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Un desalojo que duró apenas unas horas
La calma en el litoral ceutí duró lo que tarda en ponerse el sol. En la madrugada de este jueves, un amplio dispositivo coordinado de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local se desplegó sobre la playa de El Trampolín, el mayor asentamiento irregular de migrantes de Ceuta, donde entre 3.500 y 5.000 personas malvivían al aire libre desde finales de julio. A las siete de la mañana, los agentes comenzaron a agrupar a los ocupantes por idiomas para explicarles el plan: dejar la arena de forma voluntaria y caminar escoltados hasta dos recintos de acogida de urgencia habilitados por el Ministerio de Inclusión.
La operación se completó sin incidentes y en un ambiente que las crónicas describen como inusualmente sereno, incluso festivo en algunos momentos: grupos de personas salieron del arenal entre gritos de júbilo y saludos a los periodistas y a los propios policías. Antes de las diez y media de la mañana, la playa, que durante más de tres semanas había acogido un centenar largo de tiendas precarias, quedó prácticamente vacía. Más de 1.200 personas fueron trasladadas a pie hasta dos emplazamientos: Loma Margarita, a poco más de un kilómetro, adonde llegaron los migrantes de origen subsahariano, y el aparcamiento conocido como El Embolsamiento, en Loma Colmenar, cerca de la frontera del Tarajal, al que se condujo a los de procedencia magrebí. La separación por origen, según fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno, buscaba evitar enfrentamientos entre grupos después de las trifulcas registradas en las últimas semanas.
El operativo dio salida al primer paso de un plan anunciado por el Ejecutivo después de que la situación se hubiera enquistado durante veintiún días. Ambos recintos, cedidos uno por Defensa y otro por la propia ciudad autónoma, suman una capacidad inicial de unas 1.800 plazas, dotadas de literas, aseos, mesas, agua y atención psicosocial y gestionadas por entidades como Accem y Engloba. El Ministerio insistió en que el acceso era voluntario y que los ocupantes podían marcharse en cualquier momento. Sobre el papel, la jornada estaba pensada para que el arenal recuperase la normalidad y las brigadas municipales pudieran limpiar y desinfectar un espacio convertido en vertedero improvisado.
Miedo a la repatriación y regreso masivo
Ese guion se rompió en cuestión de horas. A mediodía, el Gobierno de la ciudad autónoma informaba de que decenas de migrantes habían regresado a la playa, en apariencia para recoger pertenencias. A última hora de la tarde eran ya unos 500 jóvenes, en su mayoría magrebíes, quienes volvían a levantar cabañas improvisadas y a encender hogueras para protegerse del frío nocturno.
La explicación oficial inicial atribuyó la vuelta a la búsqueda de efectos personales, pero los testimonios recogidos sobre la arena apuntan a un motivo más profundo: el temor generalizado a ser expulsados a Marruecos si ingresaban en los centros habilitados por el Gobierno. Otros alegaron que no habían comprendido bien adónde debían dirigirse o que los nuevos campamentos carecían ya de sitio. El regreso desordenado obligó a la Consejería de Medio Ambiente a suspender de inmediato las labores de limpieza y desinfección, alegando que no podía garantizarse la seguridad de los operarios. Los trabajos, que se retomaron a primera hora de este viernes, requirieron de nuevo que los efectivos policiales agruparan al medio millar de personas para dejar paso a las máquinas.
El perfil del asentamiento, además, ha cambiado. Si antes del desalojo predominaban los subsaharianos, ahora la playa es mayoritariamente marroquí y ya no acoge solo a hombres jóvenes: también hay mujeres y niños. Durante la tarde, el reparto de alimentos de Cruz Roja actuó como un potente reclamo y unas 4.000 personas se acercaron al arenal, muchas solo por la comida y otras con intención de quedarse a dormir.
Un plan que se queda corto
El desalojo de El Trampolín ha puesto sobre la mesa los límites del dispositivo de acogida. La capacidad inicial de unos 1.800 puestos resulta manifiestamente insuficiente frente a los miles de desplazados que siguen en la ciudad, en una crisis que arrancó con la entrada masiva por mar y tierra de los días 30 y 31 de julio y que dejó el CETI y buena parte de los recursos desbordados. No existe un registro oficial fiable: las estimaciones de personas en la calle oscilan entre 7.000 y 10.000, según las fuentes que se consulten. Frente a esta magnitud, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, desplazada a Ceuta, confirmó que se habilitarán nuevos espacios en la Hípica, el cuartel de Caballería y El Guano para sumar hasta 1.500 plazas temporales más, en colaboración con Accem y Engloba.
El retorno a la arena ha agudizado además la fractura política que atraviesa la crisis. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, ha respaldado el malestar de los vecinos de Loma Colmenar, que convocaron una concentración de protesta alegando que llevan más de veinte días soportando la presión migratoria. Vivas recuerda que cedió el aparcamiento con la condición estricta de que el alojamiento se destinara a los migrantes que ya estaban en esa zona y su entorno, y ha criticado la gestión del Ejecutivo central, al asegurar que trasladar a los ocupantes del Trampolín a distintos puntos de Ceuta no supone una voluntad real de resolver el problema. El presidente ceutí cifra entre 25 y 30 los expedientes de devolución diarios que tramita el Gobierno y reclama ejecutar el retorno de todos los que accedieron de forma irregular el 30 de julio.
Sanidad agotada y menores en el centro de la disputa
El desgaste también alcanza a quienes sostienen el dispositivo. Defensa ha aprobado el traslado de más de 150 militares del Mando de Canarias para reforzar al Ejército de Tierra en Ceuta, en plena denuncia de la vicesecretaria de Sanidad del PP por el estado de salud de los profesionales: se han diagnosticado 24 casos de sarna entre los militares y dos más entre agentes de la Policía Nacional. Médicos del Mundo advierte de que miles de personas siguen en situación de extrema vulnerabilidad y de que el miedo a la deportación provoca problemas de salud mental, sobre todo, entre los menores.
La cuestión de los niños y niñas es la más enconada. El Gobierno trabaja en un plan para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas que se encuentran en espacios seguros de Ceuta, con acogimiento distribuido entre comunidades autónomas. La oposición rechaza la medida y exige la devolución, mientras el Ejecutivo defiende que actúa en cumplimiento de la legalidad y con el interés superior del menor como guía. En paralelo, el Senado, con mayoría del PP, ha vuelto a citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre la gestión de la crisis.
Mientras se dirime ese pulso, el arenal del Trampolín vuelve a llenarse de tiendas improvisadas y hogueras, con la frontera abierta y miles de personas durmiendo aún en playas, carreteras y chabolas de la ciudad autónoma. El Ejecutivo mantiene que seguirá actuando mientras la crisis humanitaria siga abierta y que habrá nuevos recursos próximamente. El regreso a la arena se produjo antes incluso de que las brigadas de limpieza terminaran su trabajo.