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El Senado aprobó el 9 de septiembre el proyecto de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia con 235 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones. La aprobación acerca el final de la tramitación, pero las medidas previstas todavía no son ley: como la Cámara alta introdujo modificaciones, el texto vuelve ahora al Congreso.
La Cámara Baja tendrá que decidir si mantiene, rechaza o modifica esos cambios. Hasta entonces, la versión aprobada por el Senado permite conocer el alcance de las medidas en discusión, pero no permite dar por cerrada su redacción ni sus efectos.
Un texto todavía abierto
La iniciativa se tramita por el procedimiento de urgencia y modifica dos normas centrales del sistema: la Ley 39/2006, de Dependencia, y el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. El preámbulo y el articulado fijan como objetivos la atención personalizada, la vida independiente y la conexión con el entorno comunitario.
El proyecto incluye cambios que afectarían a la vida diaria de las personas dependientes y con discapacidad. Su aplicación dependerá primero de la decisión final del Congreso y, en los aspectos que requieren desarrollo, de las tareas que correspondan a las administraciones competentes.
Apoyos más amplios para la vida diaria
La versión senatorial reconoce la accesibilidad universal como un derecho y amplía el catálogo de servicios y prestaciones. Entre sus medidas figura una nueva definición de la ayuda a domicilio, que podrá prestarse también en el entorno comunitario próximo para actividades de la vida diaria. El texto menciona como ejemplos acompañar a una persona al médico o ayudarla a hacer la compra.
También reconoce el derecho a la teleasistencia en cualquiera de los grados de dependencia. La asistencia personal queda regulada como apoyo para la autonomía y la vida independiente, y el proyecto incorpora cuidados y apoyos en viviendas situadas en entornos comunitarios.
Otra novedad es un servicio de préstamo o cesión temporal de productos de apoyo. Entre los ejemplos citados figuran las sillas de ruedas eléctricas, los andadores y las camas articuladas. Son medidas incluidas en la versión que el Senado remite al Congreso, no prestaciones que puedan darse por disponibles solo por la votación de la Cámara alta.
El texto amplía también el reconocimiento de las personas cuidadoras. Pueden quedar incluidos quienes formen parte del entorno familiar o relacional aunque no exista parentesco, según las condiciones previstas en el proyecto.
La versión senatorial suprime el régimen estatal de incompatibilidades y fija el 1 de enero de 2030 como fecha límite para que las comunidades autónomas adapten sus regímenes en el caso de las prestaciones de base domiciliaria. El cambio permite combinar apoyos que hasta ahora se regulaban por separado, aunque su disponibilidad efectiva dependerá de la redacción definitiva y de esa adaptación posterior.
La equiparación entre dependencia y discapacidad sigue pendiente
La llamada pasarela entre ambos sistemas es otro de los puntos relevantes. El texto aprobado por el Congreso establecía que el reconocimiento del grado I de dependencia se equipararía, a efectos legales, a un 33 % de discapacidad. Para los grados II y III fijaba una equivalencia del 65 %.
Las dos equivalencias aparecen también en la versión senatorial. Sin embargo, el proyecto aún debe regresar al Congreso, que decidirá qué redacción permanece y cuáles son sus efectos jurídicos. Por eso, la votación del Senado no permite presentar esas consecuencias como definitivas.
El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado la pasarela como una vía para simplificar procedimientos y evitar trámites repetidos, pero el alcance concreto dependerá de la ley que termine aprobándose. La medida no puede separarse del resto de la tramitación: la equiparación está escrita en el texto, pero todavía no tiene una formulación final cerrada.
La financiación avanza por otra norma
El refuerzo económico del sistema no forma parte de esta votación. El Gobierno lo aprobó mediante el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, una norma independiente que elevó las transferencias estatales del nivel mínimo de dependencia.
El Ministerio calcula que esa financiación movilizará más de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. También prevé que la aportación estatal alcance los 7.239,4 millones en 2027 y represente el 50 % del gasto total del sistema junto con la financiación autonómica. Son previsiones oficiales, no resultados ya comprobados.
La diferencia entre ambos expedientes importa. El real decreto-ley financiero ya regula nuevas cuantías, mientras que el proyecto de reforma legal todavía debe completar su recorrido parlamentario. Uno aporta el marco económico previsto; el otro debe fijar los derechos, las prestaciones y las obligaciones que regirán el sistema.
El Congreso decidirá qué cambios senatoriales permanecen y, con ellos, el alcance definitivo de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los apoyos comunitarios, las incompatibilidades y la equiparación entre dependencia y discapacidad.