En cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, declaramos que en la redacción o edición de este artículo pueden haberse utilizado sistemas de inteligencia artificial generativa.
La semana que reabre el curso político
El curso político vuelve esta semana antes de tiempo y lo hace empujado por la gravedad de la crisis de Ceuta. El Consejo de Ministros se reúne el martes en el Palacio de la Moncloa por primera vez después del parón de agosto y hasta seis responsables del Ejecutivo comparecerán en el Congreso en sesiones extraordinarias para dar explicaciones sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio, un fenómeno que ha acabado por ocupar el centro de la agenda del arranque del curso 2026-2027.
La cita parlamentaria llega envuelta en un pulso institucional entre el Gobierno y la oposición. En las últimas dos semanas, el PP, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, ha intentado forzar la comparecencia urgente de los ministros en la Cámara Alta antes de que termine agosto, pero el Ejecutivo ha rechazado acudir y ha optado por presentarse en el Congreso, donde la Mesa tiene mayoría progresista. El argumento del Gobierno es que, para evitar duplicidades, los ministros deben rendir cuentas ante la Cámara constitucionalmente prevalente.
El Supremo da aire al Gobierno
Ese pulso ha llegado a los tribunales. El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por varios senadores del PP para que ordenara al Ejecutivo garantizar que los ministros acudieran al Senado antes de la finalización del periodo inhábil, que concluye el 31 de agosto. En su auto, la Sala de Vacaciones considera que no se ha acreditado la especial urgencia que justificaría adoptar esa decisión sin oír a la parte contraria y señala que el control parlamentario reclamado podría sustanciarse por el trámite ordinario sin demora excesiva. El tribunal, eso sí, subraya que su pronunciamiento se limita a la medida cautelar y no prejuzga la decisión de fondo.
El recorrido judicial, no obstante, no está cerrado: el incidente cautelar se tramitará como ordinario y la Abogacía del Estado dispondrá de diez días para presentar alegaciones. La resolución, conocida este sábado, ha dado un respiro al Ejecutivo en vísperas de una semana con el foco puesto precisamente en la gestión de la emergencia. La oposición mantiene, en paralelo, viva la presión en el Senado, donde llegó a advertir de que adoptaría «las acciones que en derecho procedan» ante las incomparecencias.
Seis ministros, dos jornadas en el Congreso
La semana congregará en el Congreso a los titulares de los departamentos directamente implicados en la crisis. Están previstas las comparecencias de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que comparecerán a petición propia a lo largo de la semana para analizar la crisis ceutí y encarar las críticas de la oposición. Para el lunes 31 de agosto están programadas además las comparecencias de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego. Antes, el miércoles, la Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará las numerosas peticiones de comparecencia registradas por los grupos.
Los ministros llevan semanas sobre el terreno: Sánchez ha presidido desde la residencia canaria de La Mareta dos reuniones por videoconferencia con los más afectados por la crisis y la semana que viene el Ejecutivo al completo abordará por primera vez lo ocurrido y sus derivadas. Sobre la mesa figuran la atención a los miles de migrantes que continúan en la ciudad, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la península a 500 niñas menores no acompañadas y los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país estableciera medidas equivalentes para los que llegan desde España.
Coordinación sin mando único
A la espera de esa rendición de cuentas, el Gobierno ha movido pieza en la gestión. Sánchez ha designado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como coordinador de la labor de los ministerios implicados en la crisis, una decisión que desde Moncloa se presentó como un encargo funcional antes que como una designación formal. Torres, ex presidente de Canarias y con experiencia reconocida en asuntos migratorios, será el encargado de alinear las actuaciones de Interior, Inclusión, Defensa, Exteriores y Juventud e Infancia.
La designación se produce, sin embargo, sin que el Ejecutivo haya activado un mando único, la figura que reclaman desde hace semanas el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el PP, y que no debe confundirse con la coordinación encargada a Torres ni con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Desde Moncloa se insiste en que el ministro viene ejerciendo esa función desde los inicios de la emergencia y se rechaza la necesidad de una estructura especial. La oposición, por el contrario, interpreta el gesto como el reconocimiento tardío de una crisis que lleva tres semanas sin una salida clara.
Un frente sanitario que añade tensión
El debate político añade un nuevo frente, el sanitario. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado a Sánchez que estudie decretar el confinamiento de Ceuta por riesgo de salud pública ante enfermedades infectocontagiosas detectadas tras la llegada masiva, como la sarna o la tuberculosis, tras reunirse con los presidentes del Colegio de Médicos y del Colegio de Enfermería de la ciudad, que le trasladaron datos sobre casos de gastroenteritis, sarna o varicela. Feijóo ha criticado además que la ministra de Sanidad tardase días en desplazarse a la ciudad y ha vuelto a pedir que se refuercen las unidades de extranjería para agilizar las repatriaciones.
Sobre el alcance exacto de la crisis persisten cifras dispares según la fuente. Las crónicas de la semana, elaboradas a partir de datos oficiales y de cálculos institucionales, barajan entre 70.000 y 80.000 personas entradas en poco más de un día, lo que equivaldría a una parte muy sustancial de la población de la ciudad autónoma; la agencia EFE se refería este fin de semana a «decenas de miles». En cualquier caso, se trata de la emergencia migratoria de mayores dimensiones vivida en décadas en el enclave. También varían las estimaciones sobre cuántas personas permanecen aún en la ciudad: mientras unas fuentes apuntan a unos 6.500 migrantes sin control, otras elevan la cifra a unos diez mil, y se calcula que hay más de un millar de menores no acompañados pendientes de atención.
Críticas también dentro del PSOE
La crisis ha abierto además una brecha interna dentro del propio partido del Gobierno. Cargos del PSOE consultados por la prensa admiten en privado la sensación de un Ejecutivo «sobrepasado e impotente» ante una emergencia que no logra reconducir, y la federación ceutí ha estallado: su diputado y vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, de su propio partido, al que acusa de anteponer sus intereses personales al bienestar de la ciudad. Se trata de críticas internas atribuidas de forma anónima, pero que dibujan un malestar que trasciende a la oposición.
Ceuta vuelve a situarse en el centro de la batalla política con la que arranca el curso, un curso marcado por un calendario electoral con autonómicas y municipales en mayo y unas generales sin fecha. La gestión de la emergencia se ha convertido en el escenario donde el Gobierno y la oposición miden sus fuerzas, con las instituciones parlamentarias y el Supremo como árbitros de un pulso que condicionará las próximas semanas.