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La crisis que desbordó la frontera de Ceuta a finales de julio sigue abierta. Tres semanas después, se ha convertido en el eje del choque político entre el Gobierno y el Partido Popular. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la ciudad autónoma por segunda vez en poco más de quince días para endurecer su discurso. Exige la expulsión o el retorno de «todos» los migrantes que entraron de forma irregular. Además, anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo por las incomparecencias ministeriales en el Senado y despliega un plan de siete medidas que pivota sobre el refuerzo de la frontera y el pulso con Marruecos. Mientras tanto, el Ejecutivo ha empezado a desalojar la playa del Trampolín, donde miles de personas seguían pernoctando a la intemperie, y a trasladar a los migrantes hacia centros de acogida habilitados de manera provisional.
Un plan de choque en siete medidas y un aviso a Rabat
Feijóo, acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), presentó el pasado miércoles un paquete de compromisos en caso de llegar a Moncloa. Entre ellos figuran la creación de un mando único para coordinar la respuesta policial, asistencial y de seguridad. También la expulsión o retorno voluntario de todas las personas que hayan entrado irregularmente al amparo de la directiva europea, y el despliegue de todos los medios del Estado y de las alianzas internacionales para defender el perímetro. Feijóo añadió el refuerzo de la inviolabilidad de la frontera con infraestructuras y tecnología, la interlocución directa de Ceuta ante la Unión Europea y un plan de reactivación económica que, según adelantó, estará dotado de 650 millones de euros y ha encargado al vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo.
El discurso de Feijóo fue más duro que en sus anteriores intervenciones. Calificó de «irresponsable» la gestión del Ejecutivo y definió la quiebra del perímetro como una «invasión en pleno 2026» que habría dejado desprotegidos a los 80.000 habitantes de Ceuta. Acusó a Moncloa de haber «subcontratado la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos» y de no actuar «bajo chantaje o bajo la amenaza», porque la «españolidad» de Ceuta y Melilla no es, a su juicio, negociable. Fue un mensaje dirigido a Rabat, con el que el PP mantiene una relación tensa y cuyas recientes declaraciones de altos cargos sobre la soberanía de las ciudades autónomas han crispado el debate.
La ofensiva judicial: el Supremo y la reprobación de cinco ministros
La novedad de esta escalada es el paso dado por Génova ante los tribunales. El PP ha denunciado al Gobierno ante el Tribunal Supremo por la negativa de tres ministros —José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior)— a comparecer en el Senado para hablar de Ceuta. El partido argumenta que en el Congreso ya comparecen. Hasta ahora, este tipo de choques competenciales se despachaban a través de conflictos de atribuciones que aguardan resolución en el Tribunal Constitucional. Feijóo cree que el recurso por «desobediencia» al mandato de las Cortes tiene posibilidades de prosperar. «El Gobierno no puede decidir en qué cámara comparece ni cuándo ni si acepta ser controlado», advirtió. En esa comparecencia también censuró la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, que según sus palabras «sigue en chanclas en la playa mientras una ciudad española ha sido invadida».
En paralelo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció que la formación registrará la reprobación de cinco ministros: los tres incomparecientes más las titulares de Sanidad, Mónica García, e Igualdad, Ana Redondo. La Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, las aprobará previsiblemente. La iniciativa carece de vinculación jurídica, pero tiene un peso simbólico en un Senado que ya ha reprobado a ocho ministros a lo largo de la legislatura. El choque se reavivó este jueves, cuando Marlaska volvió a ausentarse de la comisión de Interior por segunda vez en una semana, un gesto que llevó al PP a tachar de «antidemocrático» el comportamiento del Gobierno y a responsabilizar directamente a Sánchez de los plantones.
