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Han pasado más de tres semanas desde que cerca de 72.000 personas cruzaron a nado la frontera de Ceuta desde Marruecos en los días 30 y 31 de julio, y la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad. El estado de emergencia humanitaria se mantiene: los migrantes que aún permanecen en la urbe duermen en la calle o en campamentos improvisados, los menores acumulan semanas en una situación irregular y el Ayuntamiento, el Gobierno central y la oposición dirimen en los tribunales y en las Cortes quién es responsable de lo ocurrido.
Un arenal que no termina de vaciarse
El epicentro de la crisis, la playa del Trampolín, se ha convertido en un tira y afloja constante entre las fuerzas de seguridad y los migrantes. El pasado jueves, un amplio dispositivo de la Policía Nacional y la Guardia Civil desalojó el arenal, donde más de un millar de personas habían levantado un poblado de chabolas con cañas, cartones y mantas. Según la Delegación del Gobierno, más de 1.200 personas fueron trasladadas a pie y de forma voluntaria hacia dos de los centros de estancia temporal recién habilitados: Loma Margarita, para los migrantes de origen subsahariano, y el Embolsamiento de Loma Colmenar, para los magrebíes, con capacidad conjunta para unas 1.800 plazas.
La operación, sin embargo, apenas resistió unas horas. Ya por la tarde, unos 500 jóvenes, en su mayoría marroquíes, regresaron a la arena, levantaron de nuevo tiendas y cabañas y encendieron hogueras para pasar la noche. El regreso obligó a suspender de inmediato los trabajos de limpieza y desinfección previstos. Al día siguiente, el viernes, las fuerzas de seguridad volvieron a irrumpir al amanecer y dispersaron de nuevo a los ocupantes, que repitieron la misma coreografía y retornaron al arenal en cuanto los agentes abandonaron el lugar.
Los testimonios recogidos sobre la arena apuntan a un motivo claro para esa resistencia: el miedo a ser expulsados. Muchos migrantes aseguran que no entran en los centros habilitados porque temen que ello facilite su devolución a Marruecos. Algunos, además, alegaron que el desalojo se les presentó como voluntario o que no comprendieron a dónde debían dirigirse. Varias fuentes cifran en decenas los expedientes de devolución que se tramitan cada día, mientras el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, insiste en que se ejecute el retorno de todos los que accedieron de forma irregular.
Los menores, en el centro del drama
El colectivo más vulnerable es el de los menores no acompañados, al menos 1.400 en situación irregular según las estimaciones más citadas. Las cifras oficiales, sin embargo, no coinciden: el Gobierno de Ceuta, responsable por ley de estos menores, aseguraba tener bajo su cargo a 1.385 a mediados de agosto, mientras que Interior informaba de que la Policía había registrado a 2.168. La disparidad muestra la dificultad para contabilizar personas que duermen dispersas en calles, descampados y zonas boscosas de la ciudad.
Para intentar aliviar la presión, el Gobierno estudia trasladar a la Península a 500 niñas menores vulnerables que permanecen en Ceuta. El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes un fondo de 25 millones de euros para la atención de los menores, con el que se financiaría esa operación. El PP, sin embargo, rechaza de momento el traslado y reclama el retorno de los menores a Marruecos, una vía que choca con la legislación: la ley del menor y la de extranjería exigen evaluaciones individualizadas y garantías muy estrictas, y el Tribunal Supremo ya sentenció que no se pueden devolver sin más, una doctrina reforzada tras la condena por prevaricación de la exdelegada del Gobierno y la exvicepresidenta de Ceuta por el retorno exprés de 2021.
La denuncia de Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) ha alertado esta semana de que miles de personas llevan casi tres semanas en la calle «en un vacío legal», sin alojamiento adecuado, sin saneamiento y expuestas a la violencia sexual. Tras una visita de cuatro días a Ceuta en la que entrevistó a 76 migrantes, la organización subraya que, a fecha de 20 de agosto, no se habían iniciado procedimientos legales ni valoraciones individuales de los adultos, y reclama que se ofrezca la oportunidad de solicitar asilo a quienes lo deseen. La ONG recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 5.000 los migrantes que quedaban en la ciudad el 13 de agosto, mientras las organizaciones locales elevaban la cifra hasta los 10.000.
La organización documenta también la gravedad de los casos de agresión sexual: la Fiscalía de Ceuta registró 13 denuncias entre el 30 de julio y el 17 de agosto, con la mayoría de víctimas fuera de la ciudad, y cuatro médicos de urgencias relataron haber atendido a dos mujeres y seis niñas, entre ellas una de 14 años, por agresiones y violaciones. Son denuncias y declaraciones de testigos que ningún tribunal ha confirmado, pero que sugieren un escenario de desprotección crítica. HRW pide a las autoridades que actúen conforme a las normas europeas de acogida y que no dejen que «las llamadas populistas a deportaciones masivas» aparten a España de sus obligaciones internacionales. También Bruselas ha recordado el deber de España de proteger a los menores.
El pulso parlamentario y la sombra del Supremo
La crisis ha abierto un frente político de máxima intensidad. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, registrará la reprobación de cinco ministros —Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad— en el primer pleno de septiembre, y no descarta emprender acciones judiciales. La portavoz popular ha acusado a Marlaska, Albares y Robles de «desacato parlamentario» por no acudir a comparecer a la Cámara Alta, donde estaban citados.
El Gobierno replica que son los ministros quienes han solicitado comparecer en el Congreso, y ha programado una ronda de siete comparecencias entre el 25 y el 31 de agosto para rendir cuentas. El choque entre instituciones ha llegado al Tribunal Supremo, que ha rechazado este sábado la medida cautelarísima pedida por el PP para forzar en agosto las comparecencias en el Senado, y ha dado diez días al Gobierno para presentar alegaciones sobre el fondo del asunto. La tensión se ha trasladado también a la arena política: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se autorice al Rey a visitar Ceuta, mientras el PSOE acusa a los populares de haberse convertido en el «mayor alimentador de bulos» del país.
El pulso con Marruecos añade otra capa: el ministro de Justicia marroquí ha reivindicado el «derecho histórico» de su país sobre Ceuta y Melilla, a lo que Exteriores ha respondido de forma tajante que ambas ciudades «forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España» y que rechaza «cualquier planteamiento distinto».
Un plan económico para una ciudad tocada
El Gobierno trabaja, además, en el medio plazo. Pedro Sánchez ha situado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente de la coordinación de todos los ministerios implicados en la emergencia, aunque el Ejecutivo se resiste a activar el mando único y la Ley de Seguridad Nacional que reclama Vivas desde el inicio. Para paliar el golpe económico, Moncloa prepara un plan de reactivación con al menos 15 millones de euros destinados al comercio, mediante rebajas de impuestos, reducción de cotizaciones y ayudas directas para compensar el lucro cesante. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, viajará la próxima semana a la ciudad para perfilar las medidas.
El tejido productivo lo necesita. La Cámara de Comercio de Ceuta estima unas pérdidas de hasta 17,9 millones de euros por la crisis, cifra que podría rozar los 27,7 millones al cierre de agosto y equivaldría a cerca del 1,4% del PIB de la ciudad, sin contar el daño reputacional a la «marca Ceuta» ni la suspensión de las fiestas patronales. La recuperación, admiten fuentes del Ejecutivo, tardará meses. Mientras tanto, el arenal del Trampolín vuelve a llenarse de tiendas y hogueras.