean objeciones similares, aunque con argumentos propios. Andalucía ha presentado alegaciones y pide una regulación que considere técnicamente viable y económicamente proporcionada. Extremadura ha solicitado retirar el proyecto y ha advertido de que puede comprometer inversiones estratégicas para la región. Aragón ha reclamado una revisión integral y ha calificado las exigencias de muy difíciles o casi imposibles de cumplir.
Los tres pronunciamientos vinculan la discusión con la inversión y con la viabilidad de proyectos en sus respectivos territorios. Son posiciones expresadas por sus gobiernos autonómicos dentro del proceso de alegaciones, no una conclusión común sobre cada instalación afectada.
El Gobierno contrapone demanda y permisos
El MITECO justifica la regulación con la diferencia entre la demanda prevista y la capacidad de acceso ya concedida. La Estrategia de Inteligencia Artificial prevé una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 gigavatios para 2030. En paralelo, los derechos de acceso concedidos para centros de datos superan los 12 gigavatios: más de 6 gigavatios en transporte y aproximadamente otros 6 en distribución, según el expediente ministerial.
Las cifras representan magnitudes distintas. La primera es una previsión de demanda; la segunda, capacidad autorizada para acceder a la red. Los derechos de acceso y conexión forman parte de una fase previa a la conexión física y a la puesta en servicio de una instalación, por lo que no equivalen por sí solos a centros ya construidos o funcionando.
El Ejecutivo interpreta esa diferencia como una señal de que no todos los proyectos solicitados llegarán a materializarse. Pedro Sánchez también ha señalado que es improbable que todos los proyectos previstos se construyan. El Ministerio defiende que el real decreto permita separar las iniciativas firmes y viables de aquellas que ocupan capacidad sin acreditar el mismo grado de solidez.
El Gobierno utiliza un argumento parecido para la energía. Sostiene que una demanda grande y constante sin nueva generación renovable proporcional puede aumentar el recurso a tecnologías fósiles y elevar los costes eléctricos para los consumidores. Es el argumento del Ejecutivo para defender el requisito horario y la vinculación con generación adicional.
Spain DC advierte de un posible deterioro de la competitividad y de la pérdida de inversiones. La discusión abarca el consumo de cada centro y el coste de adaptar proyectos ya avanzados a unas condiciones nuevas.
Seis meses para los proyectos no conectados
El régimen transitorio concentra la parte más sensible de la propuesta. Los centros con permisos de acceso y conexión que aún no se hayan conectado tendrían seis meses para acreditar el cumplimiento de las condiciones o renunciar a sus derechos. En ese segundo caso, el proyecto no ejecutaría las garantías asociadas.
Una vez iniciada la operación, el incumplimiento podría activar penalizaciones crecientes. Si fuera significativo y reiterado, el borrador contempla, en último extremo, la pérdida del derecho de acceso. El Ministerio presenta este mecanismo como una forma de evitar que la capacidad quede vinculada a proyectos que no sean firmes o viables.
Spain DC y los gobiernos autonómicos críticos sostienen que ese régimen afecta a iniciativas preparadas bajo las reglas vigentes cuando comenzaron su tramitación. Andalucía califica de retroactiva esa aplicación y propone una adaptación progresiva vinculada al grado real de avance de cada proyecto.
La audiencia pública ya ha concluido. El real decreto continúa sin aprobarse y aún debe concretar el equilibrio entre la selección de proyectos, la disponibilidad de red y las exigencias de energía renovable y consumo de agua, así como el tratamiento que recibirán las instalaciones que ya han comprometido tiempo e inversión bajo el marco anterior.
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