En cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, declaramos que en la redacción o edición de este artículo pueden haberse utilizado sistemas de inteligencia artificial generativa.
El borrador estatal para regular los centros de datos condiciona sus derechos de acceso y conexión a la red eléctrica al cumplimiento de requisitos de nueva generación renovable. El proyecto fija una cobertura mínima del 80% del consumo durante cada hora de funcionamiento y exige que exista un megavatio renovable adicional por cada megavatio de consumo. La regla afecta a instalaciones con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio.
La propuesta sigue abierta y puede cambiar. Pero, mientras se decide su redacción definitiva, ya plantea una disyuntiva para los proyectos: demostrar desde el principio que su demanda continua está respaldada por nueva generación o exponerse a recargos y, en los incumplimientos significativos y reiterados, perder el derecho de acceso.
Una consulta todavía abierta
El proyecto lo elaboran Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital y permanece en audiencia pública. Sobre el calendario de alegaciones, la documentación pública ofrece dos referencias: elDiario.es informó de una ampliación hasta el 10 de septiembre a las 17.00, mientras la ficha oficial consultada aún mostraba como fecha inicial el 4 de septiembre.
No hay un texto final aprobado ni una modificación definitiva de los requisitos. EL PAÍS informó de que fuentes encargadas de elaborar la norma habían trasladado que el Gobierno estaba dispuesto a estudiar cambios, aunque no concretaron cuáles.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presenta la regulación como una forma de ordenar el acceso a la red y evitar que proyectos que finalmente no se materialicen acaparen capacidad. También sostiene que los centros deben aportar beneficios económicos y tecnológicos sin trasladar al sistema sus impactos energéticos, ambientales o territoriales.
La Junta de Andalucía ha presentado objeciones al diseño, aunque afirma compartir la necesidad de combatir el uso especulativo de la capacidad eléctrica y ordenar el crecimiento del sector. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) reclama modificar la forma de acreditar la energía y el calendario. Las críticas se dirigen a la fórmula concreta del borrador, no a la necesidad de ordenar la capacidad.
La conexión queda ligada a la energía renovable
El requisito central tiene dos partes. Durante cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida debe proceder de nueva generación renovable. Además, por cada nuevo megavatio de consumo debe existir otro megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento. El borrador contempla el autoconsumo y los contratos de compraventa de energía como vías de acreditación.
El incumplimiento puede activar penalizaciones crecientes sobre cargos y peajes. En los casos significativos y reiterados, la consecuencia prevista es la pérdida del derecho de acceso. La exigencia energética forma parte de las condiciones para obtener o conservar ese derecho.
El proyecto añade obligaciones de eficiencia, información y soberanía digital. Plantea exigir la categoría A, el nivel más alto del futuro etiquetado europeo de eficiencia energética e hídrica, cuando ese sistema entre en vigor. Para los centros de más de 500 kilovatios de potencia de tecnologías de la información, prevé recoger y publicar anualmente información relevante. También establece que la entidad operadora esté establecida en la Unión Europea y que los datos ligados a la operación permanezcan en territorio comunitario.
El MITECO justifica la correlación horaria por el perfil de estas instalaciones, que mantienen una demanda prácticamente continua, también durante la noche. Según la explicación ministerial, si una nueva demanda de este tipo no se acompaña de suficiente generación renovable, podría aumentar el uso de gas y elevar los costes eléctricos. Es un riesgo que el Gobierno pretende prevenir, no un sobrecoste ya medido para los hogares o la industria.
Permisos, previsiones y consumo no son lo mismo
La dimensión del fenómeno aparece en cifras que miden realidades distintas. La nota oficial del MITECO atribuye a la Estrategia de Inteligencia Artificial una previsión para 2030 de 2,5 gigavatios de potencia de computación y de entre 3,5 y 4 gigavatios de demanda eléctrica. Por separado, el Ministerio cifra en más de 12 gigavatios los derechos de acceso y conexión concedidos a centros de datos desde 2021.
Esas magnitudes no pueden sumarse ni presentarse como equivalentes. Los derechos concedidos se refieren a la capacidad autorizada o reservada para conectarse a la red; la estimación de la estrategia se refiere a una demanda prevista. La diferencia sirve para poner en contexto el volumen de capacidad que el Gobierno quiere ordenar, pero no permite calcular el consumo efectivo de los centros ni afirmar que toda la capacidad concedida vaya a utilizarse.
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Los datos del Índice de Red Eléctrica (IRE) ofrecen otro indicador, aunque tampoco aíslan a los centros de datos. La categoría CNAE 62 incluye infraestructura informática, tratamiento de datos, alojamiento y otros servicios de información. En junio de 2026 registró un aumento interanual del 56,6% y un crecimiento del 47,5% en la serie acumulada de doce meses que recoge el informe.
El indicador muestra la evolución del conjunto de esas actividades, no la de los centros de datos por separado. Por eso no permite convertir esos porcentajes en gigavatios hora atribuibles exclusivamente a las instalaciones reguladas por el borrador.
El coste de cumplir la regla
SpainDC, la patronal del sector, calcula que el despliegue podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros y generar más de 16.000 empleos. Son estimaciones potenciales de la asociación, no inversiones comprometidas ni puestos de trabajo garantizados.
La patronal sostiene que exigir generación nueva hora a hora puede encarecer los proyectos, obligar a sobredimensionar la generación o el almacenamiento y desplazar inversiones hacia otros países. Son advertencias del sector, no efectos demostrados por el borrador.
La AEE propone sustituir inicialmente la correlación horaria estricta por bloques temporales y ampliar de 18 a 36 meses el periodo para acreditar la nueva generación. La Junta de Andalucía considera que los 18 meses no encajan con los tiempos habituales de desarrollo de los parques renovables. Sus objeciones apuntan al calendario y al método de acreditación. Ambas organizaciones mantienen la discusión dentro del objetivo de ordenar el crecimiento y compatibilizarlo con la transición energética.
El Gobierno aún no ha anunciado qué requisitos modificará. Por ahora, el documento sometido a consulta mantiene una condición directa para los centros afectados: su consumo debe estar respaldado por nueva generación renovable en los términos previstos. La decisión pendiente se refiere a las exigencias con las que se intentará ordenar la capacidad y atraer nuevos proyectos sin aumentar la presión energética sobre el sistema.