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Más de dos semanas después de la entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal, Ceuta sigue siendo el centro de una crisis que ha pasado de lo fronterizo a lo institucional. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez cierra filas en torno a su estrategia con Marruecos y niega un cambio de rumbo, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha elevado la presión con un ultimátum de 30 días, la amenaza de llevar la gestión del Ejecutivo ante la Justicia y una ofensiva parlamentaria que mantiene a los ministerios implicados en el punto de mira del Senado.
El pulso de Vivas: «falta de respuesta» y la vía judicial
El enfrentamiento se activó a primera hora de este lunes. A las 09.00, Sánchez presidía por videoconferencia la segunda reunión telemática de crisis con siete de sus ministros (Interior, Exteriores, Defensa, Economía, Política Territorial, Inclusión y Juventud e Infancia), según la agenda de Moncloa. Una hora y media después, y en paralelo, la ministra portavoz y responsable de Migraciones, Elma Saiz, se reunía en persona con Vivas en el Palacio de la Asamblea; horas después comparecía ante los medios.
Poco antes de ese encuentro, el presidente ceutí había cargado contra el Gobierno por su «falta de respuesta adecuada» y había reclamado que se pongan «medios para la devolución» y «para la expulsión» y que todo se resuelva en «30 días». Vivas, que preside la ciudad desde 2001, anunció además su intención de solicitar reuniones con la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para «trasladarles» la situación. En sus declaraciones, recogidas por RTVE, llegó a apuntar como posibles causas de la actuación del Ejecutivo la «ineptitud», la «irresponsabilidad» o el deseo de «no molestar al vecino».
La cifra sobre la que pivota toda la crisis sigue sin estar cerrada. El Gobierno central mantiene que unas 72.000 personas entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio y que la inmensa mayoría regresó en un plazo de 24 a 48 horas; otras fuentes elevan la cifra hasta 80.000. En cualquier caso, según el propio Gobierno ceutí, más de 8.000 personas permanecen aún en la ciudad, una cifra que Interior reduce a unas 5.000.
La estrategia con Rabat, intacta
Frente a ese escenario, el Ejecutivo descarta modificar su relación con Marruecos. En un amplio repaso publicado en El País, fuentes gubernamentales defienden que la «estrategia con Marruecos» fue lo que «permitió la salida rápida de más de 70.000 personas en unas pocas horas» y niegan que existan, de momento, evidencias de que Rabat actuara mal.
Esa visión choca con el diagnóstico de buena parte de los diplomáticos, exministros y analistas consultados por ese mismo diario. Estos reclaman mayor firmeza ante un vecino al que algunos consideran «cómplice o incompetente» en lo ocurrido. El exembajador en Marruecos y exdirector del CNI Jorge Dezcallar sostiene que el episodio dejará tranquila la frontera durante poco tiempo si el tono de Madrid no se endurece. Fuentes de La Moncloa admiten que «aún no hay un diagnóstico concluyente» de lo sucedido, pero subrayan que el objetivo «era y sigue siendo la máxima colaboración con Marruecos».
La oposición ha instalado la crisis en un terreno distinto. El PP, que ha evitado cargar directamente contra Rabat, habló de una «crisis cuádruple: migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional» y su líder, Alberto Núñez Feijóo, llegó a referirse a una crisis de soberanía. Dentro del partido, el vicesecretario Elías Bendodo reclamó además la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que atribuye un «colapso sanitario» que el Ministerio niega de forma tajante.
Las críticas europeas: 22 socios en contra
La dimensión europea añade presión. Veintidós jefes de Estado y de Gobierno firmaron una carta, impulsada por la italiana Giorgia Meloni y la danesa Mette Frederiksen, en la que señalan la regularización extraordinaria de migrantes en España como un posible «factor de atracción» y piden una respuesta europea coordinada. La misiva, cuyo texto público puede consultarse en la web de la presidencia italiana, reconoce que no se ha registrado ningún movimiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto del continente, pero recuerda que los firmantes están dispuestos a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores. El comisario europeo de Interior, el austriaco Magnus Brunner, llegó a calificar la regularización de «mala señal», aunque admitió en la misma frase que no se observa un vínculo directo con los incidentes de Ceuta. Francia y Portugal, por el contrario, se desmarcaron de la iniciativa.
El frente sanitario y los menores
Mientras tanto, el frente sanitario sigue dividido. El Sindicato de Médicos denuncia un colapso en las urgencias del Hospital Universitario, con más de 1.000 atenciones por hipotermia y traumatismos; el Ministerio de Sanidad lo niega y asegura que el sistema resistió gracias a los refuerzos de Cruz Roja y la UME. Mónica García, que negó el domingo que exista un «colapso sanitario», ha admitido no obstante «tensiones» y «sobresfuerzos» del personal y ha advertido del riesgo de que se propaguen enfermedades infecciosas si quienes siguen en la ciudad carecen de lugares salubres, un extremo en el que también coincide el Colegio de Médicos de Ceuta, que habla de un «riesgo real de epidemia». En la misma línea, Vivas replicaba este lunes que la ministra «también debería pensar en los ceutíes».
En lo humanitario, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de cuatro «espacios temporales» de acogida para 1.500 personas, en ubicaciones como la explanada de Loma Colmenar, las instalaciones de la Hípica y el espacio de El Guano, con posibilidad de ampliarse a 4.000 plazas. La ministra Saiz ha insistido en que la política migratoria cumple «de manera rigurosa» con la legalidad vigente y el pacto europeo de asilo. Saiz acusó al PP de poner «palos» a la gestión y sugirió que lo hace, en sus palabras, «probablemente por sumisión a Vox». A la carga humanitaria se ha sumado una asignación de 6,5 millones de euros a Cruz Roja, que ha prestado más de 4.000 asistencias sociosanitarias. El alojamiento de los miles de migrantes que aún siguen atrapados, con cerca de 1.900 menores tutelados y un sistema de protección sobrecargado, sigue siendo el principal nudo sin resolver.
La batalla en el Senado
La tensión se ha trasladado también a las instituciones. Con mayoría absoluta en el Senado, el PP ha citado esta semana a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa para que rindan cuentas, después de que Marlaska dejara «la silla vacía» en su primera citación, el pasado miércoles. El Gobierno se remite a unas comparecencias que sus ministros ofrecerán en el Congreso entre el 25 y el 28 de agosto y descarta acudir a la Cámara Alta, a la que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, acusa de organizar «numeritos». El Senado ha vuelto a citar a Marlaska para el jueves 20 y estudia, entre otras vías, recurrir al Tribunal Constitucional contra el plantón del ministro.
Mientras el Ejecutivo trata de cerrar heridas antes de la próxima cita electoral y sigue recabando datos sobre el papel de Rabat, Ceuta sigue siendo el principal frente político del verano. Sobre ese escenario pesan la presión judicial apuntada por Vivas, la ofensiva del Senado y las críticas europeas, con la frontera en una «calma frágil» que nadie se atreve a dar por definitiva.