El Gobierno desaloja la playa y amplía la acogida
Mientras la ofensiva política avanzaba, el Ejecutivo trataba de responder a la emergencia humanitaria. Este jueves por la mañana, efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil desalojaron la playa del Trampolín, donde se concentraba la mayor parte de los migrantes que permanecían en Ceuta desde la entrada masiva. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, unos 1.800 fueron trasladados de forma voluntaria y sin incidentes a dos de los nuevos espacios. El de Loma Margarita recibió a unos 1.200 subsaharianos, que caminaron escoltados. El aparcamiento de El Embolsamiento acogió a cerca de 500 magrebíes. La titular del ramo, Elma Saiz, confirmó que ya están activas 1.800 plazas temporales, frente a las 1.500 inicialmente anunciadas, con la previsión de que puedan llegar a unas 4.000.
Fuentes policiales consultadas por la agencia EFE estimaban que entre 3.500 y 5.000 personas podían permanecer aún en la playa y en la zona de Loma Colmenar, una estimación que toma como referencia los menús que se han venido distribuyendo cada día. La operación, coordinada con las entidades del tercer sector Engloba y ACCEM, se prolongará a medida que se abran nuevas plazas. El dispositivo mantiene un despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local descrito como sin precedentes.
Cifras incómodas y una ciudad lejos de la normalidad
Detrás del pulso político se esconde una realidad marcada por la disparidad de cifras. El Ministerio del Interior fijó en unos 72.000 los migrantes que entraron a pie o a nado los días 30 y 31 de julio. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, llegó a hablar de hasta 80.000. La mayoría habría abandonado España en los días siguientes al asalto. Miles, sin embargo, decidieron quedarse a la espera de ser acogidos. Entre ellos hay numerosos subsaharianos con opciones de protección internacional y menores no acompañados, que no pueden ser expulsados de manera sumaria.
El dato de los fallecidos también admite lecturas divergentes y las cifras oficiales siguen en revisión, sin que la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior hayan conciliado sus balances. La Delegación del Gobierno cifró en 72 los cuerpos recuperados en aguas de la ciudad; el Ejecutivo ceutí elevó el balance a 88 a comienzos de agosto, y RTVE situó en 82 las muertes en el lado español y en al menos 14 en el marroquí. En el extremo, fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil llegaron a hablar de un centenar. El director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta confirmó que la causa principal fue la asfixia por sumersión y admitió que la identificación avanza con extrema lentitud: a comienzos de esta semana solo se habían identificado seis de los 82 cadáveres. El propio Feijóo sostuvo que más de 10.000 personas permanecen aún en la ciudad, frente a los balances oficiales de Interior. Calificó el relato gubernamental de la normalización de «insulto a la inteligencia de los ceutíes» y advirtió de una triple crisis de seguridad, orden público y salud pública.
El respaldo de Bruselas y el pulso abierto
Este escenario de confrontación se produce después de que la Comisión Europea avalara el pasado martes el marco de retornos. Bruselas defendió a través de su portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert, que «todos» los migrantes en situación irregular en Ceuta, incluidos los menores no acompañados, deben ser retornados a Marruecos, al amparo de la directiva comunitaria de retorno aprobada en junio. El Ejecutivo comunitario sí celebró el anuncio del Gobierno de ampliar la capacidad de acogida para atender la situación humanitaria. Mientras, sigue sobre la mesa el plan, adelantado por varios medios, de derivar a la península a unas 500 niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El Gobierno defiende esa derivación como una vía para apartarlas del hacinamiento, pero PP y Vox la rechazan frontalmente.
La crisis de Ceuta deja una brecha de cifras, una tragedia en la playa del Tarajal, escenario principal de las muertes por ahogamiento, y un endurecimiento mutuo del discurso que volverá a marcar el arranque del curso político en septiembre. De momento, la ciudad sigue lejos de la normalidad: el operativo de desalojo apenas ha comenzado, algunos migrantes han regresado a la playa tras ser trasladados, la investigación sobre el asalto no ha concluido y el choque entre Moncloa y Génova no deja de escalar. El Tribunal Supremo es el nuevo escenario de la batalla.